Sin validez constitucional, iniciativa de diputada de Morena: experto

• “Iniciativa pretende eludir el cumplimiento de la propia Suprema Corte”
• Atenta contra certeza democrática, uno de los principios de la democracia
• Incertidumbre democrática, transgrediendo el artículo 40 Constitucional
• No puede repetirse esa misma manipulación con una iniciativa diferente

Por Octavio Fabela *

TIJUANA. – La iniciativa presentada a la XXIII Legislatura a través de la diputada Monserrat Caballero a nombre del grupo parlamentario de Morena carece de justificación legal pues el constituyente permanente exige que una de las elecciones locales se empate con una federal, no ordena que sea la de gobernador con la de presidente de la República, explicó el especialista en derecho constitucional y catedrático de la UABC, Sergio Bravo Gibert.

“Constitucionalmente no es válido, la reforma político electoral que fue una reforma constitucional en 2014 que se reformó diversos artículos de la Constitución Federal entre en ellos el Artículo 116 que establece que cuando menos una elección local debe homologarse a una elección federal”, expresó.

El experto añadió que lo anterior significa que la reforma aprobada en el año 2014 cumplió con el objetivo.

“Entonces el objetivo del constituyente permanente fue muy claro, fue la orden a los Estados de la República, que cuando menos una elección local la pusieran a la par con una federal, situación que ya está cumplida con la reforma al octavo transitorio de 2014 a la Constitución local de Baja California”, sostuvo.

Además, refirió que la iniciativa de la diputada Monserrat Caballero, atenta con uno de los principios de la democracia, que es la certeza democrática, porque al reformar de manera constante un período de gobierno, de forma tan seguida y cuando se validó un período de 2 años.

Especialista en derecho constitucional agregó que la iniciativa a nombre del grupo parlamentario de Morena, genera incertidumbre democrática, transgrediendo el artículo 40 Constitucional.

“Entonces esta iniciativa de reforma, el basarla bajo el argumento de que no se ha cumplido con el objetivo de homologar una elección federal a una local es totalmente falso hablando constitucionalmente”, reiteró.   

Tras el reciente revuelo que ha surgido por la supuesta nueva iniciativa de reforma a la Constitución Estatal para modificar el próximo periodo de gobierno a tres años, la diputada Montserrat Caballero, indicó que sí pretende presentar una iniciativa similar a la que circula en la opinión pública, en la que se busca que la próxima gubernatura sea de tres años, y así empatar la siguiente con las elecciones federales de 2024.

Al ser cuestionada sobre la verdadera intención de esta iniciativa, pues con la gubernatura a dos años de Bonilla ya se empatan las próximas elecciones y se genera menos gasto en el proceso, la diputada exclamó que únicamente pretenden hacer el cambio para tener congruencia con el 2024, y si en su momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que puede existir un gobierno de dos años, también es posible uno de tres.

Por su parte, el experto Adolfo Solís Farías, advirtió que la iniciativa que presentan los diputados de Morena con la que pretenden nuevamente cambiar el periodo de gobierno del titular el Ejecutivo de Baja California es lo que se conoce como un acto repetido y además de poder ser impugnada, acarrearía consecuencias criminales para los legisladores.

 “Cuando la corte ya resuelve que modificar o manipular la Constitución es un fraude a la Ley, no puede repetirse esa misma manipulación con una iniciativa diferente, eso se llama “repetición del acto”, la “repetición del acto” naturalmente genera efectos criminales para los legisladores, si por segunda ocasión pretenden modificar la constitución a conveniencia o interés, cuando ya hay una sentencia que condenó esa manipulación de la Constitución; esto se le llama “un acto repetido”, comentó.

Hizo hincapié en que si manipulan por segunda ocasión la constitución se considera “repetición del acto”; la repetición del acto causará efectos criminales para los legisladores.

 “La Corte está obligada, en particular el presidente de la Corte, está obligada a verificar si la sentencia quedó debidamente cumplida; esta iniciativa pretende eludir el cumplimiento de la propia Suprema Corte”, agregó.

Asimismo, expresó que las consecuencias pueden ser la separación del cargo del funcionario, en este caso legisladores; más la consignación de un juez federal.

 “Si fue inválido que manipularas la Constitución para modificar los plazos, naturalmente sigue siendo inválido que vuelvas a manipular la Constitución para mantenerte en el mismo criterio, este acto se conoce como: repetición del acto”, concluyó.

* Nota con información de:  Uniradio Informa, publicada el 3 de junio 2020.

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