Nuestro reconocimiento ciudadano y agradecimiento a los 65 jueces y magistrados (con casi 30 años de carrera cada uno) que lograron algo histórico: que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) priorice su queja y le exija al Estado mexicano responder en 4 meses.
¿Qué significa esto?
México bloqueó todos los mecanismos internos para cuestionar la reforma judicial. La vía interamericana es la única que quedó.
La CIDH activó el principio de no regresividad: no puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno de elección popular sin violar tratados internacionales firmados por México en 1981.
Lo que viene puede ser HISTÓRICO: Si la Comisión concluye que hay violaciones a la Convención Americana, el caso sube a la Corte IDH. Y ahí las sentencias SON VINCULANTES. México tendría que reformar su reforma.
El fondo del asunto es brutal y nos beneficiará a todos los mexicanos: No se trata de jueces defendiendo su cargo. Se trata de algo más incómodo: ¿qué pasa cuando quien decide tu libertad, tu patrimonio o tu familia empieza a depender de la lógica política?
Un juez que tiene que mirar al poder antes de dictar sentencia deja de ser juez. Y en ese momento, la justicia deja de ser justicia.
Este caso puede marcar un antes y un después: No hay democracia posible sin jueces independientes. Cuando la justicia se politiza, no gana el pueblo… pierde. Y pierde en lo más importante: en la posibilidad real de defenderse frente al poder.
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