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Por César Villalobos López

Campo abandonado

El seis de octubre, al plantear el presupuesto federal de 2026 en la mesa de “parlamento abierto” de Desarrollo Económico, Leticia Barrera Maldonado, dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, denunció que la crisis agroalimentaria está ocasionando mayor inseguridad en el sector.

La diputada federal priista alertó que, el año próximo, no habrá recursos suficientes para atender la grave crisis alimentaria padecida en México, porque el campo sigue abandonado, sin suficientes apoyos ni esquemas de financiamiento.

Explicó que el presupuesto para la Sader sería de 75 mil millones de pesos (mdp) a pesar de que el sector agropecuario aporta 3.2 billones de pesos (bdp) al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Nos hemos vuelto dependientes porque dejamos de invertir en la tierra, en la investigación y en la educación rural; hoy, el campo nos pide a gritos justicia presupuestal”, lamentó Barrera.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados criticó que para 2026 se proyecte un recorte de 6.4 por ciento al presupuesto de gasto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta disminución, que se suma a la desaparición de los programas de apoyo, resulta francamente incongruente ante la emergencia que están viviendo miles de productores por el “gusano barrenador” que perjudica al ganado.

RECORTE ESCONDIDO

Especialistas y productores explicaron que, en apariencia, habría un incremento al campo en 2026, de sólo 0.9 por ciento respecto a lo asignado en 2025, sin descontar el desgaste por la inflación anual calculada en cuatro por ciento; es decir que, en los hechos, habrá una disminución de recursos de al menos cuatro por ciento.

“La verdad es que el presupuesto está bajo. Ni siquiera llegamos a la inflación para el aumento… definitivamente está recortado”, aseguró a la prensa local, el 21 de septiembre, el productor sinaloense Roberto Bazúa, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Mientras tanto, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, brillan por su ausencia los apoyos directos a la producción alimentaria, que contrastan con los programas rurales de la Secretaría del Bienestar (SB), que aplicará 40.66 mil mdp a Sembrando Vida, Leche para el Bienestar y los agroforestales y, sobre todo, con los 145 mil mdp en pensiones del Bienestar para adultos mayores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aplicaría 18.2 mil mdp en Fertilizantes para el Bienestar y poco más de 1.5 mil mdp al programa Precio de Garantía; este último fue criticado por agricultores debido a sus bajas tarifas por tonelada de granos básicos, como el precio de garantía del maíz, cuyo monto no alcanza para subsanar los costos de producción.

ARGUCIAS HÍDRICAS

Entre las denuncias de los campesinos destaca también la revisión de concesiones de uso de agua ordenada por Claudia Sheinbaum Pardo a finales de 2024, con la que se están arrebatando derechos adquiridos por productores de alimentos para beneficiar a los grandes corporativos.

Los agricultores denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está desconociendo concesiones para extraer agua que, desde muchos años atrás, habían sido controladas por productores alimentarios y que se consideran inafectables legalmente porque usan el líquido para producir comida.

El cinco de agosto de 2025, campesinos poblanos rechazaron la “petición” de la Conagua de donar parte del líquido al que tienen acceso, porque la Presidenta decidió “reordenar” las concesiones de agua para beneficiar a quienes carecen de ésta, aunque sin tocar la de los pozos particulares en poder de las corporaciones.

El 15 de octubre, Alfonso Cortez Lara, director del Colegio de la Frontera Norte, declaró al diario local La Voz de la Frontera que la Conagua está buscando cancelar concesiones a los agricultores que no utilicen el líquido para que sea controlado por el gobierno y éste determine su nuevo destino.

El académico aclaró que, en efecto, tanto la iniciativa que el 1° de octubre pasado presentó Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, como la nueva Ley General de Aguas, tiene el objetivo de reordenar las concesiones de agua para concentrar líquido vital y redistribuirlo.

De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en los últimos siete años, los recursos públicos destinados al campo se concentran en programas asistenciales en detrimento de la producción agropecuaria, la innovación tecnológica y la ciencia.

En contraste con lo anterior, en los primeros siete meses de este año, México importó 32.1 millones de toneladas de granos básicos, de los cuales 27.5 millones (86 por ciento) provinieron de EE. UU.; 61 por ciento consistieron en maíz, 11 por ciento en soya; 11 por ciento, trigo y 17 por ciento, otros granos.

AHORA HASTA “HUACHICOL CAÑERO”

Los productores lo llaman “huachicol cañero” porque al año se internan al país unas 40 mil toneladas de azúcar por las que no se pagan impuestos, estimó Lorenzo Pale, dirigente del Sindicato Azucarero, en una rueda de prensa realizada el 29 de agosto de este año.

Este endulzante ilegal entra al país mezclado con productos como harinas, aserrín y carbón, y es recuperado y embolsado para su comercialización a través de algunos ingenios azucareros.

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, que agrupa a cañeros de San Rafael de Pucté, Quintana Roo, indicó que la situación adversa afecta a más de dos mil familias dependientes de la producción cañera en la entidad.

Cañeros de Veracruz, entidad donde se produce el 40 por ciento del azúcar en el país, denunciaron la carencia de políticas de apoyo agrícola, el incremento en los costos de producción y los bajos precios.

Según datos de la Unión Nacional de Productores de Caña, en el país trabajan 185 mil cañeros en 15 estados; la producción se concentra en 267 municipios con 47 ingenios, donde laboran 440 mil obreros que producen 5.7 millones de toneladas.

El 40 por ciento de la producción de caña de azúcar se concentra en Veracruz, donde existen 350 mil hectáreas de este cultivo, trabajan 70 mil productores agrícolas y se ubica el mayor número de ingenios, en los que se producen 2.5 millones de toneladas anuales.