Municipalizar los organismos operadores del agua del Estado a tres meses de concluir la actual administración estatal, sin un estudio previo o análisis sobre las condiciones en que se realizará, es una acción irresponsable que compromete financieramente a los Ayuntamientos, opinó Alberto Sánchez Torres, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Mexicali.
Lamentablemente vemos erradas las prioridades del Gobernador del Estado, enfatizó Sánchez Torres, ya que su principal responsabilidad en estos momentos, debería de ser la de garantizar la seguridad de todos los bajacalifornianos ante la ola de violencia y homicidios que colocan a 5 de los 6 municipios de Baja California como los más peligrosos a nivel nacional.
“Definitivamente los industriales creemos que la municipalización de los organismos operadores de agua en estos momentos, trae consigo un trasfondo político, más que un cumplimiento a la ley o un compromiso de campaña”, indicó.
A los industriales nos quedan muchas dudas sobre esta iniciativa enviada al vapor a días de concluir la actual legislatura, señaló, sobre todo cuando existen y están interpuestas demandas legales por parte de empresas que sufrieron cobros arbitrarios en el tema del agua.
Tan solo en Mexicali, aseguró, existen más de 100 demandas en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y sus titulares; si el día de mañana estos organismos operadores del agua son ya de orden municipal, no sabemos si recaerá en ellos las consecuencias de resoluciones a favor de las empresas.
Una vez más, dijo el líder de los industriales, los diputados que integran la actual legislatura del Estado, actúan como emisarios y acatan cualquier disposición del Gobernador del Estado, al igual que regidores y presidentes municipales emanados de Morena.
Desgraciadamente en Baja California, continuó, no se cuenta con un contrapeso en la legislatura local o en los cabildos, mucho menos en las instituciones que deberían observar toda acción arbitraria o al margen de la ley.
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