Jaime Bonilla acosa y miente para afectar a empresarios

• Utiliza acciones coercitivas de la CESPM y Fisamex
• Exigen pago inmediato sin oportunidad de aclaración
• Represalias en contra de quienes se inconformaron
• Si no pagan lo que señalan cortan suministro de agua  
• Cobran derechos de conexión, los exhiben como delincuentes

Por César Villalobos López

MEXICALI. – El gobernador Jaime Bonilla Valdez, desde el 2020 inicio una cruzada que “busca desprestigiar al sector empresarial” y “a través de la empresa externa FISAMEX y la complicidad de la CESPM, han iniciado una serie de auditorías del agua que desencadenaron en atropellos y actos inconstitucionales en contra de las empresas”.

Lo anterior fue denunciado por Alberto Sánchez Torres, presidente de Canacintra durante una reunión donde participaron Joaquín Jiménez Arriaga, Presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali A.C (INDEX); Francisco Javier Sánchez Pérez, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Sección Baja California; José Holguín Navarro, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali y Octavio Sánchez López, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Mexicali.   

“Empresas de todos los giros y tamaños han sufrido abusos y arbitrariedades por parte de la CESPM, mismas que han sido dolosamente señaladas por parte de la paraestatal como deudoras del agua, dañando con ello la imagen de las empresas que pagan de forma puntual su recibo de agua y poniendo en riesgo la certidumbre de la ciudad para la atracción de inversiones”, precisó.

Enseguida destacó que, en la última semana, un promedio de 10 empresas diarias, aseguró, han sido perjudicadas por parte de la autoridad, retirándoles los medidores de agua en perjuicio de su actividad empresarial, sin posibilidad de convenio, tiempo para revisión de documentación o explicación legal del proceder, lo anterior se suma a las empresas que desde 2020 han sido objeto de revisiones y sanciones irregulares por parte de la CESPM.

“En CANACINTRA Mexicali, no representamos empresas que tienen adeudos de agua, estamos aquí para defender a las que han sido víctimas de cobros indebidos de derechos de conexión, entre ellas guarderías, hoteles, escuelas, limpiaduras, comercios con cobros que van desde los 30 mil pesos hasta los 30 millones de pesos, todos ellos exigibles en 48 horas” 

Sánchez Torres detallo, de forma cronológica 15 puntos sobre las irregulares acciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, del gobierno del estado, así como de FISAMEX.

Primero. – Las auditorías dieron inicio en los meses más altos de la pandemia, meses en que las empresas buscaban la forma de mantenerse a flote y operando, así como respetar las medidas sanitarias dictadas por la autoridad.

Segundo. – Las auditorías básicamente consistían en lo siguiente: te enviaban un presupuesto de lo que ellos calculaban que tenías que pagar, sobre todo, en un concepto denominado derechos de conexión, este presupuesto llegaba a las empresas sin ninguna formalidad, pero con la indicación de que te presentaras a pagar.

Tercero. – De manera arbitraria, te exigían que el pago lo realizaras en un plazo no mayor a 48 horas.

Cuarto. – En forma coercitiva, el Gobierno del Estado, FISAMEX y la CESPM, presionaban para realizar el pago o te cortaban el suministro de agua, sin importar la curva de contagios por la pandemia y la necesidad imperiosa de contar con agua en las empresas.

Quinto. – En la mayoría de los casos, los cobros fueron por concepto de derechos de conexión, no por consumos de agua indebidos, sin embargo, el Gobierno del Estado, continúa exhibiendo a las empresas públicamente, a sabiendas, que los pagos a través de chantaje, eran por concepto de derechos de conexión, no porque se robaban el agua como argumentan. Muchas empresas no contaban en su momento con los documentos por los derechos de conexión por ser muy antiguos y ahí es donde te hacían los famosos cálculos y cobros millonarios.

Sexto. – Nunca existió una posibilidad de réplica en donde a las empresas se les explicara con detalle el cálculo del cobro, se les obligaba a pagar en un lapso máximo de 48 horas o te cortaban el agua.

Séptimo. –  Muchas empresas tuvieron que pagar cantidades millonarias en tan solo 48 horas, porque no podían prescindir del agua, tanto para sus procesos, como para mantener la higiene y seguridad sanitaria imperiosa durante la pandemia.

Octavo. –  Nunca hubo la posibilidad de que las empresas pudieran convenir un pago a plazos, aun cuando así lo establece la ley, ya que la instrucción del Gobernador, acatada por el director de la CESPM, es que pagaran inmediatamente o se les cortaba el agua.

Novena. –  Muchas empresas no tuvieron más remedio que pagar porque no podían poner en riesgo la vida de sus colaboradores y afectar sus procesos productivos, optando por presentar amparos y demandas judiciales en contra de la CESPM. El juez les otorgó amparo a muchas de ellas para que no se les cortara el agua.

Décima. –  Los pagos que realizaban las empresas por cobros indebidos y mal calculados, eran exhibidos como trofeos de manera pública por el Gobernador del Estado, argumentando que las empresas se robaban el agua.

Onceava. –  Como sector empresarial hemos externado siempre nuestro rechazo ante esta situación por las siguientes razones:                  

* Auditorías a las empresas en plena pandemia                                    

* Cortes de agua si no se realizaban pagos en 48 horas                     

* No existió nunca un verdadero derecho de réplica y de explicación por parte de la CESPM a las empresas, y solo era “o pagas o pagas” y si no, te cortamos el agua.                                                       

* Nunca existió la posibilidad de realizar convenios de pago                     

* El trato al sector empresarial siempre fue de soberbia y prepotencia por parte de funcionarios de la CESPM, FISAMEX y de autoridades de gobierno en donde la consigna era “… tú me pagas”                            

* Es preciso comentar que sostuvieron en varias ocasiones, reuniones con el Secretario de Economía Sustentable y Turismo, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y con el Director de la CESPM, a los cuales les propusimos realizar un programa de autorregulación para las empresas, en el cual estuvieron de acuerdo, pero nunca se realizó. 

Doceava. – Aquellas empresas que optaron por ampararse y demandar, siguen sufriendo hasta hoy repercusiones. 

Treceava. –  Las demandas judiciales por parte de las empresas son por muchos millones de pesos que estamos seguros se podrán ganar, pero desgraciadamente irán en detrimento del organismo operador del agua, ya que tarde o temprano tendrá que regresar ese dinero a las empresas, lo que muy seguramente impactará en un daño económico a la CESPM y por ende, en la prestación de servicios a la comunidad.

Catorceava. –  En cuanto al apoyo de las autoridades estatales y municipales, ha sido paupérrimo, ya que aún sabedores del trato injusto y soberbio a las empresas, se limitaron a decir que no podían hacer nada.

Quinceava. – Por último y para remarcar el actuar del Gobierno del Estado, hace algunos meses, decidieron inconstitucionalmente expulsar de los Consejos de Administración de los organismos operadores del agua en el Estado, a las representaciones empresariales de CANACINTRA Y CANACO.

Finalmente, es importante nuevamente recalcar que todos los que estamos en esta rueda de prensa, estamos a favor de aquellas empresas que han sufrido cobros injustos y arbitrarios y no estamos para defender aquellas empresas o negocios que hayan incurrido en alguna irregularidad en sus consumos de agua.

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