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Sinaloa: Falacia del mejor candidato a gobernador

Por Alvaro Aragón Ayala

Aún sin la definición precisa de quienes serán los candidatos al gobierno de Sinaloa, en la disputa por el control de la narrativa funciona una industria política dedicada a vender certezas que nadie está en condiciones de certificar, demostrar ni avalar. Los equipos de los aspirantes, sus operadores electorales, asesores de imagen, estrategas de campaña y grupos de interés proclaman, cada uno desde su propia trinchera, que su abanderado es el mejor o que su contendiente reúne las condiciones ideales para gobernar. Ofrecen garantías de honestidad, capacidad, inteligencia y eficacia sin disponer de instrumentos científicos que acrediten semejantes atributos en el ejercicio futuro del poder. La superioridad de unos sobre otros se anuncia como una verdad consumada. Así, los discursos y la propaganda fabrican certidumbres donde la ciencia reconoce incertidumbres. Se comercializan virtudes y se adjudican cualidades extraordinarias a personas cuyo comportamiento frente al poder es inevitablemente incierto.

La distorsión electoral escala cuando la propaganda pretende establecer como hecho comprobado que una persona administrará con mayor probidad los recursos públicos, enfrentará con mayor eficacia la criminalidad y cumplirá sus compromisos. Ningún procedimiento universalmente validado permite anticipar, con semejante grado de certeza, el comportamiento integral de un individuo sometido a las presiones, tentaciones, responsabilidades y contradicciones del mando gubernamental.

La política electoral ha desarrollado una poderosa industria de fabricación de reputaciones. Consultores, publicistas, encuestadores y operadores construyen relatos de competencia, honestidad, cercanía popular y aptitud de mando. En las narrativas, convierten la experiencia administrativa en garantía de eficacia; la preparación académica, en certificado de inteligencia política; la popularidad, en demostración de liderazgo; la disciplina partidista, en prueba de lealtad institucional. Son atributos distintos, con significados y alcances diferentes, pero la propaganda suele reunirlos en una sola conclusión: el perfil promovido posee las mejores condiciones para gobernar. La afirmación pertenece al terreno de la opinión política. Carece, sin embargo, del valor de una certificación científica.

EL PODER TIENDE A CORROMPER

La historia del pensamiento político ofrece razones para desconfiar de semejantes seguridades. Platón examinó quién debía gobernar en su célebre tratado La República, vinculando el buen gobierno con la sabiduría y la virtud. Nicolás Maquiavelo separó la apariencia de las virtudes políticas de las exigencias reales del ejercicio del poder en su influyente obra El príncipe. El barón de Montesquieu, autor de El Espíritu de las Leyes, advirtió sobre la necesidad de limitar la autoridad. Ninguna tesis, diagnóstico o planteamiento proporciona una fórmula infalible para seleccionar gobernantes. Sus diferencias filosóficas, lejos de resolver el dilema, muestran que la relación entre virtud personal, capacidad política y ejercicio del mando representa uno de los desafíos más persistentes de la organización del Estado.

La observación más conocida pertenece al historiador británico lord Acton, quien escribió en 1887 en sus famosas Cartas a Mandell Creighton que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Su reflexión no constituye una ley psicológica que condene a todos los gobernantes a la corrupción. Expresa una preocupación histórica sobre los efectos de la autoridad sin restricciones. Acton rechazaba que la dignidad de un cargo santificara moralmente a quien lo desempeña. La investidura no convierte al individuo en virtuoso, del mismo modo que una victoria electoral no purifica sus intereses ni elimina sus debilidades.

Madeleine Wyatt y Jo Silvester publicaron en 2018, en la revista especializada The Leadership Quarterly, un estudio sobre la relación entre los atributos que los electores perciben en los políticos y su desempeño efectivo. Encontraron que la apariencia facial se relacionaba con el éxito electoral, pero no con la eficacia en el ejercicio del cargo, medida mediante evaluaciones de colegas. La responsabilidad personal, en cambio, mostró una correlación con la eficacia, pero no con el éxito electoral. Su hallazgo central desmonta una equivalencia frecuente en la propaganda: las cualidades que ayudan a conquistar el poder no son necesariamente las mismas que permiten ejercerlo eficazmente.

Robert Klitgaard, investigador especializado en corrupción institucional, formuló un modelo teórico en su obra Controlting Corruption que relaciona el fenómeno con tres condiciones: monopolio de decisiones, discrecionalidad administrativa y ausencia de rendición de cuentas. Su conocida expresión, C=M+D?A, constituye una representación conceptual, no una ecuación matemática capaz de calcular la honestidad individual. Su aportación desplaza el análisis desde la supuesta pureza moral del funcionario hacia las estructuras que facilitan el abuso. Una persona con antecedentes honorables, al asumir el cargo, queda expuesta a oportunidades de corrupción que antes no existían.

LA TRANSFORMACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO

La transformación del comportamiento bajo el poder tampoco exige imaginar una metamorfosis inevitable. La autoridad modifica el entorno del individuo. Multiplica sus facultades, amplía su acceso a recursos, atrae intereses económicos, genera subordinaciones y reduce, en determinadas circunstancias, la disposición de quienes lo rodean a contradecirlo. El sociólogo estadounidense G. William Domhoff, al examinar los mecanismos del poder en su obra Who Rules America?, describió las relaciones entre las élites, las estructuras de influencia y las instituciones políticas. Así, el funcionario que antes recibía críticas comienza a escuchar elogios; quien antes debía justificar sus decisiones encuentra colaboradores dispuestos a justificarlas por él. La corrupción no siempre comienza con un soborno. El deterioro institucional también se manifiesta en la intolerancia al escrutinio, el favoritismo, la opacidad y la convicción de estar por encima de los controles.

La ciencia política dispone de herramientas para evaluar administraciones, pero sus alcances desmienten la pretensión de certificar anticipadamente al mandatario ideal. Los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial examinan seis dimensiones, entre ellas eficacia gubernamental, Estado de derecho, calidad regulatoria y control de la corrupción. Integran información procedente de múltiples fuentes y reconocen márgenes de incertidumbre. El propio organismo evita condensar esas dimensiones en una sola calificación general por razones conceptuales y estadísticas. Si resulta complejo reducir la gobernanza a una cifra, mayor rigor exige cualquier intento de proclamar científicamente que un postulante todavía ajeno a las responsabilidades del Ejecutivo superará a todos sus competidores.

La promesa de campaña integra un territorio de incertidumbre toda vez que quien ofrece seguridad, crecimiento económico, infraestructura, empleos y transparencia presenta compromisos cuya realización depende de facultades legales, disponibilidad presupuestaria, coordinación entre órdenes de gobierno y circunstancias que no controla por completo. Una promesa cuantificable admite un examen de costos, plazos y competencias. Lo que permanece fuera de cualquier garantía anticipada es la voluntad futura de cumplirla bajo escenarios adversos. La palabra empeñada no equivale a una obligación ejecutada. La sinceridad proclamada tampoco constituye evidencia suficiente de cumplimiento.

LOS CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD

En Sinaloa, donde la sucesión gubernamental de 2027 se desarrolla bajo las exigencias de una crisis de seguridad y profundas necesidades económicas y sociales, las proclamaciones sobre el mejor candidato o la contendiente ideal adquieren una dimensión particularmente delicada. La competencia entre grupos políticos produce relatos de superioridad que responden a intereses electorales, pero que no deben confundirse con conclusiones científicas. La cercanía con los centros de decisión, la fuerza de una estructura partidista, el respaldo de dirigentes, la capacidad de movilización o el reconocimiento público describen posiciones dentro de la disputa por el poder. No demuestran quién administrará mejor las finanzas, quién resistirá las presiones de intereses del narco y de particulares empoderados, quién respetará la autonomía institucional o quién obtendrá resultados sostenibles en materia de seguridad.

Tampoco existe fundamento para convertir el género en garantía de virtud gubernamental. Ser mujer no acredita por sí mismo mayor honestidad, sensibilidad social o capacidad administrativa. Ser hombre tampoco confiere experiencia superior, firmeza o aptitud especial para ejercer el mando. Las condiciones para gobernar requieren evaluaciones de antecedentes, propuestas, facultades y resultados, sin estereotipos. La proclamación de una mujer como la candidata ideal o de un varón como el único capaz de resolver los problemas estatales pertenece al terreno de la valoración política mientras no se acompañe de evidencias concretas. Incluso con ellas, la predicción conservará márgenes de incertidumbre.

Montesquieu precisó, también, que la arquitectura del Estado no debía descansar exclusivamente en la virtud de sus gobernantes. Su teoría de la separación de poderes, expuesta en su obra clásica El espíritu de las leyes, partió de la necesidad de establecer límites y contrapesos frente al abuso de autoridad. Esa preocupación conserva plena vigencia. Un sistema de fiscalización independiente, tribunales capaces de actuar sin subordinación política, procedimientos transparentes de contratación y mecanismos efectivos de responsabilidad ofrecen controles verificables. Ninguno elimina completamente la corrupción, pero todos reducen la dependencia institucional respecto de las cualidades morales de una sola persona. La democracia no necesita convertir a sus candidatos en figuras infalibles para reconocer sus derechos políticos.

No existe, entonces, un laboratorio que certifique al futuro mandatario como persona ejemplar, una encuesta que garantice su honestidad ni una prueba psicológica que asegure su resistencia a la corrupción. Existen antecedentes que investigar, compromisos que contrastar, capacidades que examinar e instituciones que fortalecer. La ciencia contribuye a reducir la incertidumbre, no a suprimirla. Las preferencias ciudadanas determinan quién recibe el mandato democrático, pero no anticipan de manera infalible la calidad de su ejercicio.

El arte del espejismo político consiste, entones, en ofrecer como certidumbre incuestionable aquello que ningún mecanismo humano puede asegurar. Y su cúspide se manifiesta al retratar al futuro gobernante como un ser cuya superioridad moral y administrativa ha quedado blindada antes de cruzar los umbrales del poder. Queda claro, pues, que el ejercicio democrático cuenta los sufragios para decidir quién detentará el mando y que calidad de dicha gestión pertenece a otra dimensión: la de las resoluciones, los resultados tangibles, los mecanismos de control y las responsabilidades constitucionales. Una realidad compleja que ninguna campaña proselitista tiene la capacidad de redactar de antemano.