Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI.- Vecinos del fraccionamiento Villa Mediterránea Residencial solicitaron la intervención de diversas autoridades municipales ante el conflicto que mantienen por la administración de la asociación de residentes y las condiciones de acceso al complejo habitacional.
Se llevó a cabo ayer por la noche una reunión en el edificio del Ayuntamiento de Mexicali, siendo atendidos por Jorge Enrique Torres Espinoza Sub Director de Dirección de Administración Urbana, pero al igual que en el encuentro con Víctor Hugo Delgado, coordinador del gabinete municipal, no se resolvió nada.
El escrito dirigido a la alcaldesa y otras autoridades de la ciudad expone que existe una disputa por el control de la asociación civil encargada de la administración del fraccionamiento. De acuerdo con el documento, un grupo de vecinos promovió una demanda de nulidad ante los juzgados civiles de Mexicali contra el acta de asamblea mediante la cual otro grupo pretende asumir la representación de la asociación.
Los inconformes señalaron que Villa Mediterránea cuenta con aproximadamente 600 viviendas, de las cuales entre 450 y 500 estarían habitadas. Aseguraron que la mayoría de los residentes no reconoce al denominado “nuevo comité”, encabezado por Ana Maritza Zazueta Angulo.
El conflicto también se relaciona con el pago de la cuota de mantenimiento mensual, establecida en 500 pesos. Los firmantes afirmaron que una parte mayoritaria de los residentes ha decidido continuar realizando sus aportaciones al comité que, según su postura, administraba la asociación antes del cambio de representación que consideran irregular.
Ana María Valenzuela, vocera del comité anterior que asegura tener la legitimidad para administrar el fraccionamiento, comentó que el otro comité no quiso atender la invitación a dialogar y encontrar una solución con las autoridades municipales.
El principal problema por el que solicitan la intervención municipal son las condiciones de ingreso al fraccionamiento, pues el nuevo comité modificó los chips de los controles remotos, y la mayoría de los residentes quedó obligada a utilizar el carril destinado a visitantes para ingresar al residencial, por lo que se hacen largas filas y les preocupa mucho que continue esta situación con el regreso a clases.
Según el escrito, esta situación ha generado filas prolongadas de vehículos que alcanzan las vialidades de avenida Graciano y calzada 1810, afectando la circulación en la zona.
Los residentes sostienen que esta situación contraviene el Reglamento de Controles de Acceso y/o Casetas de Vigilancia en los Fraccionamientos Habitacionales del Municipio de Mexicali, aprobado por el Cabildo el 1 de julio y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de agosto de 2026.
El ordenamiento establece que la operación de las casetas no debe generar afectaciones al uso común de la vía pública ni a la movilidad, además de prohibir la generación de filas vehiculares que obstaculicen el flujo de las calles circundantes.
Otra de las quejas es por el procedimiento utilizado para identificar a quienes ingresan al fraccionamiento mediante el carril de visitantes. Afirmaron que los guardias solicitan datos personales e identificación oficial y que, además, las personas son colocadas frente a una cámara durante el proceso de ingreso.
El documento cita el artículo 16 del reglamento municipal, que establece disposiciones para el tratamiento y protección de datos personales, vehiculares y biométricos.
Los vecinos solicitan específicamente que se impida fotografiar o videograbar las identificaciones de las personas que ingresan al residencial cuando dicha captura no se realice mediante un sistema automatizado autorizado.
Valenzuela mostró capturas de capturas con mensajes dirigidos al coordinador de gabinete, quien ya no les contesta, pero tampoco soluciona el conflicto del fraccionamiento.
El conflicto vecinal ha trascendido por las constantes llamadas a la policía, quienes acuden al lugar para calmar los ánimos, pero el problema de fondo sigue sin atenderse. El abogado Elías Flores Gallegos, presidente de la Asociación Estatal de Abogados de Baja California, publicó un video en sus redes sociales haciendo un llamado a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para que intervenga en el caso, acusando al diputado morenista Juan Manuel Molina de estar detrás del nuevo comité, además de señalarlo como autor de invasiones y prescripciones de inmuebles.
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