Semanario El Pionero

Expresión de Mexicali y su Valle

Reclama CNC falta de apoyo al campo

Mario Soto Ibarra, presidente de la organización en Baja California de la Confederación Nacional Campesina.

Por Dianeth Pérez Arreola

La Confederación Nacional Campesina (CNC) expresó su preocupación por el presupuesto asignado al campo mexicano en el ejercicio fiscal 2027, en el marco de la discusión del Presupuesto de Ingresos de la Federación que se realiza esta semana. Mario Soto Ibarra, presidente de la organización en Baja California, advirtió que los recursos contemplados “no cumplen ni con las necesidades reales del sector ni representan una respuesta suficiente a los problemas que enfrentan diariamente quienes trabajan y producen en el campo”.

Soto Ibarra señaló que el sector requiere “una política integral con presupuesto suficiente, programas de apoyo efectivo y una visión de largo plazo que permita garantizar la producción y rentabilidad y mejorar las condiciones de las familias campesinas”. Cuestionó con dureza el discurso oficial sobre soberanía alimentaria: “¿Con qué desfachatez hablan de soberanía alimentaria? […] cuando la soberanía alimentaria no es poco de atención prioritaria”.

Recordó que México importa más de 24 millones de toneladas de maíz, que por primera vez en 30 años se importaron 4.5 millones de toneladas de trigo cristalino y que el 80 por ciento de las oleaginosas que se consumen en el país provienen del exterior. “¿Cuál defensa de la soberanía si la soberanía alimentaria es la que menos les preocupa?”, preguntó.

La CNC manifestó su inconformidad y llamó al gobierno federal y a los legisladores a “revisar las prioridades presupuestales y atender verdaderamente las demandas”. “El campo no necesita ni discursos ni promesas, necesita presupuesto, políticas públicas eficaces y voluntad política para atenderlo”, enfatizó Soto Ibarra.

Como referencia del peso del sector, el dirigente recordó que 32.7 millones de mexicanos viven en zonas rurales, 5.3 millones participan en la producción agrícola y el 55 por ciento de la tenencia de la tierra es de propiedad social. También aludió a Segalmex como “nido de corrupción” que, según dijo, “sigue siendo sin atenderse debidamente bajo el esquema judicial”.

Entre las propuestas de la Confederación Campesina, Soto planteó establecer un seguro catastrófico para el productor, mecanismo que ya opera en Baja California y otros estados, y mencionó los daños sufridos por los productores de trigo en Ensenada tras el fenómeno Rachel.

Propuso crear el programa “Mujeres en el Sector Rural” para priorizar a las mujeres del campo y mejorar su nivel de vida, así como destinar 3 mil millones de pesos adicionales a sanidad a fin de reforzar el control fitosanitario en productos agrícolas y ganado.

También demandó 2 mil millones de pesos más para caminos rurales y generar condiciones que permitan arraigar a los jóvenes en el campo, pues solo entre el 17% y el 23% de los productores tienen menos de 45 años, lo que evidencia la falta de relevo generacional y ha contribuido a que 4.6 millones de hectáreas dejen de sembrarse, 100 mil de ellas en el Valle de Mexicali.

El dirigente solicitó incrementar en alrededor de mil millones de pesos el presupuesto de la Procuraduría Agraria para que cuente con oficinas, vehículos y equipo logístico que permitan atender a los ejidos en sus propias comunidades, en lugar de obligar a los productores del sur de Baja California a recorrer 600 o 700 kilómetros hasta los centros de atención en San Quintín o Ensenada.

Pidió otorgar mil millones de pesos adicionales a los tribunales agrarios para mejorar sus esquemas de operación y evitar dilaciones en la impartición de justicia, y reforzar la estructura del Registro Agrario Nacional, responsable del control documental y catastral de los ejidos, que actualmente opera con personal mínimo y no logra cumplir los plazos establecidos en la ley y el reglamento. Soto Ibarra subrayó que estas demandas buscan una atención real al campo mexicano, más allá de los discursos.