Toma de protesta del Consejo Estatal de Productores de Trigo 2026.

Por Guadalupe Villalobos Guerrero
En las últimas semanas la representación de la SADER Federal en Baja California ha emitido convocatorias para integrar los Consejos Estatales de Productores de diversos cultivos.
Primero fue el Consejo Estatal de Productores de Trigo; posteriormente el de Alfalfa y, meses atrás, el del Algodón.
La pregunta es inevitable:
¿Realmente estamos reviviendo los Sistemas Producto o solamente su estructura política?
Los hechos hablan por sí solos.
En la elección del Consejo Estatal de Productores de Trigo, de un padrón cercano a dos mil productores, únicamente acudieron a votar 105. En el caso del Consejo de la Alfalfa, el proceso fue suspendido por la impugnación de una de las planillas participantes. Y en el Consejo del Algodón ni siquiera hubo el quórum suficiente para realizar la elección.
Más que una falta de interés de los productores, estos resultados reflejan algo mucho más profundo: la pérdida de credibilidad en un modelo que dejó de cumplir el propósito para el que fue creado.
Muchos agricultores jóvenes quizá no lo recuerden, pero los Sistemas Producto nacieron durante el gobierno del presidente Vicente Fox con la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 13 de noviembre de 2001.
Su objetivo era integrar toda la cadena productiva, desde los proveedores de insumos hasta la comercialización de los productos agrícolas.
La propia Ley, en su artículo 3, define al Sistema Producto como el conjunto de todos los elementos que intervienen en la producción agropecuaria: financiamiento, insumos, producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.
Es decir, nunca se trató únicamente de elegir representantes de productores.
Se trataba de construir políticas públicas para fortalecer toda la cadena productiva.
En aquellos años el Gobierno Federal impulsó herramientas que hoy parecen pertenecer a otra época.
Existía ASERCA como organismo especializado en comercialización.
Operaba la Agricultura por Contrato, mediante la cual el productor podía vender su cosecha desde el momento de la siembra.
El Gobierno subsidiaba hasta el 75 por ciento del costo de las coberturas de riesgos en los mercados de futuros.
Se establecían precios
de indiferencia
Había esquemas para administrar riesgos de mercado.
Los Planes Rectores de cada Sistema Producto eran financiados para planear el desarrollo de largo plazo.
En otras palabras, los Sistemas Producto tenían apoyos económicos.
Hoy prácticamente nada de eso existe.
Desapareció ASERCA
Desaparecieron los apoyos para coberturas.
La Agricultura por Contrato dejó de ser una política nacional.
La Financiera Nacional de Desarrollo fue extinguida.
Los productores enfrentan solos la volatilidad de los mercados, el incremento de los costos de producción y los riesgos climáticos.
Sin embargo, ahora se pretende revivir únicamente la figura de los Consejos Estatales de Productores.
Y ahí es donde surge la mayor contradicción.
Porque un Consejo, por sí mismo, no genera financiamiento.
No crea programas de comercialización.
No establece precios de referencia.
No construye infraestructura.
No administra riesgos.
No sustituye una política pública.
Si la intención fuera realmente fortalecer al campo mexicano, el Gobierno tendría que cumplir primero con lo que la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece.
La Ley dedica capítulos completos al fortalecimiento de la comercialización, al Sistema Nacional de Financiamiento Rural, a la administración de riesgos y a la organización económica mediante los Sistemas Producto.
No son temas secundarios.
Son el corazón del modelo.
El artículo 5 de la Ley establece que el Estado debe promover el bienestar económico de los productores, corregir las disparidades regionales y contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria del país.
El artículo 7 señala que el Estado debe impulsar la capitalización del sector para incrementar la eficiencia de las unidades de producción y fortalecer su competitividad.
La pregunta entonces es inevitable.
¿Dónde están hoy esos instrumentos?
Porque resulta difícil hablar de Sistemas Producto cuando desaparecieron precisamente las herramientas que les daban vida.
Elegir dirigentes sin ofrecer soluciones estructurales puede convertirse simplemente en la creación de nuevas mesas de diálogo.
Y el campo mexicano ya no necesita más mesas de diálogo.
Necesita financiamiento.
Necesita comercialización.
Necesita administración de riesgos.
Necesita políticas públicas con presupuesto.
Porque al final del día, como bien escuché decir a un analista en televisión:
«Toda propuesta que no lleve presupuesto es simplemente demagogia.»
Revivir únicamente los Consejos Estatales de Productores puede generar la impresión de que algo se está haciendo por el campo.
Pero si no se rescatan también los instrumentos económicos, financieros y comerciales previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estaremos reconstruyendo únicamente la fachada de un edificio cuya estructura desapareció hace muchos años.
Y el agricultor lo sabe.
Por eso las urnas estuvieron vacías.
No porque los productores hayan dejado de creer en Consejos Estatales de Productores.
Sino porque dejaron de creer que, sin políticas públicas de fondo, un simple cambio de dirigentes pueda transformar la realidad del campo mexicano.
Los agricultores nunca le han tenido miedo al trabajo. Lo que les preocupa es sembrar sin financiamiento, producir sin certidumbre, cosechar sin precio y comercializar sin mercado. Mientras eso no cambie, revivir los Consejos Estatales de Productores será solamente intentar darle vida al cascarón de un Sistema Producto al que hace muchos años le quitaron la razón de ser.

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