Por Guadalupe Villalobos Guerrero
Esta semana nuevamente el Valle de Mexicali levantó la voz.
No para pedir privilegios. No para exigir tratos especiales.
Simplemente para pedir condiciones que le permitan seguir produciendo alimentos.
Durante la reunión convocada por Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, se dieron a conocer los resultados de las gestiones realizadas en la Ciudad de México ante funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal.
Los planteamientos fueron claros.
Primero, solicitar un apoyo extraordinario de 10 mil pesos por hectárea debido a las pérdidas ocasionadas por la ola de calor registrada durante etapas críticas del cultivo de trigo.
Segundo, exigir un nuevo mecanismo de formación de precios para los granos básicos, desligándolos de las cotizaciones de la Bolsa de Chicago y vinculándolos a los costos reales de producción.
Tercero, acelerar el pago de apoyos pendientes correspondientes a ciclos agrícolas anteriores.
Posteriormente, integrantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano reforzaron estas demandas ante la titular de Agricultura Federal, Columba López Gutiérrez, solicitando además que el Valle de Mexicali sea declarado zona de desastre agrícola por los daños provocados por las altas temperaturas.
La pregunta obligada es:
¿Son viables estas demandas?
En el caso del apoyo extraordinario de 10 mil pesos por hectárea, soy francamente pesimista.
No porque la petición sea injustificada.
Los daños existen.
Los rendimientos promedio del trigo han caído hasta niveles cercanos a las 4.5 toneladas por hectárea y existen casos donde apenas se alcanzaron las dos toneladas.
El problema es otro.
Simplemente no existen recursos presupuestales suficientes.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 ya se encuentra comprometido y las proyecciones preliminares para el presupuesto al campo para el 2027 apuntan a un crecimiento limitado, cercano al 4.3 por ciento, concentrado principalmente en programas sociales y pensiones.
Bajo esas condiciones resulta difícil imaginar que el Gobierno Federal destine miles de millones de pesos a un programa emergente para productores agrícolas.
Ojalá me equivoque.
Pero la realidad presupuestal apunta en otra dirección.
Sin embargo, la segunda petición merece un análisis mucho más profundo.
Y probablemente sea la más importante de todas.
Durante décadas el productor agrícola mexicano ha sido el único eslabón de la cadena productiva que no determina el precio de venta de lo que produce.
El fabricante fija precios.
El industrial fija precios.
El distribuidor fija precios.
El comerciante fija precios.
Pero el agricultor entrega su cosecha y espera que alguien más le diga cuánto vale.
Eso simplemente no ocurre en ningún otro sector económico.
Por años existió el argumento de que los precios debían referenciarse a las cotizaciones de la Bolsa de Chicago debido a los mecanismos de cobertura impulsados por el gobierno federal a través de la extinta ASERCA, cuando se estableció la Agricultura por Contrato.
Aquella política tenía lógica
El gobierno subsidiaba hasta el 75 por ciento del costo de las coberturas y eso permitía a productores y compradores administrar riesgos de mercado.
Pero esa realidad desapareció hace algunos años.
Hoy las coberturas prácticamente han dejado de existir como política pública, y el productor tiene que adquirirlas por su cuenta.
Sin embargo, la referencia a Chicago permanece.
Y lo más grave es que muchas veces se utiliza de manera incorrecta.
Cuando las organizaciones agrícolas sostienen reuniones con industriales y funcionarios federales para analizar mercados, lo que se genera son precios de referencia.
No precios obligatorios.
No precios oficiales.
No precios garantizados.
Son simplemente indicadores.
Sin embargo, con frecuencia algunos sectores industriales presentan esos valores como si fueran los precios definitivos e inamovibles para las compras de cosechas.
Y ahí es donde surge uno de los principales conflictos: Ya que si hablamos de trigo panificable tendríamos que hablar del contrato de Kansas, y si del Durum se trata la referencia debería ser Minniapolis.
Otro punto, mientras los costos de producción aumentan año tras año, los precios pagados al productor permanecen sujetos a mercados internacionales que no necesariamente reflejan la realidad de las regiones agrícolas mexicanas.
Por ello, más que discutir apoyos temporales, quizás el debate de fondo debería centrarse en construir un modelo de comercialización más equilibrado.
Un sistema donde el productor tenga mayor capacidad de negociación.
Donde exista transparencia en la formación de precios.
Donde se reconozcan los costos regionales de producción.
Y donde la rentabilidad deje de depender exclusivamente de factores externos.
Porque el problema que vive hoy el trigo en Mexicali no es únicamente una ola de calor.
La ola de calor fue el detonante
El problema real es la falta de rentabilidad acumulada durante años.
La prueba es que la inconformidad ya no se limita al Valle de Mexicali.
Se replica en Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y otras regiones agrícolas del país.
Los productores enfrentan exactamente los mismos desafíos:
Altos costos de producción.
Mercados deprimidos.
Falta de financiamiento.
Pagos pendientes.
Y una creciente incertidumbre climática.
Mientras tanto, nuestros principales competidores agrícolas continúan fortaleciendo a sus productores.
Estados Unidos acaba de anunciar un paquete de apoyo superior a los 12 mil millones de dólares para enfrentar la crisis de bajos precios y altos costos que vive su sector agrícola.
Lo hacen porque entienden una realidad elemental.
La producción de alimentos no es solamente un negocio.
Es un asunto de seguridad nacional.
México debería comenzar a verlo de la misma manera.
Porque si algo nos está enseñando la crisis actual es que el problema del campo ya no puede resolverse únicamente con reuniones, mesas de trabajo o declaraciones de buena voluntad.
El productor necesita certidumbre.
Necesita rentabilidad.
Necesita financiamiento.
Necesita políticas públicas de largo plazo.
Y sobre todo necesita que quienes toman decisiones comprendan que producir alimentos no puede seguir siendo un acto de heroísmo económico.
Porque cuando un agricultor abandona el campo, no solamente pierde una familia.
Pierde una región.
Pierde una economía local.
Y poco a poco pierde también el país.
Por eso la discusión ya no debe centrarse únicamente en cuánto apoyo puede otorgar el gobierno.
La verdadera pregunta es otra:
¿Queremos un campo que sobreviva de subsidios temporales o un campo que pueda vivir dignamente de producir alimentos?
La respuesta a esa pregunta definirá el futuro del Valle de Mexicali y de la agricultura mexicana durante las próximas décadas.
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