Por Antonio Magaña.
Después del terremoto del 4 de abril del 2010, Mexicali, fue declarado zona de desastre.
Más de 5 mil viviendas resultaron afectadas y cientos de kilómetros de canales de riego y carreteras sufrieron hundimientos, fracturas o desplazamientos.
El Ejido Zacamoto, de donde es oriunda la senadora Alejandra León, desapareció del mapa.
El FONDEN, hizo la declaratoria el 6 de abril, y destinó 2 mil 166 millones para la reconstrucción.
Debido a la emergencia, las obras se asignaron de manera directa.
Era comprensible que no se hicieran las licitaciones y concursos para reconstruir el canal Reforma, que abastece al Acueducto Río Colorado-Tijuana, o cientos de kilómetros de carreteras y canales dañados por el sismo.
¿Hubo opacidad y errores en la asignación de algunas de esas obras?
La respuesta la tiene el ex gobernador Guadalupe Osuna, Víctor Hermosillo o el actual secretario de SIDURT Arturo Espinoza.
Con el gobierno de AMLO, el Ejército, desplazó a la ingeniería civil en México.
La obra pública está militarizada y asignada de manera directa, incluso a empresas fantasma, como lo exhibió Carlos Loret de Mola.
AMLO decretó ayer que, los proyectos y obras de su gobierno, son de interés público y seguridad nacional.
La autorización de dictámenes, permisos o licencias para iniciar las obras deben ser emitidas en un plazo máximo de cinco días, de lo contrario, se considera resuelta de manera positiva.
Ayer decretó que, por la Emergencia y Seguridad Nacional, sus obras, están por encima de licitaciones, concursos, transparencia, rendición de cuentas, amparos, leyes e instituciones.
AMLO dijo en 2006: ¡Al diablo las instituciones!
En 2018, sentenció que separaría el poder político del económico y que, si por él fuera, desaparecería al Ejército.
Hoy manda al diablo a las instituciones, excepto a la presidencia y el Ejército, y junta sin recato, el poder político con el económico militar.
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