Por César Villalobos López *
Sin duda alguna, el problema de la cartera vencida de productores agrícolas del valle de Mexicali es muy grave para quienes las arrastran, al tiempo que resulta tema de sumo interés para manipulación política de diputados y senadores, porque les permite mantenerse vigentes.
El mejor ejemplo de quienes han sacado provecho político, es el ahora senador José Narro Cespedes, desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la entonces diputada priista y ahora senadora de la 4T, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.
Como priista, Sánchez Arredondo, siendo diputada federal estuvo tratando el tema de la cartera vencida con productores de trigo, cuando Francisco Javier Quintero Lugo presidia al Sistema Producto, pero en su gestión no tuvo ningún resultado positivo para los deudores.
Narro Cespedes llegó al ejido Hermosillo para conocer la inconformidad de productores de algodón con la calidad de semilla que recibieron de Bayer, al igual que el reclamo de los deudores sobre las carteras vencidas.
En aquel momento, el senador presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, rechazó el borrón y cuenta nueva que, exigían los deudores, y se pronunció por el análisis casuístico de cada adeudo, para conocer su origen y en base a ello buscarle una solución.
Sin embargo, en otra visita a Mexicali, tras una platica con Marina del Pilar Avila Olmeda, ahora gobernadora de Baja California, Narro Cespedes cambio de opinión y habló del borrón y cuenta nueva, propuesto por los deudores.
En esa ocasión dio a conocer que, junto con la gobernadora, se impulsaría el movimiento denominado Plan de Ayala, como organismo para promover políticas públicas del gobierno de la 4T que, en el estado, quedó en manos de individuos total mente ajenos al sector primario de la producción, pero con historial conflictivo, lo que les permitió incrustarse en las nóminas del erario.
En esto de la cartera se ha involucrado al diputado Manuel Guerrero Luna, presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso y al titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, arquitecto Juan Melendrez Espinoza, quien en la administración de Jaime Bonilla Valdez ocupó la presidencia del mismo organismo en el Congreso del Estado.
A lo largo de este tiempo y conociendo la mecánica de las reuniones donde se hacen diversos y encontrados planteamientos sobre el mismo tema, dependiendo del interés y conocimiento del ponente, entre los que se encuentran todólogos que buscan beneficio propio, o solo significación por sus palabras, para atraer reflectores.
Y, tal vez sea ese el motivo real del fracaso o poco avance de la ahora senadora y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, en su intención de contribuir a una parte de los graves problemas que afectan la agricultura del valle de Mexicali.
Esta situación también la observamos en la no lejana negociación sobre la renegociación de los contratos de productores de trigo con fuente de financiamiento, donde sin duda alguna, la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda fue vital, además de la comprensión de los empresarios.
En las fotos, en los videos, audios y declaraciones, participaron una serie de individuos sin ninguna relación con la producción de trigo, pero siempre presentes en todo tipo de movimiento, en especial aquellos donde hay alimentos y bebidas, pero al final enseñaron el cobre y despotricaron en contra del resultado.
Creo que, ahora nos encontramos con un panorama distinto porque en las platicas se soslayaron las tradicionales necedades, se tuvo asesoría externa especializada de quien conoce del tema financiero y comercialización, a través de la coordinación del presidente del Sistema Producto Trigo, para presentar al director general de la Financiera Rural, una petición concreta que permita abatir la cartera vencida.
Aquí la propuesta concreta:
1.- Fortalecer el programa para facilitar e incrementar la obtención de líneas de créditos directos para los productores del Valle de Mexicali.
2.- Que la Financiera integre el Programa de Reactivación Económica con el Programa de Cartera establecido por el Gobierno del Estado de Baja California.
3.- Detener los cobros por parte de los despachos legales que tiene contratados la FND (obligatoriedad en los pagos por honorarios a los despachos como requisito para acceder a los programas de restructuración).
4. Establecer la obligación a la FND de la transparencia y publicación de los criterios de selección aplicados a las solicitudes del Programa de Reactivación Económica, ya que actualmente se desconocen los criterios, reglas, normas y condiciones.
5. Que se establezcan fondos de garantías líquidas y mutuales, de coberturas de precios y de aseguramiento para generar proyectos viables y rentables.
* César Villalobos López, Licenciado en Periodismo, Cédula Profesional 9089292, miembro fundador de la Asociación Civil de la Asociación de Periodistas de Mexicali, en 1972 y de la FAPERMEX en representación de la APM en 2002 y miembro del Colegio Nacional de Periodistas fundado el 28 de agosto de 2015. Director de Semanario El Pionero desde 1998. Información que se publica en edición 1234 correspondiente del 16 al 22 de julio de mayo de 2022
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