Editorial…

Pena ajena

El ejército mexicano, por muchos años fue una institución respetable; la sola presencia de sus integrantes imponía respeto y garantizaba el orden.

De varios años a la fecha, no sabemos si por inseguridad y falta de energía de los jefes supremos de las fuerzas armadas o por temor a los reclamos del derecho humano, cualquier delincuente goza de impunidad cuando estropea instalaciones militares, afecta bienes de la nación y degrada la figura de nuestros soldados.

La sociedad en general ha perdido el respeto a la autoridad que los elementos del ejército nacional representaron, como uno de los símbolos de salvaguarda de la patria, debido a que sus elementos han sido impedidos para actuar, aun en momentos de agresiones, a grado tal que muchos de ellos han sido ultrajados por muchedumbres alentados por delincuentes.   

No estamos a favor de la barbarie, ni al uso excesivo de la fuerza, pero sí de la autoridad que permite la imposición del orden, evitando actos vandálicos en contra de bienes de la nación y de terceros, porque los derechos humanos son de todos los mexicanos, no solo de aquellos actuantes bajo el amparo de situaciones de pobreza y de marginación, para servir a los delincuentes.

Resulta lamentable que la autoridad responsable de mantener la paz y el orden a lo largo y ancho del país sea omisa para proceder en contra de personas plenamente identificadas a través de fotografías y videos de los medios de comunicación captados en flagrancia.

El colmo es cuando los delincuentes, los que trasgreden la ley, se escudan en “situaciones de pobreza” y en “la necesidad de ganarse unos centavos”, como justificante y luego se laven las manos en tragedias de grandes dimensiones, como la ocurrida en el estado de Hidalgo.

En este caso no solo es el robo a la nación, sino también el daño ocasionado al propietario de la tierra por donde pasa el oleoducto perforado y generador de la tragedia que afecto al agricultor por la contaminación de la alfalfa.

Hasta el momento de escribir ya se habían perdido más de 90 vidas, teniéndose más de 50 heridos, algunos muy graves por los efectos del fuego tras la exposión consecuente de los gases acumulados por el combustible, lo cual es muy lamentable, pero no por ello se pueden justificar las acciones de robo, sin importar quién es el responsable de la perforación al oleoducto.

Otra cosa que resulta ridícula es la pretensión de busca una indemnización de 10 millones de pesos por cada una de las víctimas de la tragedia que ellos mismos provocaron, misma que se pudo evitar si hubieran atendido las indicaciones de los elementos del ejército y de otros cuerpos de seguridad.  

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