Así pierde fuerza tu voto

Por Juan Alfonso Majía López

El Senado aprobó una parte de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. No todo. El componente más delicado —la modificación a la revocación de mandato— quedó fuera. Pero lo que sí pasó no es irrelevante. No cambia de golpe el sistema electoral, pero empieza a moverlo en una dirección clara. Y ese matiz es el que importa, porque en política los cambios más profundos no siempre llegan como ruptura, sino como acumulación.

Conviene ordenar la discusión desde ahí. No estamos frente a una transformación total del sistema, ni ante un intento fallido que pueda descartarse. Estamos ante un proceso más fino: un cambio que avanza por capas. Ajustes que, vistos de manera aislada, parecen técnicos, incluso razonables. Pero que, en conjunto, empiezan a alterar el equilibrio sobre el que descansa la competencia democrática. Ese es el punto que no puede perderse en medio del ruido.

Lo aprobado se concentra en leyes secundarias. Cambios administrativos, reglas de operación, disposiciones sobre partidos políticos y fiscalización. Algunas medidas reiteran obligaciones que ya existen: transparencia en remuneraciones, reporte de recursos, trazabilidad del financiamiento. No hay, en apariencia, una ruptura. El sistema sigue ahí. Las elecciones se organizan. El voto se emite. Todo parece funcionar.

Pero la democracia no depende solo de que el voto exista. Depende de las condiciones en las que ese voto se ejerce. Esa es la diferencia entre una elección y una competencia.

En cualquier sistema democrático, la competencia electoral se sostiene en cuatro pilares: reglas claras, un árbitro con capacidad, condiciones equitativas entre actores y una posibilidad real de alternancia. No basta con que haya elecciones; es necesario que esas elecciones sean capaces de producir incertidumbre en el poder. Si uno de esos elementos se debilita, el sistema no desaparece, pero empieza a inclinarse. Y cuando se inclina, el resultado puede seguir siendo legal, pero deja de ser plenamente competitivo.

Las modificaciones aprobadas inciden, directa o indirectamente, en la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral y en el entorno institucional en el que se organizan las elecciones. Reafirman controles sobre partidos políticos que, en buena medida, ya existían, pero que ayudan a construir una narrativa: el problema del sistema está en los intermediarios, en sus excesos, en su opacidad.

Esa narrativa no es neutra. Permite introducir cambios bajo el argumento de orden, austeridad o transparencia, sin reconocer que lo que se está ajustando no es solo la forma en que operan los partidos, sino el terreno mismo de la competencia. Y el terreno importa tanto como las reglas.

Porque una elección se define se construye mucho antes: en la visibilidad de los actores, en la capacidad organizativa, en la fortaleza del árbitro, en la claridad de los límites. Cuando esas condiciones cambian, el voto no desaparece. Pero pierde fuerza.

Lo aprobado no puede analizarse en aislamiento. Debe leerse junto con lo que se intentó y no pasó. La reforma incluía un componente central: modificar la revocación de mandato para permitir que la Presidencia promoviera el voto a su favor, empatar ese ejercicio con elecciones intermedias y reducir restricciones a la propaganda gubernamental. Nada de eso fue aprobado. Pero el intento revela la lógica.

Primero se interviene el entorno. Después se busca modificar la competencia. Si no pasa todo, pasa una parte. Si no se logra hoy, se vuelve a intentar mañana. No es una ruptura frontal. Es un desplazamiento progresivo.

En ese desplazamiento, el riesgo no es que desaparezcan las elecciones. Es que se mantengan, pero en condiciones distintas. Con un árbitro más acotado, con reglas más flexibles para unos que para otros, con un terreno menos parejo. Eso no elimina el voto. Lo vuelve menos decisivo.

Y cuando el voto pierde capacidad de cambiar el poder, la democracia deja de ser un mecanismo de control para convertirse en un procedimiento de confirmación. Se vota, pero se decide menos.

Ahí está el punto que conviene no diluir. Se trata de reconocer que se mueve. La secuencia del movimiento. Las decisiones no son aisladas, forman parte de una lógica de poder que reduce, paso a paso, los márgenes de incertidumbre.

La incertidumbre es el corazón de la democracia. Es lo que permite que quien gobierna pueda perder. Es lo que obliga al poder a responder, a corregir, a rendir cuentas.

Por eso, la discusión pública no debería centrarse solo en si una medida es correcta o incorrecta en lo individual. Esa es una conversación incompleta. La pregunta relevante es otra: ¿qué produce el conjunto? ¿Hacia dónde empuja el sistema?

La respuesta no está en una sola disposición, sino en la suma de todas. Cuando se ajusta el entorno institucional, cuando se presiona al árbitro, cuando se instala una narrativa que deslegitima a los intermediarios, cuando se intenta —aunque no se logre— introducir reglas que favorecen al Ejecutivo en la contienda, lo que aparece no es una reforma técnica. Es una orientación. Una orientación donde el poder busca reducir los espacios donde puede ser cuestionado.

Hoy, el sistema todavía permite la alternancia. El gobierno puede perder. Pero empieza a hacerlo en condiciones más exigentes, más estrechas, más cargadas hacia un lado. Y en política, los cambios no ocurren solo cuando una regla se rompe, sino cuando muchas pequeñas decisiones se acumulan en la misma dirección.

No hay una ruptura visible. Hay un proceso que avanza sin estridencia, que modifica sin declarar, que ajusta sin reconocer del todo lo que implica.

Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Se transforman. Se erosionan. Se adaptan al poder que las habita.

No dejan de votar. Dejan de decidir. Así empieza a perder fuerza tu voto.

Que así sea.