Por Guadalupe Villalobos Guerrero
El Gobierno Federal presentó esta semana el nuevo Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, como una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria, garantizar mejores condiciones de comercialización y evitar el deterioro económico de miles de productores mexicanos.
La propuesta fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Hacienda, destacando que el esquema beneficiará a 61 mil productores, abarcará 705 mil hectáreas y apoyará la comercialización de 7 millones de toneladas de maíz blanco.
Y hay que decirlo con claridad: el esfuerzo de sentar en la misma mesa a productores, comercializadores, industria harinera, proveedores de insumos, financieros y gobierno no es menor. Desde hace años el sector agrícola reclamaba coordinación y visión de cadena productiva. En el discurso oficial existe un reconocimiento implícito de que el mercado del maíz blanco atraviesa una crisis seria y que la rentabilidad del productor se encuentra comprometida.
Sin embargo, más allá del entusiasmo político, es indispensable revisar las cifras y entender la dimensión real del problema.
El propio Gobierno señala que el programa apoyará a 61 mil productores en 705 mil hectáreas. Si hacemos una división simple, estamos hablando de un promedio cercano a 12 hectáreas por productor. Eso nos confirma que el esquema está diseñado principalmente para pequeños y medianos agricultores.
Hasta ahí, el enfoque social parece lógico.
Pero cuando analizamos el tamaño nacional del cultivo, aparecen los primeros contrastes. En México se siembran aproximadamente 6 millones de hectáreas de maíz blanco al año. Las 705 mil hectáreas consideradas en el programa representan apenas cerca del 12% de la superficie nacional.
No obstante, el Gobierno asegura que este esquema impactará 7 millones de toneladas de maíz blanco. Y ahí surge otra interrogante importante.
Si México produjo alrededor de 30 millones de toneladas de maíz blanco en 2025, entonces el programa estaría cubriendo aproximadamente el 35% de toda la producción nacional.
El dato simplemente no empata con los rendimientos promedio históricos del país.
México tiene rendimientos nacionales promedio cercanos a 3.3 toneladas por hectárea. Sin embargo, para alcanzar las 7 millones de toneladas en 705 mil hectáreas, el programa estaría considerando rendimientos cercanos a 10 toneladas por hectárea, niveles que sólo se logran en regiones altamente tecnificadas y con disponibilidad suficiente de agua.
La pregunta es inevitable: ¿el programa fue diseñado pensando en la realidad nacional o únicamente en zonas de alta productividad?
Porque una política pública mal diagnosticada puede terminar generando expectativas imposibles de cumplir.
Otro aspecto relevante es el discurso sobre soberanía alimentaria y autosuficiencia. Durante muchos años México fue autosuficiente en maíz blanco. Incluso hubo ciclos donde exportábamos excedentes. El problema no era el maíz blanco; el problema histórico estaba en el maíz amarillo destinado al sector pecuario e industrial.
Sin embargo, durante el sexenio pasado la producción nacional comenzó a caer por múltiples factores: sequía, abandono de apoyos productivos, incertidumbre comercial, incremento en costos de producción y una política agropecuaria más orientada al asistencialismo que a la productividad.
El resultado fue claro: México comenzó nuevamente a importar maíz blanco.
Y aquí aparece quizá el punto más delicado de toda la discusión.
El Gobierno propone que las empresas compradoras adquieran primero maíz mexicano antes de importar. La idea suena bien políticamente, pero en la práctica resulta una petición innecesaria y hasta ociosa.
Las empresas importan maíz por tres razones muy concretas:
Primero, porque la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda.
Segundo, porque el maíz importado resulta más barato.
Y tercero, porque parte del consumo humano ya está utilizando maíz amarillo importado.
Ese es el verdadero tema que nadie quiere abordar con claridad.
Si en México se producen entre 20 y 24 millones de toneladas de maíz blanco para consumo humano y el mercado sigue sin absorber completamente esa producción, mientras simultáneamente se importa maíz amarillo, entonces existe una sustitución silenciosa del maíz blanco nacional por maíz amarillo importado —en muchos casos transgénico— dentro de cadenas alimentarias donde históricamente predominaba el maíz blanco mexicano.
Ahí está el fondo del problema.
Y mientras no se reconozca abiertamente, cualquier estrategia de “precio justo” corre el riesgo de quedarse solamente en un mecanismo temporal de contención política.
Porque el gran conflicto estructural continúa intacto: el precio de referencia que recibe el productor mexicano sigue ligado a la Bolsa de Chicago, un mercado construido principalmente alrededor del maíz amarillo estadounidense y no del maíz blanco mexicano.
Es decir, el agricultor mexicano produce un grano con características, usos y mercados distintos, pero su precio sigue dependiendo de referencias internacionales que no reflejan su verdadera condición comercial.
Esa distorsión lleva décadas afectando al productor nacional.
Por ello, aunque el nuevo sistema contiene elementos positivos —como contratos anticipados, reducción de intermediarios, mecanismos de protección climática y coordinación de la cadena—, la gran duda es si realmente está atacando la raíz del problema o solamente administrando la crisis.
Porque la soberanía alimentaria no se construye únicamente con discursos, mesas de diálogo o acuerdos voluntarios.
Se construye con rentabilidad real para el productor.
Con políticas de productividad.
Con investigación y tecnología.
Con reglas comerciales claras.
Y, sobre todo, con un mercado que verdaderamente valore el maíz blanco mexicano por lo que representa estratégica, cultural y alimentariamente para el país.
No quisiera ser aguafiestas. Ojalá el esquema funcione. Ojalá logre estabilizar precios y evitar el abandono del campo.
Pero si no se habla con honestidad sobre el verdadero desequilibrio del mercado del maíz en México, la muy mencionada soberanía alimentaria seguirá siendo una meta pendiente… y la rentabilidad del productor también.
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