Los que saben…

“O sea, ¿cómo?”

Por  Orfalinda Hinojosa Elizalde

La organización en cualquier ámbito es tan indispensable como complicada, ya sea para comercializar un bien o producto, promover la imagen o una corriente ideológica.

A finales de la década de los 90 y principios del 2000, la Confederación Nacional Campesina (CNC), cobijada por el PRI en el poder durante décadas, fue una  agrupación con una autoridad tan grande que su palabra y acción valían, sin embargo, se encontró de golpe con un cambio radical: el cambio de 70 años de Gobierno del PRI al PAN y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC, hoy TMEC) en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que ponía al país en desigualdad de competencia en muchos renglones económicos, uno de ellos el más sensible: el agropecuario, ya que la diferencia entre desarrollo tecnológico, métodos de comercio, producción y organización, ponía y pone hasta este año a México por debajo de los dos socios comerciales.

En 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se establecieron las bases jurídicas, de organización gremial y comercial de los Sistemas Producto en todo el país, cuyo propósito fue organizar a los productores agropecuarios y pesqueros  así como  a todos los actores de las diferentes cadenas productivas, con el fin de lograr que se desarrollen en beneficio propio, ya sea para conseguir recursos económicos públicos, generar propios, administrarlos, así como obtener beneficios que impacten a la propia organización, además con la posibilidad de intervenir en la creación de políticas públicas en su beneficio, siembre con la participación de la Federación, el Estado y otros actores de la cadena productiva,  es decir, que de acuerdo con la citada Ley y las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura, los Sistemas Producto no están solos; son una organización en donde se integran todos los que intervienen en la cadena de valor, es decir, además de los productores primarios, están los proveedores de insumos, industriales, transformadores del producto, comercializadores, transportistas, exportadores, así como financieras, además de Gobierno, es decir, la Secretaría de Agricultura, la de Pesca, Economía, Medio Ambiente y centros de investigación.

LOS QUE SABEN, y saben bien que el Gobierno Federal tenía la forma de controlar al sector campesino mediante la CNC, pero con la creación de los Sistemas Producto, ante la firma de tan importante cambio de desarrollo que representó el entonces TLC hoy TMEC, con esta nueva figura de organización de los productores, se ordenaba ese sector indispensable para lograr el desarrollo económico que se buscaba en ese entonces y se busca ahora.

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, vigente hasta hoy, el Artículo 150 se refiere a la definición formal de los Sistema-Producto como el conjunto de elementos y agentes concurrentes en los procesos de producción, industrialización y comercialización de un producto determinado.

En el Artículo 151, se establece la obligatoriedad de constituir Comités Nacionales, Regionales, Estatales o Distritales para cada sistema-producto. La renovación de estos sistemas se establece en este artículo mediante la elección periódica de sus representantes bajo principios de equidad, legalidad y proporcionalidad de los actores de la cadena.

Es decir, que los Sistemas Producto están formados por Comités integrados por los actores antes descritos, que de acuerdo a Ley, cada actor que interviene forma parte importante, en donde los productores primarios son representados por el dirigente del Consejo de Productores que corresponde a cada cadena.

Ahora bien, los productores tienen un lugar en dicho Sistema Producto, con el cargo de presidente del Consejo Estatal de determinado producto, cuya elección como representante se deriva de una convocatoria sustentada en la misma Ley con vigencia de dos años, de acuerdo a fuentes consultadas por la arriba firmante, ya que, al parecer, ni en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ni en el reglamento de esta, se especifican.

A pesar de que se vive en la era de la información gracias al internet y como herramienta la inteligencia artificial, que no es muy inteligente y muy artificial, se carece de detalles en este tema, ya que, fuentes consultadas por quien se atreve a suscribir esta calumnilla, en Baja California existen en el subsector agrícola siete Sistemas Producto vigentes o sin renovación:  trigo, alfalfa, algodón, cítricos, fresa, dátil y vid.

En cuanto al pecuario, es todavía más precaria la participación, ya que los ganaderos se limitan a dos Sistemas: carne leche y apícola.  En ambos subsectores existen los que no se han renovado desde 2020 y otros que se acaban de crear, hasta los que están por refrendarse.

De cualquier manera, existen varias preguntas que se plantean a continuación.  Si se creó en la Ley una figura organizativa que le otorga a los productores las herramientas y la facultad para organizarse, tomar decisiones y hacerse de recursos económicos para bien del gremio que cada uno representa con el propósito de ser un actor con influencia para hacer crecer el sector agropecuario, ¿por qué no aprovecharlo?, ¿por qué dejar al tiempo la renovación de estas figuras?, ¿por qué dejar a la Federación y al Estado todas las oportunidades de delinear políticas públicas que solo los propios productores saben lo que necesitan para crecer?, ¿por qué no revisar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el reglamento de ella para exigir lo que les corresponde?, ¿por qué dejarlo en letra muerta?

La lectura e interpretación de la Ley, cualquiera que ésta sea, demanda un bagaje para la comprensión y conclusión, sin ser motivo de “dejar pasar, dejar de hacer” en detrimento de un sector tan desdeñado no solo por los tres órdenes de Gobierno, sino por la misma sociedad, y de no hacerse algo, ¿así cómo pues?