Por Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
La ejecución del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar no solo representa un nuevo golpe contra la libertad de expresión en México. También coloca a la Fiscalía General de la República (FGR) frente a una prueba de credibilidad de la que difícilmente podrá salir airosa si no demuestra, con hechos y no con discursos, que está dispuesta a investigar hasta las últimas consecuencias.
Existe un elemento que vuelve este caso particularmente delicado: antes del homicidio, la FGR negó al periodista la protección que solicitó frente a las amenazas que denunciaba. Si esa negativa obedeció a una valoración equivocada del riesgo o a una deficiente actuación institucional, corresponde esclarecerlo. Lo cierto es que el desenlace obliga a revisar con rigor las decisiones adoptadas y la eficacia de los mecanismos de protección.
La primera responsabilidad del Estado es prevenir. Cuando esa prevención falla y la víctima termina asesinada, la obligación de investigar adquiere una dimensión aún mayor. Ya no basta con abrir una carpeta de investigación, realizar diligencias protocolarias o prometer justicia. La sociedad exige una investigación independiente, técnica, exhaustiva y transparente, capaz de disipar cualquier duda sobre la actuación de las autoridades.
La paradoja resulta inevitable. La misma institución que previamente determinó que el periodista no requería protección es ahora una de las encargadas de esclarecer un crimen que quizá pudo evitarse. Ese antecedente no convierte por sí mismo a la FGR en responsable del homicidio, pero sí eleva el estándar de exigencia sobre su actuación y hace indispensable que cualquier posible omisión administrativa sea revisada con objetividad.
México arrastra una dolorosa historia de violencia contra periodistas. Décadas de investigaciones inconclusas, autores intelectuales nunca identificados y sentencias que llegan tarde —cuando llegan— han erosionado profundamente la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. La impunidad no solo priva de justicia a las víctimas; también envía un mensaje devastador a quienes ejercen el periodismo: investigar asuntos de interés público puede convertirse en una actividad de alto riesgo.
En ese contexto, el caso de Alejandro Leyva trasciende el ámbito individual. Lo que está en juego no es únicamente el esclarecimiento de un homicidio, sino la capacidad del Estado mexicano para demostrar que la protección de la libertad de expresión constituye una política pública efectiva y no una simple declaración de principios.
Por ello, la investigación debe agotar todas las líneas posibles, sobre todo la relacionada con su actividad periodística, al existir elementos que justifican esa hipótesis. También debe esclarecer si las amenazas denunciadas guardan relación con el crimen y si las autoridades actuaron con la diligencia debida frente a los riesgos advertidos. Cualquier conclusión prematura o investigación parcial solo alimentaría la desconfianza.
La democracia no se mide por los discursos oficiales, sino por la capacidad de sus instituciones
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