Por José Miguel Figueroa
A poco más de un año de que México sea una de las sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026, el discurso oficial insiste en una narrativa de seguridad garantizada y preparación histórica. Sin embargo, la realidad que se vive en distintas regiones del país plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede un evento global convivir con un contexto de violencia persistente sin convertirse en un escaparate que maquille las heridas sociales?
En abril de 2026, el país fue testigo de hechos que evidencian esta tensión. Por un lado, el reforzamiento de la seguridad en zonas turísticas y culturales, especialmente tras un ataque ocurrido en Teotihuacán, buscó enviar un mensaje de control y protección al visitante internacional. Por otro, estados como Jalisco y Guanajuato enfrentaron bloqueos, incendios y ataques vinculados al crimen organizado tras la caída de líderes del narcotráfico. La coexistencia de estos escenarios revela una política de seguridad fragmentada: se protege lo visible, mientras lo cotidiano permanece vulnerable.
Desde una perspectiva social, esta selectividad no es menor. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha advertido sobre la creciente “normalización de la muerte”, un fenómeno donde la violencia deja de escandalizar y comienza a asumirse como parte de la vida diaria. Este señalamiento no es retórico. Es una alerta ética que conecta con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, particularmente con el llamado a la solidaridad y al bien común. En este marco, priorizar la seguridad del turista sobre la del ciudadano no solo es una falla estratégica, sino una injusticia social.
El riesgo del Mundial, entonces, no se limita a un posible incidente de alto impacto. Es más profundo y estructural. Grandes eventos internacionales suelen atraer dinámicas paralelas como estafas, trata de personas y lavado de dinero. Sin una vigilancia integral, el flujo económico que promete el torneo podría terminar fortaleciendo las mismas redes que alimentan la violencia. La pregunta de fondo es incómoda: ¿de qué sirve ser el centro del mundo por un mes si, al mismo tiempo, se consolida un sistema de impunidad?
No se trata de rechazar el fútbol. Al contrario, el deporte tiene un enorme potencial como espacio de encuentro, identidad y reconstrucción del tejido social. La historia lo ha demostrado en contextos de conflicto. Pero para que esto sea real, la paz no puede ser un montaje temporal sostenido por operativos extraordinarios. La presencia de fuerzas como la Guardia Nacional puede contener momentáneamente la violencia, pero no sustituye políticas públicas sostenidas que atiendan las causas de fondo.
El reto es colectivo. El Mundial puede ser una oportunidad para exigir más que estadios llenos y ceremonias impecables. Puede ser un punto de inflexión para demandar seguridad permanente, justicia para las víctimas y transparencia en el uso de los recursos. La conversación pública no debe limitarse a la emoción deportiva, sino ampliarse hacia la responsabilidad ciudadana.
Ser buenos anfitriones no solo implica recibir bien al extranjero, sino garantizar que quienes viven aquí puedan hacerlo con dignidad y sin miedo. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni permitir que el brillo de un evento global oculte la realidad. El verdadero triunfo no será levantar una copa, sino reconstruir un país donde la vida valga lo mismo dentro y fuera del estadio.
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