El INE bajo sospecha: ¿quién garantiza la confianza en las elecciones de 2027?

Por Guadalupe Villalobos Guerrero

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), presentada el 26 de octubre en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo, abrió una discusión que va mucho más allá de una funcionaria o de unos videos difundidos públicamente.

Este martes 27 de octubre, el Consejo General eligió a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados determina quién ocupará definitivamente el cargo. Cruz García asumió el compromiso de conducir al Instituto bajo los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y paridad, con perspectiva de género.

El relevo ya comenzó. Ahora falta demostrar que la institución está en condiciones de recuperar plenamente la confianza ciudadana.

Ante lo ocurrido, vale la pena formularnos varias preguntas: ¿las presuntas irregularidades afectarán la confianza en las elecciones de 2027? ¿La próxima presidencia definitiva del INE será independiente del partido en el poder? ¿Quién filtró los videos que provocaron el escándalo y qué intereses podría haber detrás de su difusión? ¿Cuestionar la cercanía de una funcionaria con un proveedor relacionado con contratos públicos constituye misoginia o es una exigencia legítima de rendición de cuentas?

Son preguntas incómodas, pero necesarias. En una democracia, las instituciones no pueden pedir confianza sin estar dispuestas a rendir cuentas.

Para entender la importancia del momento actual, debemos recordar nuestra historia electoral.

Durante décadas, México tuvo un sistema en el que la imparcialidad de las autoridades electorales era cuestionada por su relación con el poder político. La creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, y especialmente la reforma de 1996, que fortaleció su autonomía, representaron avances importantes para construir un árbitro electoral independiente.

En el año 2000, el PRI perdió la Presidencia frente al PAN. En 2012, el PRI regresó al gobierno federal y, en 2018, Morena llegó al poder. En esas alternancias, las instituciones electorales desempeñaron un papel fundamental.

¿Significa esto que el IFE o el INE fueron instituciones perfectas? De ninguna manera.

La elección presidencial de 2006, con una diferencia de aproximadamente medio punto porcentual entre el primero y el segundo lugar, provocó una profunda crisis poselectoral. Hubo inconformidad social, acusaciones de parcialidad y cuestionamientos sobre el resultado.

Sin embargo, una cosa es reconocer los errores y las limitaciones de una institución y otra muy distinta es descalificar toda su trayectoria.

Cuando la llamada Cuarta Transformación cuestionó al INE por su presunta parcialidad, corrupción y elevados costos, puso sobre la mesa asuntos relacionados con la austeridad, la fiscalización y la independencia electoral.

Pero hay una pregunta que sigue siendo pertinente: si durante años se acusó a anteriores funcionarios electorales de corrupción o parcialidad, ¿qué denuncias se presentaron, cuáles investigaciones se integraron y qué responsabilidades se acreditaron?

La exigencia debe ser la misma para todos, sin importar quién gobierne.

La polémica alrededor de Taddei se relaciona con señalamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones de empresas proveedoras de materiales electorales.

La difusión de videos en los que aparece en reuniones sociales con un empresario vinculado con Cajas Graf generó cuestionamientos sobre la naturaleza de esa relación y sobre los procedimientos de contratación del Instituto.

El asunto llegó al Consejo General del INE, donde representantes políticos exigieron explicaciones. Posteriormente, se anunció una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.

Aquí es indispensable distinguir entre una relación personal, que por sí sola no demuestra un delito, y una eventual conducta administrativa irregular o ilegal que pueda acreditarse con contratos, documentos, declaraciones patrimoniales y otros elementos de prueba.

¿Se otorgaron contratos fuera de los procedimientos establecidos? ¿Hubo competencia efectiva entre los participantes? ¿Se justificaron las adjudicaciones? ¿Existieron funcionarios que omitieron declarar vínculos relevantes? ¿Los precios y las condiciones pactadas fueron adecuados?

Estas son las preguntas que deben responder las auditorías y las investigaciones correspondientes.

La renuncia de una funcionaria no sustituye una investigación ni demuestra, por sí misma, que las acusaciones sean ciertas. Tampoco debe convertirse en un mecanismo para cerrar el expediente sin establecer responsabilidades.

Si hubo irregularidades, deben identificarse y sancionarse. Si las acusaciones no se acreditan, también debe quedar establecido.

La transparencia exige ambas cosas.

La difusión de las grabaciones abre otra interrogante: ¿quién obtuvo ese material?, ¿quién decidió hacerlo público y por qué en este momento?

Cabe preguntar si se trató de una investigación periodística sobre relaciones entre funcionarios y proveedores o si alguien buscaba provocar una crisis institucional, desplazar a una funcionaria o influir en la selección de su relevo o la llegada de un nuevo proveedor.

Pero preguntar no significa afirmar.

El origen de la filtración merece esclarecerse si existen elementos para hacerlo, pero no debe utilizarse como pretexto para desviar la atención de las preguntas sobre el manejo de los recursos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una buena decisión la renuncia de Taddei y sostuvo que deben investigarse las sospechas sobre el manejo de los recursos del Instituto. Al mismo tiempo, cuestionó los comentarios que consideró misóginos contra la consejera presidenta.

La distinción es importante.

Los ataques basados en estereotipos de género, descalificaciones sexistas o expresiones denigrantes sobre la vida privada de una mujer pueden constituir misoginia. Ninguna funcionaria debería ser objeto de ese trato.

Pero exigir explicaciones sobre contratos públicos, posibles conflictos de interés o decisiones administrativas no es, por sí mismo, misoginia. Es una obligación ciudadana que debe aplicarse por igual a hombres y mujeres.

La designación provisional de Blanca Yassahara Cruz García representa el siguiente capítulo de esta crisis institucional.

Su nombramiento permite mantener la conducción del INE mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para elegir a quien ocupará definitivamente la presidencia. Su compromiso público con la independencia, la imparcialidad y la legalidad establece una referencia para evaluar su desempeño.

Pero los principios enunciados al asumir un cargo deben traducirse en decisiones concretas.

¿Habrá disposición para esclarecer las contrataciones cuestionadas? ¿Se facilitará la fiscalización de los recursos públicos? ¿Se garantizará que las decisiones institucionales estén libres de presiones partidistas? ¿La selección de la presidencia definitiva se realizará con criterios transparentes?

También debemos preguntarnos si el procedimiento permitirá elegir un perfil con experiencia, solvencia profesional y autonomía de criterio, o si prevalecerán los acuerdos políticos sobre las necesidades del Instituto.

No se trata de prejuzgar a Cruz García ni de atribuirle compromisos que no estén demostrados. Se trata de reconocer que llega a una responsabilidad especialmente delicada, en un momento en que la credibilidad del organismo está bajo escrutinio.

El árbitro electoral no debe trabajar para Morena, el PAN, el PRI ni ninguna otra fuerza política. Su responsabilidad es garantizar la legalidad, la imparcialidad, la certeza y la objetividad de los procesos electorales.

La independencia no se demuestra únicamente con un nombramiento. Se demuestra con las decisiones que se toman cuando el poder político está en juego.

Las elecciones de 2027 serán una prueba importante para las autoridades electorales. La ciudadanía no puede llegar a las urnas con la percepción de que las decisiones del árbitro dependen de intereses partidistas o de relaciones entre funcionarios y proveedores.

Nuestra postura no consiste en afirmar que el nuevo INE sea más corrupto que el de años anteriores. Tampoco se trata de defender automáticamente a sus anteriores responsables.

Lo que interesa es que se investigue lo ocurrido, se corrijan las fallas de fiscalización y se fortalezcan los controles sobre las contrataciones y los posibles conflictos de interés.

La meta no es que el INE parezca confiable. La meta es que pueda demostrarlo.

La renuncia de Guadalupe Taddei y la llegada provisional de Blanca Yassahara Cruz García no resuelven por sí solas las dudas que enfrenta el Instituto. Son parte de un proceso que exige investigaciones, explicaciones y decisiones institucionales.

¿Se conocerán los resultados de las auditorías? ¿Se identificarán las responsabilidades administrativas o penales, si las hubiera? ¿Será transparente la selección de la nueva presidencia? ¿Se garantizará que el árbitro electoral actúe con independencia frente al gobierno y los partidos?

Y, sobre todo, ¿llegaremos a las elecciones de 2027 con la certeza de que cada voto será contado y respetado conforme a la ley?

México ha vivido alternancias políticas que parecían difíciles de imaginar hace algunas décadas. Ese avance no pertenece a un solo partido ni a un solo gobierno; es resultado de reformas, participación ciudadana y exigencias sociales acumuladas durante años.

Por eso, no podemos permitir que los errores de unos funcionarios comprometan la credibilidad de toda una institución. Pero tampoco podemos proteger a una institución a costa de ignorar sus errores.

La democracia requiere autoridades independientes, partidos dispuestos a respetar las reglas y ciudadanos capaces de exigir cuentas sin renunciar al rigor de los hechos.

Porque, al final, la discusión no debe centrarse solamente en quién se va o quién llega a la presidencia del INE.

En 2027, los mexicanos no necesitamos que el INE le dé confianza a un partido o a un gobierno. Necesitamos tener la certeza de que nuestro voto será respetado, sin importar quién gane y quién pierda.