Sinaloa: Periodistas bajo riesgo mortal

Por Alvaro Aragón Ayala *

Hubo una época en Sinaloa en la que publicar el nombre de un líder del narcotráfico constituía una auto sentencia de muerte. Los periodistas con mayor experiencia lo sabían y las direcciones de los medios de comunicación compartían ese criterio. Operaban fronteras invisibles que no requerían explicación explícita, puesto que todos comprendían las consecuencias de transgredirlas. Abordar de manera directa a determinadas organizaciones, indagar en sus estructuras financieras, exponer vínculos de parentesco o documentar nexos con el ámbito político significaba adentrarse en un terreno donde el peligro abandonaba la dimensión profesional para transformarse en una amenaza letal.

Aquella norma implícita se mantuvo vigente por décadas. Una parte considerable de la prensa sinaloense optó por dar cobertura a la violencia explícita -tales como ejecuciones, incautaciones y confrontaciones armadas-, pero evitó profundizar en las dinámicas internas de los grupos delictivos o en sus ramificaciones con los sectores económico y político. Esta postura no representaba un abandono de la labor informativa, sino que funcionaba como un recurso indispensable para preservar la integridad física.

En la actualidad, el escenario opera con dinámicas distintas. Existe una proliferación inédita de comunicadores que abordan con naturalidad las identidades de las cúpulas delictivas, las disputas internas, los relevos generacionales, las alianzas, las rupturas y los movimientos estratégicos de las corporaciones al margen de la ley. Los espacios de debate, las emisiones radiofónicas, las plataformas de audio digital y las redes sociales se encuentran saturados de opiniones que de forma cotidiana reconstruyen trayectorias, anticipan escenarios y describen las supuestas mecánicas internas del crimen organizado con una “certeza” o imaginación que resultaría inconcebible en épocas anteriores.

A pesar de este fenómeno, se hace evidente un fenómeno que demanda la atención del gremio periodístico: al tiempo que se incrementa el número de individuos catalogados como expertos en temas de narcotráfico, decaen de forma notoria las investigaciones periodísticas de fondo orientadas a desmantelar los esquemas financieros, políticos y corporativos de la delincuencia. En tanto los análisis sobre el fenómeno delictivo se multiplican, escasean quienes se fundamentan en expedientes documentales y judiciales para consolidar sus publicaciones.

Es un hecho constatable que, durante las confrontaciones recientes entre bloques delictivos en la entidad, la sociedad se ha nutrido de interpretaciones y narrativas constantes virilizadas por las plataformas digitales; no obstante, el periodo reciente no arroja una serie de homicidios contra comunicadores que se encuentren vinculados de manera directa o específica con la emisión de dichos comentarios públicos. Este panorama plantea una realidad que debe ser examinada con rigor por el propio gremio.

Una explicación factible radica en que una porción sustancial de quienes hoy abordan el fenómeno del narcotráfico no se apoya en investigaciones personales ni en datos de primera mano. En su lugar, se dedican a interpretar información prefabricada y previamente divulgados por dependencias gubernamentales, resoluciones de los tribunales, agencias de prensa internacionales, plataformas digitales o filtraciones cuyo origen carece de mecanismos de verificación confiables. Si el ejercicio periodístico deja de aportar hallazgos inéditos para centrarse primordialmente en la reinterpretación de historias ya establecidas o inventadas, la naturaleza del peligro se modifica sustancialmente o se “esfuma”.

No representa la misma exposición revelar un entramado delictivo oculto que repetir una narrativa que ya forma parte del dominio público.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS QUE HAY QUE ANALIZAR

Hay antecedentes históricos que todavía exigen una revisión. Entre el año 2009 y los meses iniciales de 2010, en el marco de la competencia por la gubernatura de Sinaloa, las referencias al entorno de las organizaciones delictivas salieron de los márgenes de los informes de inteligencia para situarse en el centro de la disputa electoral. En aquel periodo en un “operativo propagandístico” achacado al ex gobernador Juan S. Millán Lizárraga se difundieron de manera pública presuntas relaciones de cercanía entre liderazgos de la delincuencia organizada y los actores políticos de la contienda. Dicho episodio cobró notoriedad mediante el despliegue de materiales propagandísticos y la publicación de imágenes de archivo cuya vigencia y contexto legítimo originaron una intensa controversia en los medios.

Entre las empresas informativas que otorgaron-clonando las versiones de una publicación pagada en el periódico Reforma- un seguimiento puntual a aquellos acontecimientos sobre-figuraron El DEBATE y ADISCUSIÓN, y posteriormente NOROESTE, una vez que uno de sus copropietarios alzó la mano a uno de los contendientes gritando “¡aunque les duela! ¡Aunque les duela”! Aquella coyuntura estableció un precedente claro, ya que por primera vez la discusión sobre las jerarquías de la delincuencia se colocaba en el núcleo de una confrontación política por el poder estatal.

En el año 2011, durante el transcurso de la administración estatal surgida de ese proceso electoral, el periodista Humberto Millán Salazar fue privado de la libertad por células armadas y posteriormente localizado sin vida. Su homicidio permanece sin un esclarecimiento pleno por parte de las instituciones del Estado. Aunque las indagatorias iniciales exploraron diversas vertientes, incluidas las repercusiones de su labor y los vínculos políticos del contexto, el proceso no condujo al castigo de los responsables materiales e intelectuales, consolidándose como un agravio persistente para la justicia.

A estos sucesos se añade el homicidio de Luis Pérez, especialista en “inteligencia” y operador de Juan S. Millán que mantenía vínculos de comunicación con periodistas de la localidad, incluidos Humberto Millán Salazar y Luis Enrique Ramírez, columnista de EL DEBATE, a quienes proveía de datos para el desarrollo de trabajos informativos. El asesinato de Luis Pérez no recibió la misma atención mediática ni el escrutinio institucional que otros casos, quedando relegado en los archivos oficiales.

La memoria histórica del gremio incorpora de igual forma a Luis Enrique Ramírez, quien fue asesinado en el año 2022. Su caso derivó en la apertura de carpetas de investigación y en el inicio de procedimientos penales contra presuntos implicados materiales pertenecientes a células de la delincuencia organizada; sin embargo, el expediente novelizado por la entonces Fiscal Sara Bruña Quiñónez por continúa generando debates debido a los señalamientos sobre las deficiencias en el manejo de las líneas de investigación, subsistiendo dudas sobre si se agotaron los vínculos relativos a la actividad crítica del comunicador.

Establecer un nexo causal estricto entre estos crímenes del pasado excede las facultades del periodismo, dado que ninguna resolución judicial ha unificado dichos expedientes en una sola directriz criminal; no obstante, subsiste la necesidad de evaluar si las indagatorias oficiales agotaron de forma exhaustiva las conexiones entre las coberturas periodísticas de la época, los entornos políticos en disputa y las agresiones letales que subsecuentemente afectaron a los integrantes de la prensa sinaloense.

La relevancia de este análisis adquiere vigencia tras los acontecimientos recientes. La vivienda de la familia Millán Salazar fue objeto de un ataque con armas de fuego. Pese a que el incidente no provocó pérdidas humanas, el uso de la violencia contra el entorno del actual director de ADISCUSIÓN reavivó los precedentes históricos de la entidad y evidenció que las garantías de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión constituyen una tarea inconclusa.

Asimismo, el 17 de octubre de 2024, las instalaciones del diario EL DEBATE en la ciudad de Culiacán sufrieron un atentado a balazos. Este suceso coincidió con un periodo de alta tensión informativa en el que los medios de comunicación debatían las precisiones geográficas y temporales sobre el traslado forzado de un liderazgo histórico del narcotráfico hacia el extranjero y la presencia en el lugar de un suceso criminal de funcionarios públicos, temas sobre los cuales las fiscalías y las agencias internacionales de procuración de justicia mantienen aun versiones sujetas a verificación.

LA “TRANSFORMACIÓN” DEL PERIODISMO

Los eventos violentos obligan a examinar con rigor la evolución del oficio en el estado. Resulta indispensable comprender las diferencias entre la época en que la mención de ciertos liderazgos conllevaba represalias inmediatas y el entorno actual, caracterizado por una saturación de analistas de coyuntura. La respuesta a esta transformación radica en la mutación de las funciones periodísticas. El periodismo de investigación asume la tarea de descubrir aquello que los factores de poder pretenden mantener oculto; por el contrario, el analista interpreta elementos previamente divulgados y el comentarista edifica discursos sobre acontecimientos que ya son públicos.

La asimilación errónea de estas actividades ha propiciado el auge de opiniones sobre el narcotráfico que carecen del sustento de un expediente real. El análisis riguroso es necesario para la comprensión social; sin embargo, el escenario se torna complejo cuando la simple opinión desplaza a la indagación metodológica y se ofrece como conocimiento especializado. El auténtico experto en dinámicas de criminalidad organizada no fundamenta sus conclusiones en escenarios falsos, en versiones distorsionadas ni en trascendidos informales; su labor se sostiene en el examen de procesos judiciales, registros de transacciones financieras, mecanismos de cooperación internacional, auditorías corporativas y periodos prolongados de documentación rigurosa y reservada.

El desplazamiento de la investigación original por la espectacularización de los contenidos criminales -visible en el auge de formatos digitales de entretenimiento y opinión- promueve la presencia de opinadores constantes, pero no propicia el desarrollo de investigadores permanentes. El debate contemporáneo no debe centrarse en determinar quién posee mayor presencia en los canales de difusión, sino en identificar quiénes continúan aportando datos verificados y sustanciales sobre las estructuras de lavado de dinero, las redes patrimoniales y los procesos penales.

Así, mientras el crimen organizado sostiene disputas por el control de los territorios, el periodismo enfrenta un reto definitivo: preservar la legitimidad de su relato. Esa legitimidad no se consolida mediante la estridencia de los micrófonos ni la espectacularización del fenómeno delictivo en las plataformas de difusión, sino a través de la solidez, el rigor y la verificación metodológica de los hechos. Todos los días, las narrativas circulan y las opiniones se diluyen en el ruido cotidiano, en el “chismerío digital”.

*Publicado en portal