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Negocios en zonas residenciales son tolerados y protegidos desde el ayuntamiento

Por Dianeth Pérez Arreola

Negocios ruidosos que se establecen en zonas residenciales trasgreden el derecho al descanso al vulnerar las condiciones ambientales mínimas necesarias para la salud, la intimidad familiar y el bienestar físico y mental

Desde una perspectiva jurídica, de salud y comunitaria, este conflicto altera los derechos fundamentales de los residentes a través de varios factores: la alteración del ciclo del sueño, que provoca insomnio crónico, fatiga, irritabilidad y estrés; el derecho a un medio ambiente sano, imposibilitado por contaminación acústica, lo cual, de acuerdo con tribunales internacionales, también constituye una intromisión ilegítima en el hogar.

Este es el caso que viven los vecinos del gimnasio Strong Fit, ubicado en avenida Dr. Luis Mora, en la colonia Prohogar en Mexicali, propiedad de Leticia Villafuerte León y Leslie Espinoza Villafuerte.

Los problemas escalaron de ruido excesivo y autos bloqueando la cochera, a amenazas, que hicieron necesarias tres ordenes de medidas de protección; dos en 2025 y una en 2026.

Al principio, se hicieron las correspondientes denuncias ante autoridades municipales, pero los vecinos pronto descubrieron que la empresa señalada gozaba de presunta impunidad y protección.

Atención prioritaria por parte de la alcaldesa Norma Bustamante a las propietarias del negocio.

Desde las 5 de la mañana la música y los gritos de las instructoras interrumpen el descanso de quienes viven alrededor de este negocio, el cual no cuenta con permiso de uso de suelo o con los cajones de estacionamiento que por reglamento deberían tener. Las actividades concluyen a las 10 de la noche.

Cuando han acudido los inspectores a medir los decibeles, lo han hecho cuando está cerrado, manifiestan los vecinos. Ni en Administración Urbana, ni en Protección al Ambiente les dan respuesta a sus peticiones de clausura, a pesar de los videos con evidencias sobre el ruido y el caos vial. Han sido multados un par de veces por los altos niveles de ruido por parte de la Patrulla Ecológica, que también han sido denunciados ante Sindicatura porque no han acudido cuando se les llama, precisan los quejosos.

El Ayuntamiento de Mexicali confirmó que el establecimiento no cuenta con permiso de uso de suelo, derivado del número de quejas vecinales, pero tampoco impide que continúe la actividad comercial del gimnasio, que lleva funcionando desde 2022 en estas condiciones con la indiferencia o la protección del ayuntamiento.

Los afectados señalan que las propietarias y las usuarias del gimnasio los agreden verbalmente, y las hacen responsables de lo que les suceda. Uno de los vecinos señala haber recibido amenazas al recibir una llamada telefónica exigiendo que no continúe las quejas contra el gimnasio y diciendo que la dueña fue quien lo instruyó a pasar ese mensaje. Les han tomado fotografías para hostigarlos y básicamente denuncian que viven prisioneros en sus propias casas, estresados, cansados y afectados en su descanso y libre circulación.

Hay adultos mayores con enfermedades graves, niños en edad escolar que requieren de descanso sin ruido, pero los servidores públicos actúan con violencia institucional, señalan los afectados.

Se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dando cuenta de la cronología de la problemática y cómo fue escalando, pero tampoco ha servido para encontrar una solución.

A pesar de contar con denuncias ante la Fiscalía General de Estado registradas como Número de Acta Circunstanciada, Registro de Atención Ciudadana y Número Único de Caso, por hostigamiento y amenazas, el problema no se resuelve.

La impunidad en este caso ha afectado la salud emocional, física y mental de los vecinos.

En el oficio dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se expone que Daniel Valenzuela retrasa, alarga y pospone desmedidamente la emisión de la resolución sobre el procedimiento administrativo de queja que interpusieron los vecinos.

Las propietarias del gimnasio, acusan los quejosos, son responsables de provocar el escarnio público, provocando reacciones violentas en redes sociales. Hacen responsable de lo que le suceda a sus familias a los funcionarios municipales involucrados en el caso y a las propietarias del gimnasio, subrayando el daño emocional, físico y mental que les está causando este negocio, sin que las autoridades hagan su trabajo a pesar de las quejas, denuncias y evidencias presentadas.