Por Guadalupe Villalobos Guerrero
La renovación de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California para el periodo 2026-2028 trajo consigo algo positivo: por primera vez en mucho tiempo se presentó un plan de trabajo estructurado, con objetivos claros y una ruta que, al menos en el papel, responde a muchas de las demandas históricas de los productores.
La continuidad de Horacio Gómez Carranza en la presidencia representa, al mismo tiempo, una oportunidad y un compromiso. La oportunidad de dar seguimiento a proyectos iniciados y el compromiso de demostrar que un segundo periodo puede producir resultados diferentes a los obtenidos hasta ahora.
El documento presentado contiene propuestas que difícilmente alguien podría rechazar. Habla de financiamiento, asistencia técnica, uso eficiente del agua, transparencia, soberanía alimentaria y fortalecimiento de la cadena productiva. Todo ello resulta deseable.
Sin embargo, como ocurre cada inicio de un nuevo ciclo directivo, las buenas intenciones inevitablemente generan preguntas. Y esas preguntas son precisamente las que hoy se hacen muchos productores del Valle de Mexicali.
La primera surge de uno de los compromisos centrales del plan:
«Representar y defender los intereses de los productores actuando con independencia de ideología, partidos políticos o intereses particulares.»
Es un principio que merece reconocimiento. Sin embargo, también obliga a una reflexión.
Durante el proceso electoral anterior, Horacio Gómez Carranza fue candidato a diputado por el Partido Acción Nacional. Hoy, al asumir nuevamente la representación de todos los trigueros, el mensaje pareciera ser que la actividad gremial y la actividad política deben caminar por carriles distintos.
Si ese es el nuevo criterio, resulta una decisión saludable para la organización. El productor necesita saber que quien lo representa lo hace sin colores partidistas y sin compromisos políticos que puedan influir en la defensa de sus intereses.
La segunda interrogante tiene que ver con la nueva estrategia de diálogo institucional.
El plan propone establecer una relación permanente de respeto, diálogo y colaboración con los tres órdenes de gobierno.
La propuesta luce correcta.
Pero inevitablemente aparece la pregunta:
¿Significa esto que quedaron atrás las manifestaciones, los plantones en Centro Cívico, las tomas de carreteras y de casetas como mecanismos de presión?
Durante muchos años esas acciones fueron utilizadas cuando las negociaciones fracasaban.
Si ahora existe una nueva etapa basada en el diálogo permanente, será una buena noticia siempre y cuando ese diálogo produzca resultados concretos y no solamente reuniones protocolarias.
Porque dialogar no significa renunciar a defender al productor; significa intentar resolver antes de llegar al conflicto.
Otra parte del plan también despierta expectativas.
Se propone mantener una coordinación permanente entre productores, investigadores, comercializadores, industriales y autoridades.
Si esta coordinación realmente funciona, podría representar uno de los cambios más importantes para el trigo del Valle de Mexicali.
Durante décadas el agricultor ha sembrado prácticamente a ciegas.
Invierte miles de pesos sin conocer con certeza cuál será el precio que recibirá meses después de cosechar.
La pregunta es inevitable:
¿Podrá construirse finalmente un esquema donde el productor conozca, antes de sembrar, un panorama mucho más claro del valor que tendrá su cosecha?
Eso sería un verdadero avance para la planeación agrícola.
Quizá la mayor incógnita aparece en otro de los compromisos anunciados.
El Consejo plantea promover que los productores reciban precios garantizados determinados con base en los costos reales de producción, de tal forma que exista una rentabilidad justa.
La intención resulta atractiva.
Pero inmediatamente surge una duda técnica.
¿Esto significa que se pretende abandonar el esquema tradicional de comercialización basado en los contratos del mercado de Chicago más las bases regionales?
Porque hasta hoy el precio del trigo en México depende precisamente de esa referencia internacional.
Si el Consejo propone un modelo distinto, sería importante conocer cómo funcionaría, quién lo financiaría y, sobre todo, qué autoridad tendría facultades para modificar un sistema que responde a mercados internacionales y no únicamente a decisiones locales.
Ahí probablemente se encuentra el mayor reto de toda la propuesta.
Muchos de los objetivos planteados dependen de decisiones del Gobierno Federal.
Otros requieren recursos presupuestales.
Algunos más necesitan modificaciones en la política agroalimentaria nacional.
Y es precisamente ahí donde el entusiasmo inicial suele encontrarse con la realidad administrativa y presupuestal.
Como dicen los estadounidenses: Best wishes.
Los buenos deseos siempre acompañan el inicio de una nueva gestión.
Pero después llegan los mercados internacionales, las restricciones presupuestales, las reglas de operación, las negociaciones con la industria, las decisiones de la Federación y, por supuesto, la realidad económica del productor.
Nadie puede desearle el fracaso a un organismo que representa a uno de los cultivos más importantes del Valle de Mexicali.
Por el contrario.
Todos esperamos que esta nueva etapa logre corregir muchos de los vicios que durante años han afectado la comercialización del trigo.
Que existan mejores mecanismos de negociación.
Que haya mayor certidumbre para quien produce.
Que las gestiones realmente produzcan resultados.
Y que el productor deje de ser el último eslabón de una cadena donde casi todos conocen sus ganancias, menos quien siembra.
Porque el campo de Baja California ya no necesita únicamente nuevos discursos.
Necesita resultados.
Y el trigo, más que esperanza, necesita rentabilidad.
Ese será, finalmente, el verdadero examen de esta nueva administración del Consejo Estatal de Productores de Trigo.
Porque el Valle de Mexicali, no solamente lo ocupa…le urge.
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