Por Guadalupe Villalobos Guerrero
En el México rural, pocas cosas generan más suspicacia que la reorganización de estructuras agrarias con raíces políticas. Y no es para menos. Durante décadas, las organizaciones campesinas han estado estrechamente vinculadas a proyectos de poder, muchas veces alejándose de su razón de ser: la defensa real del productor.
Por ello, la reciente instalación del Consejo Agrario Permanente (CAP) en Baja California no ha pasado desapercibida. Más aún cuando las organizaciones que lo integran tienen una historia claramente identificada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que inevitablemente abre la puerta a cuestionamientos sobre el trasfondo del movimiento.
El evento, realizado en el Ejido Michoacán de Ocampo en el Valle de Mexicali, reunió a figuras de peso a nivel nacional como José Amadeo Hernández Barajas, coordinador del CAP; la diputada federal Leticia Barrera Maldonado, presidenta nacional de la CNC y de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados; así como representantes de organizaciones como CONSUCC. A nivel estatal, la estructura quedó encabezada por el Lic. Rubén Camacho León, acompañado por el Ing. Mario Soto Ibarra y el Lic. Rutilo Mendoza Ramírez.
Hasta aquí, la narrativa podría parecer una reedición de esquemas del pasado. Sin embargo, quedarse en esa lectura sería simplificar en exceso una realidad mucho más compleja.
El campo bajacaliforniano —y el mexicano en general— atraviesa una de las crisis más severas de los últimos tiempos. La reducción de superficies sembradas, la crisis hídrica en el Valle de Mexicali, el incremento sostenido en los costos de producción, la falta de certidumbre en los mercados y, sobre todo, la desconexión entre las políticas públicas federales y la realidad productiva, han colocado al productor en una posición de alta vulnerabilidad.
En este contexto, la pregunta de fondo no es si el CAP tiene o no origen político. La pregunta verdaderamente relevante es si puede convertirse en un instrumento útil para el productor.
Porque hoy, más allá de ideologías o filiaciones partidistas, el sector agropecuario necesita urgentemente articulación. Necesita interlocución efectiva con el poder público. Necesita capacidad de gestión, de presión y de propuesta.
Negar cualquier esfuerzo organizativo por su origen sería tan irresponsable como aceptar sin cuestionamiento su operación.
La realidad es clara: el Gobierno Federal ha construido una narrativa centrada en la autosuficiencia alimentaria y el fortalecimiento del campo. Sin embargo, en regiones como Baja California, los productores enfrentan condiciones diametralmente opuestas: restricciones de agua, disminución de apoyos, incertidumbre en programas y una creciente dificultad para sostener la rentabilidad de sus cultivos.
Esta divergencia entre discurso y realidad ha dejado un vacío. Y todo vacío, en política y en organización social, tiende a ser ocupado.
Ahí es donde el Consejo Agrario Permanente podría encontrar su verdadera relevancia.
Pero también su mayor riesgo.
Porque si este organismo se limita a replicar viejas prácticas de control político, clientelismo o simulación, no solo fracasará, sino que profundizará el desencanto del productor.
En cambio, si logra evolucionar hacia un modelo de representación auténtica, con agenda clara, objetivos medibles y resultados tangibles, podría convertirse en un actor clave en la defensa del campo bajacaliforniano.
El reto no es menor.
Implica romper inercias, dejar de lado intereses particulares y entender que el productor de hoy no es el mismo de hace 30 años. Es un productor más informado, más exigente y menos dispuesto a ser utilizado como base política sin beneficios concretos.
Por ello, el éxito o fracaso del CAP en Baja California no dependerá de su origen, sino de su desempeño.
De su capacidad para gestionar soluciones en temas críticos como el agua, los costos de producción, la comercialización y el acceso a programas realmente funcionales.
De su disposición para ser contrapeso cuando sea necesario, y aliado cuando las políticas públicas beneficien al sector.
Y, sobre todo, de su compromiso con resultados, no con discursos.
El campo mexicano ya no está para promesas.
Está para decisiones.
Y en esa ruta, cualquier esfuerzo de organización será bienvenido… siempre y cuando esté a la altura de la realidad que pretende transformar.
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