El decreto del presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para catalogar todas las obras de infraestructura de su administración como asunto de interés público y de seguridad nacional, de esta manera «blinda» la información relacionada con su desarrollo, además instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública federal emitir permisos provisionales, en menos de cinco días, a fin de que se inicie pronto su construcción.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue calificado por la Barra Mexicana de Abogados (BMA) como «ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional», además de señalar que resulta “francamente violatorio” de diversas disposiciones plasmadas en la Carga Magna y contiene al menos seis graves transgresiones legales.
En primer lugar, señala que contraviene la división de poderes al pretender imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, entre otras en materia de competencia, medio ambiente, telecomunicaciones y energía.
En segundo término, indica que violenta las disposiciones en materia de competencia económica toda vez que, en vez de promover la competitividad, más bien genera una competencia desleal.
La tercera es la transgresión en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable.
El cuarto atropello es con respecto a las disposiciones en materia de debido proceso; el quinto se refiere a que no respeta las disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental como indígena y otros procesos sociales y agrarios.
Y finalmente, infringe disposiciones en materia de progresividad en materia de derechos humanos.
La BMA señala que adicionalmente el acuerdo también viola disposiciones contenidas en tratados comerciales en lo relativo a competencia económica, medio ambiente, consultas previas, energía, trato justo, debido proceso, entre otras.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
Las fuerzas políticas no alineadas a Morena, han anunciado acciones en contra del decreto, entonces hay que esperar para ver que sucede.
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