Por Álvaro Aragón Ayala
CIUDAD DE MÉXICO. – La Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez Estrada, pretende colocar en el piso del ridículo, por el “caso Luis Enrique Ramírez”, a la periodista Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional la percepción es que en Sinaloa la investigación del crimen es retorcida y “dosificada” por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares.
El pasado 12 de mayo, el subsecretario de Seguridad Pública del país, Ricardo Mejía, informó en conferencia de prensa nacional sobre la identificación de los responsables del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. El lunes, en Ciudad Obregón, Sonora, en “La Mañanera” de AMLO, Rosa Ícela Rodríguez, precisó que ya se había establecido el móvil e identificado a los asesinos, sobre los que se habían girado órdenes de aprehensión.
Abiertamente, por razones “extrañas”, Quiñónez Estrada navega a contracorriente de la información federal. Para el gobierno de López Obrador el homicidio ya está esclarecido y solo falta detener a los responsables para procesarlos penalmente. Para la Fiscal estatal, la versión federal es una mentira: no hay móvil, no están identificados los criminales y no hay órdenes de arresto
Asegurar que la periodista Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, difundió una versión falsa, que no encaja con la “realidad” de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, es claro un insulto. Es tanto como indicar que el presidente López Obrador miente. La información que comunicó la alta funcionaria federal en la conferencia en Ciudad Obregón fue cotejada en Palacio Nacional directamente por el presidente de la República y su gabinete de seguridad.
El rechazo de Sara Bruna Quiñónez a la versión federal, además de ser considerada ofensivo por los funcionarios de la Secretaría de Seguridad del país, refuerza la hipótesis, en Palacio Nacional, en el sentido de que la carpeta de investigación del crimen de Luis Enrique Ramírez es manoseada por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, quien, de acuerdo a testimonios de abogados y periodistas, mangonea a la Fiscal General del Estado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador posee información fidedigna de los órganos de inteligencia del Estado -Centro Nacional de Inteligencia y de la Sección II de la Sedena o inteligencia militar- en torno al asesinato de Luis Enrique y la incursión “perversa” del secretario general de Gobierno interesado en desvirtuar los comunicados federales sobre los avances de la investigación y la identificación precisa de los autores del crimen.
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