No que ¡No!
Por César Villalobos López
En ocasiones, los funcionarios de cualquier nivel, o sus ideólogos de comunicación pretenden tapar el sol con un dedo, olvidándose que la paja en el ojo les impide ver la hermosura del bosque.
También los hay aquellos que nadan de muertito para hacer olas y evitar que se observen sus debilidades, compromisos, intereses o salgan a flote aspectos de corrupción, aun cuando pudieran ser por omisión, no por complicidad.
En los programas federalizados o de concurrencia, la responsabilidad de la observación de la correcta aplicación de los recursos es áreas de las dependencias federales y del estado, en este caso de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Agropecuario.
Desconocemos si en el caso de la revelación de las fallas de la Unión Ganadera Regional que preside Gustavo Rodríguez Cabrales, surgidas de una respuesta del Director de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, de la SEDEGRO, José Alberto Godínez Placencia, a pregunta del que escribe, durante una entrevista ajena al tema, dejó al descubierto situaciones irregulares.
La realidad, innegable, aun cuando la pretendan camuflajear, es que la “Unión Ganadera Regional recibió dinero y no cumple como proveedora”, tal y como lo publicamos en la edición 1004 del pasado 17 de febrero.
Inocultable también, es que, a la fecha, todavía hay ganaderos, no sabemos si 50 o menos, que no han recibido los implementos o equipos comprados con dinero del erario para cubrir el 50 por ciento de su valor y el otro 50 con recurso propios.
Lo curioso es que los funcionarios del estado, en lugar de presionar o actuar en contra del proveedor incumplido, como sin duda lo es la Unión Ganadera Regional, están promoviendo que los afectados presenten demandas penales en contra de la Unión y de su presidente, Gustavo Rodríguez Cabrales, quien culpa al proveedor, con asiento en Monterrey, Nuevo León, de no haber cumplido en tiempo con las entregas.
Por otra parte, el Subdelegado Agropecuario, de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ing. Juan Manuel Martínez Núñez, no ha movido un dedo para revisar el cumplimiento del programa, como tampoco lo ha hecho en el caso del programa de borregos, donde se privilegió, según los afectados, a recomendados del diputado Sergio Tolento, con quien aseguran, tiene lazos familiares.
Ojalá que los funcionarios federales y los estatales, tomen al toro por los cueros, se pongan una vez colorados y no muchas descoloridos, para clarificar el enredo que han generado por no cumplir con sus obligaciones en atención a los manuales y es que posiblemente les muevan intereses políticos y más en este momento electoral.
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