Trabajadores agrícolas en imagen de archivo. Foto La Jornada del Campo
“La resurrección de la letra muerta”

Por Orfalinda Hinojosa Elizalde
“Tiempos pasados fueron mejores”, sí, quienes tienen el privilegio de sumar experiencia en años cronológicos, suelen ser fehacientes creyentes de esta frase que repiten cuantas veces sea necesaria.
“Tiempos pasados fueron mejores”, sí, solo basta con recordar el dinamismo que se vivía en las décadas en donde las organizaciones campesinas eran la ley en el sector agropecuario, cobijados por un PRI/ Gobierno, sin embargo, había un lado oscuro, como si del yin yang se tratara para mantener el equilibrio entre el lado oscuro y luminoso, como lo dice el taoísmo, periodo que vivió el país durante 70 años, tiempo en el que se vistió de rojo, color característico de partido político tan añorado por algunos, y repudiado por otros.
Con la era azul, el nuevo Gobierno ideó una brillante estrategia, que, basada en el nulo control entre el campesinado mexicano, crearon la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente desde hace 25 años, así, le dieron vida a los Sistema Producto, contenido en ellos los Consejo Estatales de Productores.
En dicha Ley, en los artículos 149, 150 y 151, se da vida a dichos Consejos, en donde promueven la organización de los productores primarios con el propósito principal de integrar a toda la cadena productiva desde el campo hasta la mesa con la participación del sector público, es decir, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, el Estado mediante la Secretaría del ramo, así como las dependencias del eje económico y medio ambiente, además de los industriales, proveedores de insumos y claro, los productores primarios.
Estas nuevas figuras de organización, tienen alcances jurídicos cuyas decisiones son tomadas, o por lo menos así se estableció en la Ley, a través de comités mixtos en donde el Gobierno tiene validez, pero los productores mantienen el voto de los acuerdos que tienen peso en el diseño de las políticas públicas en beneficio de los productores.
Antes, en los tiempos pasados, el Gobierno Federal destinaba recursos económicos a las directivas de los Consejos Estatales, dichos dineros se empleaban en la elaboración de planes rectores, capacitaciones y en todo lo que significaba el desarrollo de cada cadena. Esto se hacía con la participación de la Federación, el Estado y los productores.
Al cambiar al Pantone principal 1805 C del guinda, si la arriba firmante ejerciera el diseño gráfico, las reglas cambiaron para financiar a los productores, ya que los dineros ahora se reparten de manera directa a los beneficiados, pero con el enfoque social, es decir, a los productores del campo que ejercen la actividad primaria para subsistir, lo que discriminó, desde 2018, a quienes lo hacen de manera comercial y aportan con ello a la generación de empleo y todo lo que representa ser parte del motor económico de una localidad. Con ello, la figura de Consejo Estatal de Productores, se convirtió en letra muerta, ya que, a pesar de existir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no se acata como tal, debido a que, sin dinero, nada puede operar. Sí, “tiempos pasados fueron son mejores”, al menos en este caso.
Ahora, si los productores organizados en este esquema de Consejos Estatales de Productores quieren gestionar algo, lo que sea, deben financiarse con recursos propios, lo que limita a muchos productores que en algún momento piensan en trabajar por su sector.
Resultado de esto, surgen varias preguntas: si los Consejos Estatales de Productores eran letra muerta gracias a que la federación redireccionó el presupuesto para el campo para evitar corruptelas, ¿por qué resucitarlos? (pregunta válida a raíz de la publicación de la convocatoria correspondiente).
¿Será que al mantener ocupados a los productores en la organización de los Consejos los desvía de temas importantes que atañen la participación de los interesados?, es decir el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, la intención de reformar la Ley Agraria, dar largas sobre la fecha de pago de los apoyos atrasadas. ¿Qué interés tiene la autoridad en convocar si ellos mismos incumplen la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al no ejecutar los procesos que ahí se marcan para darle sustento y legalidad a los Consejos? Una vez instituidos los Consejo Estatales de Productores, ¿qué tanto tomarán en cuanta a las organizaciones para, ahora sí redireccionar, al menos en lo posible, las tan reclamadas políticas públicas agropecuarias? Sin duda, ahora mismo los productores primarios están ante la resurrección de una letra muerta.

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