Ley de aguas: entre la seguridad hídrica, el control político y nuevo descontento social

Por Guadalupe Villalobos Guerrero

Visión Agropecuaria 1120am

Por años, la historia de México ha demostrado que las grandes transformaciones legales casi nunca son neutras. La reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados —y ahora en manos del Senado— nos obliga a mirar al pasado para entender el presente.

En el siglo XIX, la Ley Lerdo fue presentada como un instrumento de modernización. Su objetivo era quitarle poder a la Iglesia y dinamizar la economía mediante la propiedad privada. Sin embargo, en los hechos no solo se despojó a la Iglesia, sino también a miles de pueblos indígenas. Así nacieron las grandes haciendas y se sembró una semilla de inconformidad que décadas después explotaría en la Revolución Mexicana.

Hoy, salvando las distancias históricas, estamos ante un proceso con peligrosas similitudes.

La nueva Ley de Aguas se presenta como una herramienta para garantizar el derecho humano al agua. El nuevo “enemigo” ya no es la Iglesia: ahora son los llamados “grandes acaparadores” de concesiones hídricas. El discurso es atractivo, mediáticamente rentable y socialmente popular. Pero, como en el pasado, el golpe no cae únicamente sobre los señalados, sino también sobre quienes menos margen de defensa tienen: los pueblos indígenas y el sector agropecuario.

Y aquí surge la gran pregunta:

¿De verdad era necesario rediseñar todo el sistema legal del agua para atacar las irregularidades existentes?

Bastaba con algo mucho más sencillo y jurídicamente sólido:

respetar la prioridad del consumo humano, revisar concesiones mal otorgadas, cancelar las irregulares y sancionar a quienes las acaparan ilegalmente. Eso habría sido aplicar la ley.

Pero no se trataba solo de corregir errores. Se trataba de dejar marca, de dejar claro que ahora todo el control del agua queda en manos del Gobierno Federal.

Se ha señalado que en los foros de “consulta” participaron todos los sectores y que, incluso, se recogieron algunas peticiones del campo: que la concesión se herede junto con la parcela y que, si se vende la tierra, el permiso siga vigente. Sin embargo, eso es solo una pequeña parte del problema.

¿Qué pasa con los usos y costumbres en los distritos de riego?

Con los productores que ya no pudieron seguir sembrando por edad, enfermedad o porque el mercado los expulsó.

Con las viudas que quedaron solas al frente de una parcela inviable de trabajar.

Para miles de familias, rentar su parcela o simplemente su concesión de agua era su única forma de sobrevivir. Muchas de esas concesiones vienen de padres y abuelos. Hoy, con esta nueva ley, esa posibilidad desaparece. El permiso deja de ser un respaldo económico familiar y se convierte en un instrumento absolutamente controlado por el Estado.

Además, ahora todo quedará en manos de una Dirección que históricamente no se ha distinguido por su eficiencia, sino por su burocracia. Y muchos de esos trámites, lejos de resolverse en la región, se centralizarán en oficinas de la Ciudad de México.

A ello se suman sanciones que no son menores: multas elevadas y hasta cárcel para quien haga uso de agua sin el permiso de CONAGUA.

Lo advertimos tarde.

Desde el sexenio pasado este Gobierno mostró claramente sus intenciones. Pero mientras tanto, se echó a andar un poderoso aparato de propaganda que logró posicionar ante la opinión pública a los productores agropecuarios como los grandes culpables de la escasez de agua en las ciudades. Así se ganó el respaldo urbano a esta reforma.

Hoy el Gobierno está convencido de que tiene el apoyo total de la población. Pero cuidado:

si se conjuga un escenario donde las ciudades sigan sin agua y el campo deje de sembrar por falta del recurso, el problema ya no será legal, será social y económico. Y de grandes proporciones.

Porque una cosa es controlar el agua desde el escritorio y otra muy distinta es invertir en infraestructura: acueductos, plantas potabilizadoras, redes de riego tecnificado, mantenimiento de presas y conducción eficiente. Sin inversión, las ciudades seguirán padeciendo cada verano lo mismo, aunque el control sea absoluto.

Así como la Ley Lerdo abonó al descontento que detonó la Revolución por el despojo de tierras a comunidades indígenas, no quisiera pensar que esta nueva Ley de Aguas Nacionales termine sembrando un nuevo agravio histórico: ahora no solo para los pueblos originarios, sino para todo el sector agropecuario del país.

Quisiera ser optimista. Quisiera decir que ahora sí el agua alcanzará para todos. Que el campo y las ciudades vivirán en equilibrio.

Pero, como bien dijo un participante en uno de los foros:

“Este Gobierno ha sido muy buen ejecutor, pero muy mal administrador”.

Por el bien de México, deseo sinceramente que esta ley sea un parteaguas hacia la modernidad, el desarrollo y la seguridad hídrica real.

Y que no termine siendo, como ya ocurrió en el pasado, un retroceso disfrazado de transformación.