De un tiempo a la fecha han sucedido una serie de hechos aislados, -pero no por eso, no preocupantes- en los que, empleados o funcionarios de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, han sido agredidos o atacados con armas de fuego, hechos que no han trascendido a la opinión pública, tal vez por ausencia de una denuncia formal y/o, por la secrecía de los médicos que les atendieron y no lo reportaron al Ministerio Publico, ni a la Procuraduría de Justicia del Estado, convertidos en cómplices de los delincuentes.
Sin embargo, el más reciente, en Tijuana, donde tres impactos de bala costaron la vida a Daniel Mendoza, funcionario del área de recaudación, y hasta el momento –jueves 6 de diciembre de 2018- de redactar esta nota se carecía de información oficial.
Han trascendido versiones de que, paralelamente a los ataques con armas de fuego a los funcionarios que han sido agredidos, otros han recibido coronas con mensajes funestos y se menciona que los afectados dejaron de acudir a sus oficinas para refugiarse en viviendas ubicadas en ciudades vecinas, del estado de California.
Por otro lado, tras conocerse el fallecimiento de Daniel Mendoza, como hongos surgieron una serie de señalamientos de extorciones, de negocios al amparo de contratos en suministros y de servicios, mencionándose nombres de varios médicos, de varias damas, que, de ser cierto dejan al descubierto una red de complicidades y corrupción.
Esto me hizo recordar que a inicio de noviembre una derechohabiente del Seguro Social renegaba por la falta de la vacuna contra la influenza, en una de las clínicas de Mexicali, y platicando con otra paciente le dijo que no había abasto del medicamento preventivo porque se habían gastado el dinero en la compra de otras cosas.
Hasta ahí, esperaremos para ver qué sucede.
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