Cochis y trompudos

Por Dianeth Pérez Arreola

Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte es un abogado cercano y aliado político de Francisco Pérez Tejada Padilla, mejor conocido como “Panchito”. Durante el XX Ayuntamiento de Mexicali, cuando era presidente municipal, ese Martín del Campo Quirarte era su tesorero municipal.

Debido a las decisiones financieras tomadas de forma conjunta durante ese trienio, ambos compartieron un largo historial judicial. En 2014, el Sindicato de Burócratas interpuso demandas penales en su contra, lo que llevó a que en noviembre de 2016 tanto el exalcalde Pérez Tejada como el extesorero Martín del Campo fueran vinculados a proceso penal de manera conjunta como presuntos coautores del delito de Abuso de Autoridad por el desvío de más de 440 millones de pesos en cuotas destinadas al ISSSTECALI.

Enfrentaron todo este proceso legal como coacusados y compartieron la misma estrategia de defensa jurídica. Ramón Martín del Campo Quirarte es parte de los cercanos a Panchito, y quien firma el contrato del programa de cobranza de cartera vencida para el Ayuntamiento de Mexicali, AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-25.

El contrato fue una adjudicación directa y no una licitación. El Comité de Adquisiciones avaló este procedimiento recurriendo a las excepciones de la ley estatal argumentando la contratación de servicios profesionales especializados. Al tratarse de un esquema de consultoría legal, peritaje fiscal y cobranza bajo “honorarios por éxito” (comisión del 30% del monto efectivamente recuperado), el Ayuntamiento justificó que la capacidad técnica, la experiencia en litigio y la estructura del despacho eran las óptimas, obviando así la necesidad de convocar a un concurso o licitación pública abierta de proveedores.

Esa es la explicación oficial, pero la verdad es que Panchito no tiene llenadera. No le bastó con rentar el Cine Lux al menos durante un año sin que le movieran nada al inmueble abandonado. Luego hizo que el Ayuntamiento le pagara las remodelaciones por más de 15 millones de pesos, y que el contrato se extendiera por 20 años. También quiere meter mano en otros contratos que ni siquiera licitaron -al menos ese procedimiento le hubiera dado un toque de legitimidad-, para asegurar la mejor oferta.

Sabiendo cómo se maneja Norma Bustamante, Panchito Pérez Tejada, Claudia Beltrán y Marina del Pilar, si camina como pato, hace como pato y parece pato, pues es un pato.

El contrato fue por 10 millones de pesos a partir del 26 de junio de 2025 hasta el último día de ese mismo año, a cargo del despacho jurídico Rodríguez, Martín del Campo y Asociados. Votaron a favor la representante de la oficial mayor; el tesorero, Roger Sosa; Alfredo Wong, presidente de la Comisión de Administración; y César Castro, presidente de la Comisión de Hacienda. Con voz pero sin voto, también respaldaron la propuesta el secretario técnico, que no firmó el documento, y la sindicatura municipal, representada por Maricela López Ocampos.

También en ese año, se le dio una adjudicación directa a Skath Benjamín García Núñez, por “Servicio de tratamiento químico de agua helada para chiller del Gobierno Municipal de Mexicali”, por casi 750 mil pesos.

Y no se diga a las empresas de “consultoría” del jefe de la hija de la alcaldesa, Lumina profesionales en Consultoría, por 10 millones 440 mil pesos por “asesoría y acompañamiento para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento”. Solo hay que ponerle un nombre rimbombante y listo, jamás sabremos si efectivamente hicieron algo, ni Lumina ni los Martín del Campo con la recaudación del predial.

También hay un contrato muy curioso con Maleny Arvizu Limón, una adjudicación directa para la adecuación de espacios de la sala de juntas de la presidencia municipal, por 754 mil pesos, recursos federales, por cierto.

Encontramos que se le dio un contrato por difusión en el 2022, por la legislatura pasada, por spots de radio y televisión. La vigencia eran los últimos tres meses de ese año, por lo cual le pagaron 852 mil 600 pesos. El contrato carece de firmas, por cierto.

Buscando quién es, no encontramos mucha información, pero de que es multifacética lo es, pues igual cobra por difusión institucional que por la rehabilitación de espacios de trabajo, como el que firmó para adecuar la sala del personal de la coordinación de control patrimonial de la Oficialía Mayor, por 1 millón 279 mil pesos, en julio del año pasado.