Tribunal falla a favor de afectados por Grupo México en Río Sonora

HERMOSILLO, SONORA. – A 3 años de distantica un Tribunal Colegiado de esta capital dictó medidas urgentes para garantizar la atención médica a los niños de Bacanuchi, en el Río Sonora, por la afectación del derrame tóxico de Grupo México en 2014, tras inicio de una lucha legal por violaciones a sus derechos, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Las medidas favorables a los habitantes de Bacanuchi, en el Río Sonora, son resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.

Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes, contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a auto medicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.

Cabe destacar que la comunidad está sumamente aislada desde 2016, cuando la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, cambió los caminos de acceso para construir una megaobra, la nueva presa de jales, a 20 km de allí. A Bacanuchi tampoco llega el transporte público.

Al resolver el recurso, el 15 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado amplió la suspensión a los otros niños promoventes y dictó medidas para proveer atención médica integral a los niños en Bacanuchi, inclusive mediante el envío de una unidad móvil a la comunidad. También precisó que, si los niños llegaran a presentar padecimientos que requieran tratamientos más complejos, deben ser trasladados con el máximo cuidado a las instalaciones de salud pública más cercanas y brindarles los medicamentos correspondientes. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Arizpe debe proporcionar transporte gratuito a los niños que requieran ser trasladados.

El Tribunal indicó también que las medidas dictadas benefician a toda la comunidad, puesto que de acuerdo al derecho a la salud no se podría limitar el servicio médico únicamente a los niños que presentaron el amparo.

Bacanuchi es conocida por llevar adelante una lucha por sus derechos frente al gigante de la minería, Grupo México, desde que la comunidad fue seriamente afectada por el derrame tóxico en el 2014 y por la construcción de la nueva presa de jales de la minera, a partir de 2016. Es también la comunidad a favor de la cual falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la nueva presa en septiembre de 2018, por la violación a su derecho a participar y con ello inició un proceso de diálogo con las autoridades ambientales. Muchos de sus habitantes participan activamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).