Con la aprobación de las Leyes Secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, Baja California contará con uno de los Sistemas Anticorrupción más avanzados de todo el país, afirmó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
De Hoyos Walther reconoció el liderazgo del organismo a nivel local para impulsar una iniciativa que cuenta con avances que superan a las que han sido aprobadas en las otras entidades del país.
Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex Mexicali, precisó que la participación de Coparmex Nacional fue sustantiva para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y que fue a partir del decreto de hace un año, en donde convocaba a los estados a armonizar y crear el Sistema local, cuando el expresidente de Coparmex Mexicali, Francisco Fiorentini, en compañía de más de 4,600 firmas hizo la presentación de la iniciativa ciudadana de Coparmex.
Sin embargo, el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el primer paso en la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de anticorrupción a nivel nacional, por lo que Coparmex se sumó a la iniciativa #VamosPorMás, desde la cual se impulsará una nueva generación de reformas legislativas que entre otras incluyan las leyes de Adquisiciones, Obra Pública, de Archivos, y revisar la figura del fuero federal para el presidente, legisladores, gobernadores y funcionarios, a fin que no otorguen inmunidad e impunidad.
“Vamos también por una Fiscalía General de la Nación autónoma e independiente de la PGR; por un régimen de fondo para modificar el financiamiento público de los partidos políticos; también, vamos por nombramientos apegados a las mejores prácticas de los fiscales anticorrupción e integrantes de los sistemas anticorrupción estatales, dotándolos de los recursos necesarios para operar”, comentó Gustavo de Hoyos.
Durante el cierre del evento, el presidente nacional de Coparmex entregó un reconocimiento a Francisco Fiorentini por su labor realizada durante los últimos meses al impulsar la iniciativa ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Puntos sobresalientes de la nueva Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de B.C.
* Tendrán el carácter de recomendaciones vinculantes, las que emita el Comité Coordinador.
* Se integra como autoridad miembro del Comité Coordinador a los Síndicos Procuradores de los cinco municipios.
* Se integran 11 representantes del Comité de Participación Ciudadana al Comité Coordinador.
* El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 15 ciudadanos, diez de carácter técnico (2 integrantes técnicos por cada uno de los cinco municipios, estos cobrarán con tope de contraprestación) y 5 de carácter honorífico (no percibirán emolumento alguno).
* La presidencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, estará a cargo del ciudadano honorífico en quien recaiga la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el cual contará con voto de calidad en la toma de decisiones del Comité Coordinador.
* Participación Ciudadana en los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, Auditor Superior del Estado, Órganos Internos de Control y del Magistrado Especializado.
Convencido de que se necesita fortalecer al naciente Sistema Nacional Anticorrupción, Gustavo de Hoyos Walther compartió que trabajarán para proponer, y también para exigir, del Gobierno Federal, del Congreso de la Unión, de los gobernadores y de las legislaturas locales los siguientes puntos:
Una Fiscalía que sirva, una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General no solo autónoma, sino independiente, eficaz, con los controles democráticos adecuados; Nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local.
Recursos suficientes que aseguren independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción;
Reformas legislativas que, entre otras, incluyen las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores para otorgar inmunidad y evitar la impunidad.
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