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El viaje de la emperatriz

Por Francisco Ruiz*

Martes 13 de octubre de 2020. Aunque el artículo 80 constitucional dicta que el ejercicio del Poder Ejecutivo federal se deposita en el presidente de la República, parece que Andrés Manuel López Obrador decidió compartir el cargo con su esposa Beatriz Gutiérrez y -muy convenientemente para la escritora- la mandó como su representante a una gira por Europa.

Las dudas que surgen son: ¿por qué el presidente decidió enviar a su esposa, quien no ostenta ninguna responsabilidad gubernamental, a un encuentro oficial en el extranjero? ¿Qué pasó con el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Cultura? Sólo recuerdo a una consorte que haya viajado al Viejo Mundo para entrevistarse con el Papa y distintos jefes de Estado: la emperatriz Carlota.

De acuerdo con el artículo 89, fracción X, de nuestra Carta Magna, el presidente es el responsable de dirigir la política exterior de México; para ello, se auxilia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otro lado, el artículo 90 del mismo ordenamiento señala que la Administración Pública Federal (APF) estará a cargo de las Secretarías de Estado y de las entidades paraestatales, derivándose así la Ley Orgánica de la APF.

Al consultar esta última, particularmente los artículos 28 y 41 Bis, encontré las atribuciones de ambas Secretarías perfectamente definidas. En ninguna se concede la facultad para enviar a la esposa del presidente en su representación.

López Obrador es el representante del Estado mexicano, representación que puede delegar a través de los “plenos poderes”, es decir, “el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos”. Ante ello nacen otras interrogantes: ¿el presidente habrá otorgado dicha plenipotencia a su esposa? ¿No es eso un acto de nepotismo (uno de los diez tipos de corrupción grave según Iniciativa Ciudadana 3 de 3)?

Habrá que consultar la Plataforma Nacional de Transparencia sobre el particular; a la cual, por cierto, ya le pregunté cuánto nos costó a los tijuanenses la “pachanga” del Grito de Independencia y, según la respuesta recibida, nada más de livestream, monitores, áreas especiales, staff técnico, audio, microfonía, iluminación, house y generador eléctrico, fueron 290 mil pesitos, sin contar los honorarios de Los Tucanes, información que sigo esperando muy atento.

Leyendo las reflexiones de algunos colegas columnistas me encontré con algunas voces que sugerían que el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, debió seguir las recomendaciones del gobernador y separar del cargo al secretario de Seguridad, algo con lo que difiero absolutamente, dado que el Ayuntamiento es un órgano autónomo. Quiero aclarar que no intento “defender” al secretario, quien, dicho sea de paso, no está ofreciendo resultados en materia de seguridad, sino que apelo al irrestricto cumplimiento de la ley. Además, Arturo González ya advirtió que él se va, pero el secretario se queda. ¡Ah que caray! Yo creí que quien decidiría sería la próxima alcaldesa.

Al final, me parece que González Cruz no es tan diferente a Bonilla Valdez, porque, así como el gobernador se ha “bronqueado” con la Federación por “defender” la soberanía interna de Baja California, el alcalde ha hecho lo propio por “defender” a Tijuana. Como quiera que sea, queda claro que, ante la elección del próximo gobernador de Baja California, a Jaime Bonilla le ha surgido una desquiciada obsesión por salirse con la suya e imponer a su sucesor.

Post Scriptum. “Antes tratábamos de hacer algo. Ahora tratan de ser alguien”, La Dama de Hierro.

* El autor es catedrático, escritor y cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral.

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