- Fiscalía da carpetazo a famoso caso de los moches
- Los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad
- No existe compromiso real por acabar con la corrupción
MEXICALI.- Los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad sobre el caso de los moches, que trascendió a nivel nacional, y que ahora el gobierno estatal pretende enterrar dándole carpetazo, manifestó la Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge.
La legisladora mexicalense recordó que fue a finales del año pasado, a inicios de la presente administración estatal, cuando se desató el escándalo de los moches, que puso a Baja California en la palestra nacional.
Trascendió que antes de iniciar la actual administración estatal, funcionarios del nuevo gobierno se vieron involucrados en la solicitud de dinero a empresarios, para presuntamente garantizar contratos futuros.
Fue a finales del año pasado que solicitó ante el Senado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así como la Fiscalía General de la República, realicen las investigaciones pertinentes en el caso de los moches en los que se involucraron a los entonces funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Baja California.
Además, se exhortara al Gobierno del Estado que esclarezca y finque responsabilidades de conforme a la ley.
Gina Cruz expuso que muy al contrario, en medio de una emergencia sanitaria, cuando los bajacalifornianos están más preocupados por atender su salud, además de la incertidumbre económica que le depara el futuro, que la Fiscalía Estatal del Estado (FGE) realiza el siguiente anuncio.
El “no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas en contra de Demian N y Cynthia Gissel N”, con lo que determinó archivar el caso de negociaciones ilícitas, según un comunicado enviado esta misma noche.
La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, mencionó que este tipo de investigaciones deben ser exhaustivas y llegar hasta las últimas consecuencias, para determinar o no la responsabilidad de los señalados, o bien, seguir otras líneas de investigación.
Se debe determinar si hay más involucrados en el presunto hecho delictuoso, y seguir con las diligencias hasta dar con toda la verdad.
Aún hay muchas preguntas por contestar y los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad en este presunto caso de corrupción del gobierno estatal, que puso en entredicho los principios de la actual administración de “no robar, no engañar y no traicionar”, que tanto pregonan.
La separación de sus respectivos cargos de los señalados no es suficiente, ya que no se determinó su responsabilidad o no, con ello, el gobierno de la Cuarta Transformación demuestra que no tiene un serio compromiso de combate a la corrupción, sino al contrario, pretende enterrar el asunto.
Ante esta situación, no cesaremos en exigir se aclare este asunto, hasta que los bajacalifornianos tengan una respuesta sobre el origen de ese dinero y se deslinden responsabilidades, aseveró Gina Cruz.
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