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Hay tierras sin sembrar porque sus propietarios son personas mayores de la tercera edad que prefieren conservar su patrimonio.
- No más simulaciones ni víctimas
- El abandono ha sido integral
- Productores no tienen organización
- Tierras ociosas por varias razones
- Así generan ingresos a sus propietarios
- Son viudas, adultos mayores y herederos
- Cartera vencida muy cuestionada
Por César Villalobos López
MEXICALI. – El abandono del valle de Mexicali, por la falta de rectoría oficial, en las actividades agrícolas, la insuficiencia e inoportunidad en los financiamientos, la ausencia de inversiones gubernamentales, es evidente en las siembras tardías de algodón, la maleza, así como las enfermedades del suelo en cultivos de trigo.
Esto es agravado por la desesperación del productor que habiendo hecho inversiones que no le permitieron ajustarse a las fechas optimas de siembra prefiere correr el riesgo de hacerlo en forma tardía, con la esperanza de buen climas y mejores resultados en su producción.
Sin embrago, el desplazamiento de las siembras ocasiona desfasamiento en los volúmenes de agua de los Módulos de Riego que pueden afectar los programas de suministro de agua que se formulan en base a la programación de cultivos con la participación de los usuarios.
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A lo largo y ancho del valle de Mexicali se observan tierras ociosas que no fueron sembradas por sus propietarios, pudiendo obedecer esto a la carencia de solvencia económica del productor para la obtención de financiamiento, o por estar en cartera vencida que pudo haber sido ocasionada por malas cosechas, problemas de comercialización, abuso de habilitadores y acopiadores o la deshonestidad del agricultor.
También hay tierras sin sembrar porque sus propietarios son personas mayores de la tercera edad que prefieren conservar su patrimonio, rentando los derechos de riego, en lugar de establecer algún cultivo, o son predios cuyos herederos son profesionistas sin interés en la actividad agrícola.
La renta de los derechos de riego es una práctica positiva para quienes efectúan siembras que requieren mayor volumen de agua de la cuota establecida por hectárea, o la ponen a disposición del Módulo de Riego para ofertarla a las Comisiones Estatales del Agua y/o a la Secretaria del Agua para su conducción la zona costa por el acueducto Rio Colorado Tijuana.
En predios con siembras de algodón se observan fallas de nacencia, desconociéndose si el problema es la simiente o la condición del suelo, pero la indiferencia de las autoridades y de los agricultores de la costa que manejan el Comité Estatal de Sanidad Vegetal abonan a la proliferación de este tipo de problemas.
Sumado a esto, con la desaparición de los programas de Extensionismo del sector oficial o la asistencia técnica por parte de habilitadores, queda el productor a cargo de ese servicio y, sin contratar a un especialista, prefiere utilizar las recomendaciones de los vendedores de agroquímicos, quienes n o siempre actúan con ética.
Suele suceder que los productores observan buen control de plagas o malezas en el predio de un vecino y generalmente tratan de aplicar los mismos productos, sin verificar que el origen del problema den su cultivo sea el mismo, o simplemente atendiendo la opinión del vendedor de los agroquímicos.
Se tienen casos de medianos o grandes productores, con espíritu innovador, que se quejan de que los técnicos no quieren trabajar, pero olvidan que no les cumplieron los tratos de pago, pese a que tuvieron éxito en el cultivo establecido.
Respecto a la cartera vencida que es mencionada por algunas cabezas de grupos, es muy cuestionada en su origen, porque además de la voracidad y abuso de algunas empresas habilitadas como ventanilla para la recepción de los apoyos de Aserca, situación utilizada por agricultores como pretexto para desviar o robarse la cosecha, garantía del financiamiento, mientras que otros no necesitaron de ese pretexto y venían desviándolas o no pagando créditos.
La revisión casuística, recomendada en el 2019 por el senador Jose Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, rechazada por los grandes deudores, resolvería el problema con soluciones o reestructuraciones en base a su historial crediticio y solvencia.
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