¿Compensación o solución temporal?

Las preguntas que deja el apoyo a usuarios del Distrito de Riego 014

Por Guadalupe Villalobos Guerrero

La reciente entrega de apoyos compensatorios a usuarios del Distrito de Riego 014 del Río Colorado abre nuevamente el debate sobre las consecuencias que la nueva Ley de Aguas Nacionales ha tenido para cientos de productores y usuarios del Valle de Mexicali.

Durante décadas, una parte de los usuarios del distrito transfirió temporalmente volúmenes de agua de sus concesiones hacia otros usos autorizados, particularmente para atender necesidades de la Zona Costa. Con la entrada en vigor de la reforma impulsada por el Gobierno Federal, esa posibilidad desapareció. A partir de ahora, el agua concesionada para uso agrícola deberá destinarse exclusivamente a la actividad agrícola.

Ante esta nueva realidad, el Gobierno del Estado de Baja California anunció a finales de 2025 un programa compensatorio por aproximadamente 70 millones de pesos, con el propósito de mitigar el impacto económico que sufrirían aquellos usuarios que obtenían un ingreso derivado de dichas transferencias de agua.

Esta semana se realizó la primera entrega de apoyos. De acuerdo con la información oficial, se otorgaron 350 apoyos económicos directos de 15 mil 600 pesos, lo que representa un monto de 5 millones 460 mil pesos. A ello se suma el anuncio de apoyos en especie por 43 mil 600 pesos por usuario, equivalentes a 15 millones 260 mil pesos adicionales.

En conjunto, estaríamos hablando de una inversión comprometida de aproximadamente 20 millones 720 mil pesos.

Y ES AQUÍ DONDE COMIENZAN LAS PREGUNTAS.

Primera pregunta: ¿faltan por entregar 49 millones de pesos?

Si el compromiso original anunciado por el Gobierno del Estado fue de 70 millones de pesos, y en esta primera etapa se comprometieron poco más de 20 millones de pesos, la diferencia ronda los 49 millones de pesos.

LA PREGUNTA ES INEVITABLE:

¿Existe un calendario para la entrega del resto de los recursos?

Porque si el compromiso sigue vigente, los productores tienen derecho a conocer cuándo, cómo y a quiénes se entregará el monto restante.

Segunda pregunta: ¿solamente 350 usuarios serán beneficiados?

Los acuerdos originales surgieron para compensar a quienes dejaban de percibir ingresos por la transferencia de aproximadamente 80 millones de metros cúbicos de agua al año destinados a la Zona Costa.

Si consideramos que en el Valle de Mexicali la dotación promedio ronda los 11 mil metros cúbicos por hectárea, esos 80 millones de metros cúbicos equivalen aproximadamente a 7 mil 273 hectáreas.

Ahora bien, si los 350 usuarios apoyados poseen en promedio alrededor de 20 hectáreas cada uno, estaríamos hablando de cerca de 7 mil hectáreas, una cifra muy cercana a la superficie asociada al volumen transferido.

POR ELLO SURGE OTRA INTERROGANTE:

¿El universo total de beneficiarios será únicamente de 350 usuarios o existe un padrón más amplio pendiente de atender?

La respuesta resulta importante porque de ella depende saber si estamos frente a una primera etapa o ante la totalidad del programa.

Tercera pregunta: ¿cómo operará el apoyo en especie?

Uno de los argumentos utilizados para justificar la compensación fue que muchos de estos usuarios ya no participaban activamente en la producción agrícola y obtenían ingresos derivados de la transferencia de sus derechos de agua.

Si esa era la condición que originó el programa, surge una duda razonable:

¿Los apoyos en especie serán entregados aun cuando los beneficiarios no estén sembrando?

Porque un apoyo productivo tiene sentido cuando existe una actividad agrícola que fortalecer. De lo contrario, estaríamos frente a un subsidio con objetivos distintos a los originalmente planteados.

El mensaje político que genera incomodidad

Más allá de los números, hubo una parte del discurso oficial que llamó particularmente la atención.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que la nueva legislación:

«Deja atrás los esquemas que durante años permitieron tratar el agua como un bien de especulación y coloca en el centro la justicia hídrica y la justicia social.»

La frase puede interpretarse como una crítica directa a quienes durante años participaron en esos mecanismos autorizados por la legislación vigente.

Sin embargo, muchos de esos usuarios no eran especuladores. Eran productores, ejidatarios y pequeños propietarios que encontraron en esas transferencias una forma legítima de complementar ingresos en un entorno cada vez más complicado por los altos costos de producción, la falta de financiamiento y la pérdida de rentabilidad agrícola.

Por eso resulta comprensible que algunos productores se hayan sentido incómodos al escuchar que se asociaba su actividad con prácticas de especulación o con una supuesta falta de justicia social.

Más aún cuando el propio Gobierno del Estado reconoce la necesidad de compensarlos económicamente por la pérdida de ese ingreso.

¿REGRESARÁN A SEMBRAR?

Otra frase que merece análisis fue cuando la mandataria afirmó que estos apoyos permitirán que los productores tengan certeza para seguir trabajando la tierra.

La pregunta es si realmente ocurrirá así.

Porque quienes dejaron de sembrar no lo hicieron únicamente por la existencia de las transferencias de agua. En muchos casos abandonaron la actividad debido a la falta de rentabilidad, la ausencia de financiamiento, los altos costos de producción, la creciente cartera vencida y la incertidumbre económica que enfrenta el sector.

Difícilmente un apoyo de esta naturaleza resolverá problemas estructurales que llevan años acumulándose.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Existe un viejo dicho que señala que «de lo perdido, lo que se recupere es ganancia».

Y seguramente muchos usuarios agradecen recibir un apoyo que compense parcialmente la pérdida de un ingreso que durante años formó parte de su economía familiar.

Sin embargo, también es cierto que para numerosos usuarios la concesión representaba un patrimonio y una fuente complementaria de ingresos construida a lo largo de décadas.

Por ello vale la pena formular una última pregunta:

¿Este apoyo será permanente o será el último?

Porque la administración estatal actual concluirá el próximo año. Y nada garantiza que quien llegue al Poder Ejecutivo en 2027 mantenga este programa compensatorio.

Si eso ocurre, muchos usuarios podrían descubrir que el pago recibido en 2026 fue solamente una solución temporal frente a un cambio permanente en las reglas del agua.

Y entonces la discusión dejará de ser cuánto recibieron este año.

La verdadera discusión será qué alternativas económicas tendrán en el futuro quienes perdieron una fuente de ingreso que difícilmente volverá a existir bajo el nuevo marco legal.