La inoportunidad con los que la Secretaria de Agricultura ha entregado los apoyos de pro campo y otros, también forma parte de los posibles quebrantos, a decir de los campesinos
- Deuda por diversos motivos
- Empresas contribuyen a ella
- Compraron sin factura
- Algunas pagaron en efectivo
- Propiciaron corrupción
- Omisa la autoridad agrícola
- ¿Y los que si pagaron qué?
Por César Villalobos López
MEXICALI. – Tras los fallidos anuncios que desde hace varios años han venido haciendo legisladores y funcionarios sobre un tratamiento para la reestructura de la cartera agrícola vencida generada en el valle de Mexicali, de la cual no se ha precisado una cantidad, se tienen visos de que una buena parte es consecuencia de actos de corrupción de parte de habilitadores, acopiadores y productores, así como de la omisión de la autoridad.
Este problema se hizo presente en la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, cuando avalo, al diputado Benjamín Castillo Valdez, un documento para solicitar al Congreso de la Unión alrededor de 300 millones de pesos para el tratamiento de la cartera vencida, sin haberse logrado el objetivo.
En la pasada legislatura federal, la diputada federal Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, se involucró en el tema de la cartera vencida y en múltiples ocasiones convoco a productores de trigo, principalmente, a la capital del país, donde realizaba gestiones ante el Congreso y la Secretaria de Agricultura, en busca de una respuesta positiva que nunca llegó.
Los productores que arrastran los adeudos han señalado que el quebranto ha sido consecuencia de los altos costos de los insumos, incluyendo el diésel, los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, mala calidad dela semilla recibida para siembra y otros, entre ellos los inadecuados apoyos federales para la integración de un precio redituable en sus cosechas.
Los afectados consideran que los precios establecidos por el gobierno federal para establecer los ingresos objetivos, especialmente para la comercialización del trigo, son inadecuados, independientemente de que en los centros de acopio que, operan como ventanillas de apoyo a la entrega de apoyos, los escamotean y los aplican como abono a las deudas resultantes.
La inoportunidad con los que la Secretaria de Agricultura ha entregado los apoyos de pro campo y otros, también forma parte de los posibles quebrantos, a decir de los campesinos.
Sin embargo, se soslaya que a raíz de los adversos resultados económicos del ciclo otoño invierno 2015/2016, adjudicados a los abusos de los centros de acopio y de habilitadores, más la condición de precio, los trigueros, a la cosecha del ciclo homologo 2016/2017 tomaron revancha aprovechando la ausencia de rectoría oficial en el manejo de cosechas.
Ni Sanidad Vegetal, ni los Caders, ni el Comité Estatal de Sanidad Vegetal tuvieron control sobre la movilización de las cosechas, al desaparecer las guías de origen que por año se expidieron, situación que fue aprovechada por dos o tres empresas ganaderas y acopiadoras de grano para comprar el trigo, sin importar su origen, en ocasiones sin factura y hay versiones de pagos en efectivo.
Los compradores pagaron 4 mil y más pesos por tonelada, sin castigo alguno, lo que obligo a algunas empresas afiliadas a la COPARMEX a integrar un Buro de Credito Agrícola y a formar un grupo de inspectores para detectar a sus clientes habilitados que entregaban grano en los lugares de compra de empresas que no operaron financiamientos.
Ello genero enojo en muchos de los productores que desviaban la cosecha, aduciendo una represalia en contra de sus habilitadores y o acopiadores, por los abusos que en su contra cometieron el ciclo anterior.
En varios accesos a los sitios de recepción de los compradores se tuvieron conatos de agresión por la toma de datos a las placas y/o toma de fotografías de los vehículos que trasportaban el trigo desviado a esos lugares de compra.
En total, el Buro de Credito Agrícola registro 542 productores con contratos de crédito en las empresas afiliadas y al final del ciclo tuvieron 816 boletines de sujetos que no cubrieron sus créditos o no entregaron el total de la cosecha al habilitador.
Ante esa situación nos encontramos que el diferencial obedeció a que 274 boletines corresponden a productores que tuvieron adeudos con dos o más empresas.
Lo grave es esto es que algunas de las empresas que formaron el Buro de Credito Agrícola, ante la posibilidad de recuperar una parte de los créditos en cartera vencida, están tratando de nulificar los reportes de los clientes desleales, a propuesta de quienes asesoran a los campesinos en el proceso de gestión para obtener recursos del gobierno federal.
Así las cosas, antes de procederse a cualquier tipo de tratamiento debería de hacerse una revisión a fondo, de las superficies de siembra de cada productor, del volumen de sus cosechas y lo desviado para eludir el pago de los créditos.
La pregunta seria, ¿cuál es el beneficio para aquellos que buscaron la forma de cumplir y pagar, sin importar los resultados adversos?
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