La Estadística Política…

Ruffo

Por Sergio Trochez Reza 

En mayo de 1990, seis meses después de haber tomado protesta como gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel emprendió una campaña de desprestigio en contra de varios periodistas bajacalifornianos; particularmente de Mexicali.

Sin pruebas, expuso que diversos informadores se encontraban en la nómina de la administración estatal, cobrando, pero sin desarrollar trabajo alguno.

Ruffo quiso meter a la cárcel a periodistas que no escribían bien de él, y con ese argumento, quiso encerrarlos tras las celdas.

De acuerdo a lo que mencionaba el entonces mandatario bajacaliforniano, la actitud de los representantes de los medios de comunicación, se debía a que estos últimos, estaban acostumbrados a recibir privilegios económicos de los anteriores gobiernos, los cuales emanaban del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que ahora estaban molestos por la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, teniendo a Ruffo como su principal símbolo, por ser el primer gobernador de oposición en la historia del país.

Los principales operadores de Ruffo para llevar a cabo la campaña difamatoria, eran el secretario de la Contraloría del Estado, Carlos Ahumada Arruti, y el director de Comunicación Social, Cecilio Sabás Flores Mora, quienes, en el quinto mes de 1990, interpusieron denuncias penales en contra de periodistas, por los delitos de fraude y peculado.

N. de R.- Los periodistas -reporteros y fotógrafos- que laboraban en algunos medios informativos, asi como Cesar Augusto Hernández Bermúdez, acusados de aviadores, por cobrar del presupuesto e Comunicación Social, desempeñaban distintas actividades para el gobierno de Baja California y en el Caso de Hernández Bermúdez, cobraba como intendente y hacia labores de maestro de ceremonias para el gobierno estatal.

En respuesta inmediata al embate judicial del ruffismo, los comunicadores acusados interpusieron una contradenuncia penal en contra del contralor y del jefe de prensa, argumentando abuso de autoridad y difamación.

Días después, el 7 de junio (Día de la Libertad de Expresión), los periodistas afectados enviaron un documento formal al Congreso del Estado de Baja California, exigiendo que la legislatura interviniera para acelerar su denuncia contra los funcionarios de Ruffo. Sin embargo, la mayoría en la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado panista Bernardo Borbón Vilches, rechazó la solicitud de la prensa, respaldando al gobernador.

En el marco de lo anterior, se dieron fuertes movilizaciones y manifestaciones de articulistas en varios municipios de la entidad, principalmente concentradas a las afueras de los edificios públicos, en respuesta a las acciones gubernamentales. Los profesionales de la pluma, se hacían presentes con pancartas, lanzando consignas en contra de Ruffo y Sabás, por presuntamente montar una ‘inquisición’ contra los comunicadores y de asfixiar la libertad de expresión.

Ernesto Ruffo Appel nunca pudo comprobar legalmente el delito de peculado o fraude contra los periodistas ante los tribunales.

Ahí inició una pésima relación del Gobierno del Estado de Baja California con los medios de comunicación, dando como uno de los resultados, el despido, a fines de 1990, de Sabás Flores Mora como director de Comunicación Social, y el arribo al cargo, de Raúl Reynoso Nuño, quien llegó a ‘calmar las aguas’.

Ruffo Appel nunca buscó una simple sanción administrativa o civil en contra de los periodistas. Los quería ver en la cárcel, y no lo consiguió por falta de pruebas.

No solo eso. Durante su mandato, el gobernante se peleó con empresarios y sindicatos. A pesar de ser una persona tratable y visiblemente tranquila, los hechos tangibles demostraron que intentó utilizar su poder al máximo.

Fue por ello que, en noviembre de 1995, su sucesor en la gubernatura de Baja California, Héctor Terán Terán, inició su gobierno calificándolo como «de conciliación y de reconciliación», pues gran parte de su labor, estuvo enfocada a restablecer relaciones con los distintos sectores de la población. Terán es recordado respetuosamente como ‘El Caballero de la Política’.

Ruffo cumple hoy once días recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Su situación legal es: vinculado a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por haber presuntamente participado en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.