Semanario El Pionero

Expresión de Mexicali y su Valle

Saqueo en Segalmex y precios de alimentos

El presidente López Obrador ha evitado a toda costa hablar de Segalmex, porque es otra bomba que se estrella con su discurso anticorrupción y pega en la línea de flotación de su autoridad moral.

Ignacio Ovalle, por increíble que parezca, no está en las pesquisas

Por Mario Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido asomarse a ver lo que pasa en uno de sus otrora proyectos estrella, Segalmex, porque desborda corrupción, saqueo y es parte del problema de la escasez de productos básicos y la inflación agroalimentaria.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusionó a Diconsa y Liconsa, se creó con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, apoyar a los productores más necesitados y proporcionar abasto alimenticio a las poblaciones más pobres; sin embargo, el resultado de los primeros tres años de gobierno es desastroso y escandaloso.

El problema en Segalmex empieza por su director, íntimo amigo y exjefe de AMLO, Ignacio Ovalle Fernández, quien por acción y omisión ha llevado al organismo y a varios de sus directivos a ser sujetos de investigaciones judiciales por malversación, corrupción y lavado de dinero. El presidente puso en manos de su amigo una dependencia cuyo presupuesto anual ha rondado los 9 mil y 14 mil millones de pesos y la tentación fue insoportable.

Entre los funcionarios y exfuncionarios que están vinculados a los presuntos delitos se encuentran René Gaviria, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex; Bernardo Fernández Sánchez, exdirector de Operaciones de Liconsa; Miguel Carrillo Villarreal, director del Programa Precios de Garantía, Armando Joffre Poceros, gerente del mismo, y Carlos de León Reséndiz, encargado de la operación en tierra del programa.

En sólo dos años de operaciones (2019 y 2020), más de 8 mil millones de pesos del presupuesto de Segalmex han registrado irregularidades y una buena parte no se sabe en qué se gastó. Este monto es casi el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 2022.

La Fiscalía General de la República tiene abiertas investigaciones sobre los actos de presunta corrupción y malversación en Diconsa y Liconsa, y sigue la pista a varios funcionarios, en especial a Bernardo Fernández, supuestamente ligado al exconsejero Jurídico, Julio Scherer.

Ignacio Ovalle, por increíble que parezca, no está en las pesquisas, a pesar de que las irregularidades más evidentes se detectan en los programas que él consideraba como prioridad, y que son operados todavía por personas que le son incondicionales, como el director del Programa Precios de Garantía, Miguel Carrillo Villarreal, encargado de la distribución anual de más de 10 mil millones de pesos.

Este programa fue diseñado para asegurar que los pequeños y medianos productores de granos básicos en el país comercializaran sus cosechas a precios justos. Lo que hoy tiene México es un problema de altos precios de productos agropecuarios, por la volatilidad global, que el Presidente quiere solucionar con un control de precios, en lugar de comenzar por atacar la corrupción.

Las denuncias contra Segalmex incluyen montos incompletos a los productores por sus cosechas, viáticos en efectivo a los operadores y compradores del organismo, los cuales nunca se justificaron. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades de por lo menos 80 millones de pesos en esta área.

La operación de Segalmex y del programa Precios de Garantía también ha sido desastrosa. Actualmente no hay espacio en los 600 almacenes que tiene en el país para depositar un solo costal de grano adicional, ya que están repletos con 450 mil toneladas de producto recolectado que debió haber sido repartido a las tiendas Diconsa desde el año pasado.

Aun así, se siguen destinando recursos a la compra de maíz. En los últimos meses se adquirieron 7 mil toneladas del grano que no tendrá donde almacenarse.

Segalmex también contrató el servicio de outsourcing de personal más caro de todo el gobierno federal por el que paga 638 millones de pesos anuales.

El presidente López Obrador ha evitado a toda costa hablar de Segalmex, porque es otra bomba que se estrella con su discurso anticorrupción y pega en la línea de flotación de su autoridad moral.

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