Por Francisco Rivas
El pasado 9 de noviembre la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que la crisis derivada del paso del huracán Otis ya terminó. El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo en el que afirma que «ya no persisten las condiciones de emergencia» para Acapulco y Coyuca de Benítez.
¡Difícil entender a qué se refieren con ello! Tan sólo al ver las imágenes de devastación de viviendas, calles e infraestructura podemos entender que la crisis no ha terminado.
Basta escuchar las historias de los guerrerenses que necesitan desde agua potable, alimentos, medicamentos, ropa, electrodomésticos, muebles hasta vehículos, porque todo perdieron, para rechazar la declaración oficial que intenta convencer a la población que todo quedó resuelto.
Por si fuera poco, los brotes de infecciones, la crisis sanitaria que enfrenta la zona o las rapiñas y saqueos que a diario ocurren en Acapulco, nos confirman que el gobierno federal miente y su decreto no sirve para nada.
En cualquier situación humana el principal problema de auto engañarse, respecto al haber solucionado una crisis, es que dicho auto engaño nos lleva a la inacción, a la pérdida de sentido de urgencia, a la evaluación incorrecta de la realidad. Si una crisis terminó ¿para qué destinar recursos y esfuerzo en ello?
Lamentablemente, ya es costumbre que esta administración federal “resuelva” toda crisis por decreto. López ha anunciado una y otra vez el final de las crisis de violaciones a derechos humanos, de corrupción, de violencia, de delincuencia, de desapariciones de personas, pese a que en estos rubros estemos peor que nunca.
Desde su “primer informe de labores” López afirmó que su gobierno ya no viola derechos humanos. ¡Claro! Obviamente optó por ignorar que las denuncias por dichas violaciones crecen día a día; que sobran evidencias de cómo las fuerzas federales violan cada vez con mayor frecuencia el marco normativo y violentan los derechos individuales y colectivos; que las instituciones no cumplen sus funciones y niegan la atención a los ciudadanos; que la Fiscalía General de la República rechaza las denuncias de las víctimas de los delitos; que el pleno de consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos renunció en bloque por el mal desempeño de la institución y de su titular.
Para López sus declaraciones son verdad a pesar de lo que exhiban los hechos.
De igual forma, el presidente dio por terminada la crisis de corrupción que tanto ha aquejado a México pese a que en los últimos 5 años no haya habido un sólo plan para reducir el conjunto de ilícitos que enmarcan la corrupción; pese a que se haya desmantelado el aparato anticorrupción, que hayan crecido las observaciones por mal uso de los fondos públicos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y se hayan otorgado más asignaciones directas que nunca.
A López se le olvidan los sobres de efectivo que sus familiares recibieron en su nombre; los jugosos contratos otorgados directamente a sus amigos; los lujos con la que viven sus hijos -pese a que ninguno de ellos haya trabajado con anterioridad o tenga una fuente de ingresos que justifique sus extravagancias-.
Al presidente se le olvida que en su administración ocurrió el mayor hecho de corrupción de nuestra historia, el caso Segalmex, donde los involucrados han gozado de absoluta impunidad.
Eso mismo ocurre con la crisis de violencia y delincuencia. El presidente y sus funcionarios mes a mes manipulan información y hablan de bajas de delitos -que ni siquiera corresponden a las cifras oficiales que publica su administración- con el objetivo de resolver por decreto lo que no pueden resolver con acciones.
Aún cuando el homicidio aumentó en más del 50% comparado con las últimas dos administraciones; que la extorsión, los robos a negocio, la violencia familiar, las violaciones, los fraudes, la trata de personas, el narcomenudeo, los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, los delitos que atentan contra la libertad individual y aquellos que atentan contra la sociedad, se encuentran en máximos históricos, el presidente y la secretaria de seguridad mes a mes afirman que vamos muy bien y su estrategia de seguridad está funcionando.
De igual forma, López prefiere desperdiciar recursos públicos para cambiar la cifra de personas desaparecidas en vez de destinarlos a buscarlos, darles una identidad a quienes localizan sin vida, a garantizarles el acceso a la justicia a sus deudos.
López rechaza sus propios números oficiales, que muestran que en lo que va de su administración han desaparecido 46 mil personas -muchas más que las que ocurrieron en los sexenios de Calderón y Peña juntos-, y prefiere reconstruir la información estadística con el fin manipular la información.
Es un hecho ¡este gobierno intenta solucionar por decreto lo que no logra resolver por falta de estrategia, recursos, talento, capacidad, compromiso y honestidad!
La crisis en Acapulco, en Coyuca de Benítez y en Guerrero, no ha acabado como tampoco acabó la crisis de derechos humanos, corrupción, violencia, delincuencia y desapariciones, simplemente la quieren callar con decretos y narrativa.
De cara a las elecciones de 2024, quienes emitiremos nuestro voto debemos recordar que este gobierno no ha resuelto ni uno solo de los problemas que prometió resolver, que toda crisis la ha enfrentado engañando, atacando a las víctimas, amenazando a los medios de comunicación y manipulando la información.
Director del Observatorio
Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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