El Congreso local aprobó por unanimidad adicionar el artículo 320 Bis al Código Penal del Estado para sancionar con pena de prisión a quien realice llamadas falsas a números de emergencia.
La Legislatura de Baja California dio a conocer que por unanimidad de la Asamblea Legislativa se aprobó el dictamen 53 de la Comisión de Justicia que contiene dicha iniciativa propuesta por el legislador Marco Antonio Corona Bolaños Cacho.
Dicho artículo establece lo siguiente: “Comete el delito de uso indebido de medios de comunicación de emergencia y denuncia, la persona que de forma dolosa reporte hechos falsos a instituciones públicas que presten servicios de emergencia y protección civil”.
También de “bomberos o seguridad pública y provoque la movilización y presencia de elementos de dichas instituciones, a la que se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días del valor de la unidad de medida y actualización vigente”.
En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días del valor de la unidad de medida y actualización vigente, refiere.
En su exposición de motivos, Corona Bolaños Cacho argumentó “que las llamadas de reportes falsos son hechos que afectan la operatividad de las instituciones que atienden los incidentes, y no sólo se desperdician importantes recursos públicos”.
También, agregó, “se pone en riesgo a otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentra en peligro su patrimonio, integridad o su vida”.
Aseveró que en algunos estados del país como Coahuila, Colima, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, entre otros, se ha legislado respecto de las llamadas falsas o de broma, tipificando como delitos las mismas.
Dio a conocer que en Baja California, en el transcurso de lo que fue el 2017, se realizaron cerca de seis millones 365 mil 720 llamadas a los números de emergencia, siendo el 79 por ciento de ellas falsas.
Con ello, agregó, se ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional con el mayor número de llamadas improcedentes después de Querétaro, Nuevo León, Colima y Aguascalientes.
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