Foto: Cuartoscuro
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) no acreditó que los nuevos libros de texto gratuitos se hicieran conforme a programas y planes de estudio previamente aprobados para el ciclo escolar 2023-2024, determinó la jueza federal a cargo del juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la distribución de dichos materiales.
En una notificación publicada el martes, Yadira Medina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señaló que autoridades de la SEP le entregaron diversas constancias para acreditar que cumplieron con la ley para la implementación de los libros.
“Sin embargo, no acreditan que de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas”, detalló la juzgadora.
El pasado 28 julio, la jueza ordenó a la SEP, en un plazo de 24 horas a partir de ser notificada, entregar todas las constancias que acreditaran que siguió la normativa y todos los procedimientos legales para imprimir los nuevos libros.
Un mes antes, la jueza advirtió que, si bien las autoridades educativas publicaron el 19 de agosto de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el plan de estudios que sería aplicado para el ciclo escolar 2023-2024, no cumplieron todos los requerimientos.
“No demostraron todas las formalidades, previstas para que la impresión de los libros de texto se realizara conforme a los planes y programas aprobados, pues ni siquiera han publicado dichos programas, ni los libros de texto ni se han puesto a disposición a la comunidad educativa y de la sociedad en general en las plataformas digitales”, señaló en una resolución del 29 de junio.
Además, la jueza determinó que, si la SEP no había cumplido con dichos requerimientos, debía abstenerse de continuar con la impresión de los libros, en tanto, resuelve el caso, como parte de una medida cautelar que concedió a la organización de padres de familia.
La juzgadora tiene programada para el 18 de agosto la audiencia constitucional en la que definirá si concede el amparo y si se frena definitivamente la distribución de los libros, mismos que ya comenzaron a ser distribuidos en las instituciones educativas pese a la orden judicial.
Por su parte, los gobiernos de Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato anunciaron que suspenderían la entrega de los libros hasta que se resuelva el juicio de amparo.
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