Los productores agrícolas de la zona norte del país, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacifico, donde se encuentran las tierras que por muchos años contribuyeron al abastecimiento de granos básicos para la alimentación, han sido los más castigados por los gobiernos de la 4T.
Durante la campaña de Andrés Manuel Lopez Obrador, en 2018, en su recorrido a lo largo y ancho del país, incluyendo la zona norte, con sus mensajes alentó la creencia y la confianza de los campesinos hacia un maravilloso porvenir.
¡Oh!… gran desilusión.
Al asumir la responsabilidad de gobernar al país, “jurar respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que de ella emanen”, todo cambió.
De inmediato inicio el desmantelamiento de las instituciones, modificándolas a su antojo a través de una política clientelar, disfrazada de programas sociales.
El presupuesto de la Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural, en un buen porcentaje fue destinado a desarrollo social, al tiempo que cancelaba programas de apoyo a la producción y a la comercialización.
Paralelamente dio vida a Segalmex, nombrando como director a su primer patrón en el gobierno federal, entonces de origen priista, el Lic. Ignacio Ovalle, quien no obstante su vasta experiencia, fue engañado -según el presidente López Obrador- por sus colaboradores.
El supuesto engaño ya ha costado al país alrededor de 20 mil millones de pesos, pero “Nacho” Ovalle, limpio, como el ave Fénix.
Pero el abandono al que nos referimos inicialmente, no solo se dio por parte del gobierno federal, sino que, los gobiernos estatales, emanados de la 4T, de López Obrador, no han tenido voluntad para impulsar las actividades primarias de sus entidades, para contribuir a la producción de alimentos.
Si a todo ello le agregamos la demagógica verborrea de gobernador, senadores, diputados federales y locales, así como candidatos, también ha contribuido al desaliento, porque si bien, en ocasiones les han atendido, no se han reflejado soluciones reales, salvo promesas.
El desmantelamiento del campo mexicano se inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TELCAN-, cuando los supuestos lideres de las agrupaciones nacionales de ejidatarios, colonos y pequeños propietarios, junto con los de cada estado del país, aplaudieron haber logrado la “mayoría de edad”.
“Ya somos dueños de la tierra”, gritaron sombrero al aire, cuando lograron el “dominio pleno” que les permitía hacer de la tierra lo que les diera en gana. Algunos las dieron en garantía de créditos, no pagaron, se las embargaron y más tarde la perdieron.
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