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El teatro del absurdo

Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.

Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.