Cártel del Dragón, el gran culpable de la extinción de la vaquita marina

Opinión de Enrique Alvarado, Andrés M. Estrada and Alejandro Melgoza *

La vejiga natatoria de la totoaba, un pez endémico del Alto Golfo de California, desató desde la década de 1990 una fiebre culinaria entre las élites asiáticas por sus supuestas propiedades afrodisíacas y medicinales. El aumento de la demanda también ha provocado un mayor tráfico, así como un problema de seguridad nacional en México: disputas entre grupos criminales, crisis social en los pueblos pesqueros de la zona y la casi extinción de la vaquita marina, un cetáceo que cohabita con la totoaba y queda atrapada en las mismas redes pesqueras.

Detrás de este negocio muy lucrativo —un kilo de “buche” de totoaba se tasa en 5,000 dólares en México y 60,000 al llegar a China— está el Cártel del Dragón, una estructura criminal integrada por empresarios restauranteros e intermediarios chinos, mexicanos y estadounidenses que operan en esos tres países, así como autoridades de distintos niveles y pescadores furtivos.

Este cártel, cuya presencia ha pasado sigilosa aunque altos funcionarios de seguridad nacional advirtieron desde 2013 de su existencia en las instituciones, ha recibido muy poca atención y menos golpes a sus finanzas o a sus principales cabecillas, de acuerdo con nuestra investigación que publicamos en alianza con la organización Connectas. Las autoridades mexicanas han fracasado en su combate, y eso incluye desde inspectores ambientales y agentes del ministerio público, hasta fiscales y jueces.

La justicia estadounidense y la china han asestado golpes efectivos al Cártel del Dragón, pero en la práctica el Proyecto sobre términos de referencia del Grupo de Contacto Trilateral sobre aplicación de la Ley, en el cual participa México, sigue estancado. Existe una gran oportunidad para que las autoridades en este país ataquen las finanzas de esta organización, como ya lo ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera con la investigación denominada Totoaba-San Felipe, la cual no se ha hecho pública aún.

El Cártel del Dragón también comercializa pepino y caballito de mar, así como tortuga marina. Y mientras las autoridades son omisas o participan en el negocio ilegal, quienes sufren son las comunidades pesqueras de la zona en Baja California, arrinconadas por una crisis social y de seguridad, con opciones de sustento reducidas a la pesca y el turismo. Por eso cada día hay más habitantes de estas comunidades que se involucran con el cártel, aunque el riesgo lo corren los pescadores y los activos van a los bolsillos de los criminales. El tráfico de fauna es el tercer negocio más lucrativo en el mundo, de acuerdo con la Policía Internacional.

La relación del Cártel del Dragón con la totoaba surgió hace un siglo con la fundación del barrio La Chinesca, en Mexicali, Baja California, cuando una empresa contrató a ciudadanos chinos para construir un sistema de riego. A su llegada descubrieron el parecido de la totoaba con la bahaba —corvina amarilla oriental, especie amenazada en China– y comenzó la pesca masiva, con rutas de comercio hacia Estados Unidos.

La explotación tuvo un pico en 1975, cuando se declaró al pez en peligro de extinción y se prohibió su pesca. Pero la prohibición de nada ha servido para detener al Cártel del Dragón: la tasa de impunidad en el combate al tráfico de totoaba es de 95.3%. Además, solo se castiga a los eslabones más débiles, que son los pescadores.

Los atrasos en su combate son serios: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no posee facultades para investigar o recabar evidencias, y tampoco realiza actividades de inteligencia. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo precisó desde 2016 y recomendó que la dependencia se fortaleciera judicialmente, pero el Estado mexicano ha hecho caso omiso. Por otro lado, la Fiscalía General de la República tiene la pericia, pero no el interés por combatir a los delitos ambientales. Esto se replica en los jueces, cuyas resoluciones en el caso de la totoaba son reparaciones económicas que le salen baratas a los traficantes.

Ante todo, ello, la totoaba está en riesgo y la vaquita marina está prácticamente extinta, con menos de 10 ejemplares vivos, pese a que desde hace décadas se han erogado millones de pesos en planes para rescatarlos.

En 1992 se creó el Comité técnico para la preservación de la vaquita marina y la totoaba. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) también hubo intentos, como el fracasado Programa Vaquita CPR, y la Gendarmería ambiental lanzada en 2016. Si bien tuvo tropiezos y estaba muy lejos de ser un ejemplo, como sí lo es la Policía Ambiental de Costa Rica, lo adecuado era conservarla. No obstante, fue borrada de un plumazo en este nuevo gobierno federal, como ha sucedido con otras iniciativas ambientales.

Son casi 30 años de esfuerzos gubernamentales sin efecto y visiones conservacionistas que no piensan en los pueblos pesqueros. En el campo visual reducido de algunas organizaciones que solo se enfocan en la conservación de las especies, el problema solo es la pesca furtiva y no el lavado de activos a escalas grandes, así como la profunda corrupción que gangrenó a la Profepa. Los exfuncionarios de seguridad nacional que hablaron con nosotros señalaron que desde 2013 advirtieron a la Profepa que había altos mandos involucrados con el Cártel del Dragón, sin que hubiera respuesta alguna.

Las autoridades han fracasado en proteger a dos especies en riesgo, como la totoaba y la vaquita marina, incluida desde 1979 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Esto a pesar de las advertencias de Estados Unidos para imponer sanciones contra el comercio pesquero mexicano en caso de no detener la pesca furtiva de totoaba. Ante los nulos resultados en el combate de este problema, que tiene los ojos y el apoyo de la comunidad internacional encima, cabe preguntarse: ¿Qué sucederá con otras especies codiciadas por traficantes internacionales como el jaguar, ya demandado en una red transnacional china?

Hacer caso omiso al poder del Cártel del Dragón tendrá consecuencias severas en los próximos años en las comunidades pesqueras y las especies marinas. La estructura criminal ha crecido y sus procesos se han sofisticado. Es momento de que el gobierno mexicano deje de evadir golpear el corazón financiero de este cártel y simular que los pescadores furtivos son los únicos culpables en esta historia.

* Enrique Alvarado, Andrés M. Estrada y Alejandro Melgoza integran el colectivo de periodismo ambiental Naguales.

* Publicado por The Washington Post en mayo 10, 2021.