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El gobernador que se necesita, no el que Morena quiere

Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay elecciones que se ganan con votos. Y hay otras que, antes de llegar a las urnas, se cocinan en los pasillos del poder. La sucesión de Baja California pertenece, por ahora, a la segunda categoría.

Morena está a punto de decidir quién será su coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, eufemismo electoral que permite adelantar la campaña sin llamarla campaña. Una trampa, pues.

Porque en México, desde que la política descubrió que cambiarle el nombre a las cosas las vuelve legales, una candidatura dejó de ser candidatura y se convirtió en coordinación; una precampaña se volvió asamblea y una disputa por el poder se transformó, milagrosamente, en defensa de la soberanía.

Pero más allá de Julieta Ramírez, Ismael Burgueño, Fernando Castro Trenti, Armando Ayala, Evangelina Moreno, Alfredo Álvarez y Montserrat Caballero, hay una pregunta que debería estar por encima de todos ellos: ¿Qué necesita Baja California?

Porque el estado que recibirá el próximo gobernador no será el mismo que recibió Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y tampoco será el México relativamente predecible de hace algunos años. El país enfrenta un escenario económico mucho más estrecho. El gasto social crece, las finanzas públicas enfrentan mayores presiones y la inversión pública tiene menos margen.

Analistas han advertido precisamente sobre el deterioro del espacio fiscal, mientras el crecimiento económico nacional se mantiene débil.

Baja California, además, tiene una ventaja que puede convertirse en salvavidas o desperdicio histórico: su frontera.

Aquí no basta administrar nóminas, repartir programas sociales, inaugurar pavimento y tomarse fotografías con funcionarios.

El próximo gobernador tendrá que saber hablar con Washington, entender el T-MEC, atraer inversión, resolver agua, energía, infraestructura, seguridad, vivienda y movilidad; defender al estado frente a decisiones federales y, sobre todo, construir una relación inteligente con Estados Unidos.

Porque la economía bajacaliforniana no vive de discursos. Vive de la frontera. Y mientras la política nacional insiste en dividir entre buenos y malos, chairos y fifís, pueblo y adversarios, Baja California necesita exactamente lo contrario: Capacidad para tender puentes.

La polarización puede ser electoralmente rentable para quien la administra desde Palacio. Para un estado fronterizo puede resultar carísima. Ahí es donde conviene mirar a los aspirantes sin la camiseta partidista.

Ismael Burgueño tiene algo que nadie puede comprar con un doctorado ni con un discurso: experiencia reciente de gobierno. Tijuana ha registrado una reducción importante de homicidios durante su administración, aunque sería absurdo adjudicársela exclusivamente al alcalde porque intervienen los tres órdenes de gobierno.

Julieta Ramírez representa juventud, presencia nacional y capacidad política. Su problema es igualmente evidente: La política no es lo mismo que la administración. Una senaduría enseña a negociar; una gubernatura obliga a responder por seguridad, hospitales, carreteras, agua, deuda y empleos.

Fernando Castro Trenti tiene el currículum que muchos necesitarían varias vidas para acumular. Su problema es precisamente ése: después de tantos años en el poder, ya no puede pedir que lo juzguen por potencial. Tiene que ser juzgado por resultados.

Armando Ayala conoce el gobierno municipal y tiene experiencia electoral. Pero su desempeño legislativo reciente, particularmente sus cifras de iniciativas y votaciones, ofrece munición suficiente para que sus adversarios le pregunten qué tan productivo puede ser un gobernador si ni siquiera logró convertir una parte importante de su actividad legislativa en resultados tangibles.

Evangelina Moreno tiene trayectoria legislativa y territorial. Pero enfrenta una pregunta mucho más sencilla: ¿dónde está su experiencia administrando una estructura del tamaño y complejidad de Baja California?

Y Alfredo Álvarez quizá tenga el perfil técnico-administrativo más completo. Su experiencia institucional, jurídica y diplomática es un activo extraordinario. Pero tiene una dificultad electoral: Un currículum no vota.

Y luego está Montserrat Caballero, que introduce otra variable: experiencia ejecutiva y conocimiento de Tijuana, pero también desgaste político y una relación conflictiva con el grupo de Marina del Pilar. Su incorporación al escenario no puede ignorarse, particularmente después de su acercamiento al PT.

Por eso la decisión de Morena debería ser mucho más seria que escoger al que tenga más fotografías, más seguidores o más funcionarios aplaudiéndole.

El próximo gobernador deberá ser, antes que nada, “un administrador competente del conflicto”. Porque Baja California va a necesitar negociar con el Gobierno federal, con Estados Unidos, con empresarios, sindicatos, alcaldes, universidades, agricultores, organismos civiles y una sociedad cada vez más cansada de que la política convierta cualquier desacuerdo en una guerra moral.

Y aquí está la ironía: Morena puede escoger al candidato que mejor represente a Morena.

Pero Baja California necesita al candidato que mejor represente a Baja California. Son cosas muy distintas.

La primera decisión sirve para ganar una elección. La segunda para gobernar. Y frente al futuro incierto de México, con una economía que ofrece menos margen, una relación bilateral más complicada, una seguridad que no admite triunfalismos y una sociedad políticamente dividida, Baja California no necesita otro administrador de la polarización.

Necesita un “constructor de acuerdos”. Alguien que entienda que el agua no es de izquierda ni de derecha; que un empleo industrial no milita en Morena ni en la oposición; que un homicidio no pregunta por quién votó la víctima; que una empresa que decide irse no lee los discursos del gobernador y que Washington no negocia con consignas.

Quizá ésa sea la prueba definitiva para Morena. No quién de sus aspirantes tiene más poder. No quién tiene más padrinos. No quién aparece primero en una encuesta. Sino quién puede demostrar que, llegado el momento, “tendrá la inteligencia, la preparación, la experiencia y la independencia suficientes para poner los intereses de Baja California por encima de los intereses de la facción que lo llevó al poder”.

Porque gobernar Baja California no debería ser el premio mayor de la tómbola política. Es, en las circunstancias que vienen, un problema de alta responsabilidad nacional. Y sería una verdadera tragedia que, después de tanto hablar de transformación, termináramos escogiendo simplemente al mejor solo transformado en candidato.

¿El hombre que 

necesita Marina?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero el hombre que Marina del Pilar Ávila Olmeda necesita para recuperar el poder, la autoridad y el respeto que parecen haberse extraviado en los pasillos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero quien puede poner orden en el gabinete, equilibrar los egos que diariamente chocan, se estorban y compiten por ver quién es más importante que el propio gobierno?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero, finalmente, el operador duro y eficaz que requiere una gobernadora a la que le quedan apenas 13 meses para dejar la gubernatura y que necesita recuperar, cuando menos, una parte de la imagen con la que inició su administración?

La respuesta, por ahora, está en veremos.

Ariel Lizárraga llega a la Coordinación del Gabinete precedido de una reputación que no precisamente se construyó repartiendo flores. Se le atribuyen dureza, capacidad de operación y, si se quiere decir con menos diplomacia, una cierta disposición a hacer lo necesario para conseguir resultados. Hasta la inmoralidad, dirán algunos. Pero efectivo, insistirán otros. Y Marina lo necesita.

Lo necesita porque su gobierno atraviesa una de las peores borrascas de su administración. Su imagen personal, su autoridad política y su capacidad para transmitir control han sufrido golpes que ya no se resuelven con una fotografía sonriente, una transmisión en vivo o una mañanera con preguntas previamente domesticadas.

Lizárraga sabe que la encomienda no será sencilla. Para coordinar un gabinete no basta con convocar reuniones, tomar nota y repartir minutas. Eso lo puede hacer una secretaria particularmente organizada.

Coordinar un gabinete significa imponer prioridades, resolver conflictos, exigir resultados y, cuando sea necesario, recordarles a algunos secretarios y directores que trabajan para el gobierno y no que el gobierno trabaja para ellos.

Pero para conseguirlo necesita algo fundamental: poder.

No poder prestado para la fotografía. Poder real, delegado y respaldado por la gobernadora. De lo contrario, Ariel Lizárraga terminará convertido en un elegante buzón de quejas, un levantador profesional de acuerdos incumplidos o, peor todavía, en un espantapájaros colocado en medio del gabinete para provocar temor sin tener autorización para mover una sola pluma.

Su llegada, por cierto, ya levantó algunas cejas. Especialmente entre funcionarios de primerísimo nivel que durante demasiado tiempo parecieron sentirse no solamente intocables por la gobernadora, sino directamente protegidos por una autoridad todavía más elevada.

¿Ejemplos? Pon…gan ustedes los nombres.

La expectativa es grande porque la necesidad también lo es. Sin embargo, hasta ahora los resultados visibles brillan por su ausencia.

Después de la psicosis provocada por la alerta norteamericana sobre posibles atentados en Mexicali, atribuidos a supuestos integrantes del cártel de Los Rusos contra instalaciones policiacas municipales y estatales, y después de una descafeinada mañanera marinista, la percepción pública es que nada cambió.

Todo sigue igual. Y eso abre dos posibilidades.

La primera: Ariel Lizárraga todavía no asume plenamente las riendas de la Coordinación del Gabinete y requiere tiempo para comenzar a operar.

La segunda es más preocupante: sí llegó, pero no lo van a dejar actuar.

Porque una cosa es contratar a un hombre con fama de mano de hierro y otra muy distinta permitirle cerrar los dedos cuando encuentre resistencias.

Marina del Pilar necesita un coordinador de gabinete, no una figura decorativa. Necesita a alguien que pueda ordenar, corregir, exigir y, llegado el caso, incomodar. Porque un gabinete donde nadie incomoda a nadie suele terminar siendo un gabinete donde nadie responde por nada.

La incógnita, entonces, no es solamente si Ariel Alejandro Lizárraga Montero tiene la capacidad para sacar a flote a Marina del Pilar.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Marina del Pilar está dispuesta a dejarlo trabajar?

Porque si al hombre de la mano de hierro le obligan a cambiar el guante por un pétalo de rosa, dentro de algunos meses descubriremos que no llegó un estratega a rescatar el gobierno.

Llegó otro funcionario a aprender a flotar.

Rajones y gandallas

Hay políticos que, cuando descubren que una ley no se cumple, tienen dos opciones: hacerla cumplir o cambiarla.

En Baja California, Juan Manuel Molina García acaba de recordarnos cuál de las dos prefieren algunos.

El pentadiputado, multicachuchas y eterno especialista en encontrarle la cuadratura al círculo legislativo decidió presentar una iniciativa para que partidos y candidatos puedan contratar, prácticamente a voluntad, bardas, espectaculares, carteleras y cuantos espacios encuentren disponibles para inundar las ciudades con propaganda electoral.

¿La razón?

Que la prohibición vigente no funciona. Que nadie la respeta. Y que las sanciones son tan ridículas que no intimidan a nadie. Magnífico.

Es como quitar el límite de velocidad porque los automovilistas no lo respetan y las multas son demasiado pequeñas.

O legalizar el robo porque los ladrones no tienen miedo de ir a la cárcel.

En el mundo de Molina, si la realidad no se ajusta a la ley, no hay que cambiar la realidad. Hay que cambiar la ley. Qué práctico.

Lo verdaderamente curioso es que el diputado parece haber olvidado que detrás de cada espectacular, cada lona, cada barda pintarrajeada y cada cartel con la sonrisa congelada de un candidato hay algo más que contaminación visual. Hay dinero. Mucho dinero.

Y, salvo honrosas excepciones, no precisamente de los bolsillos de quienes aparecen retratados.

Porque los políticos tienen una curiosa relación con su cartera: para las campañas siempre encuentran dinero; para pagarlas de su bolsillo, casi nunca.

Y aquí aparece el detalle que hace particularmente sospechosa la ocurrencia. ¿Quiénes tienen la estructura, los recursos, los gobiernos, los funcionarios, los partidos y la maquinaria electoral suficientes para llenar Baja California de propaganda?

Morena

¿Y quién lo sabe? Juan Manuel Molina García.

Por supuesto que lo sabe. Por eso resulta difícil creer que la iniciativa sea solamente una respuesta técnica a una ley ineficaz. Porque si las sanciones son ridículas, lo lógico sería hacerlas verdaderamente ejemplares.

¿Dónde está la propuesta para cancelar el registro del partido o candidato que viole sistemáticamente las reglas?

¿Dónde está la sanción que realmente duela?

¿Dónde está el mecanismo para impedir que quien se burla de la ley participe en igualdad de condiciones con quien sí la respeta?

Ahí está el verdadero problema. Eso sí requeriría valor político. Y quizá ahí se acabó el entusiasmo legislativo.

Es mucho más sencillo decir: “Como nadie cumple la ley, permitamos que todos hagan lo que ya hacen”. Genial. Así cualquiera reforma. Primero prohibimos. Después permitimos que se viole. Luego descubrimos que la prohibición fue un fracaso. Y finalmente la eliminamos.

No es incompetencia. 

Es evolución legislativa

Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos pagando el espectáculo: dinero público convertido en propaganda, ciudades convertidas en escaparates electorales y campañas cada vez más largas, más caras y más invasivas y más, mucho más, sucias en toda la extensión de la palabra. Todo en nombre de la democracia. Qué ironía.

Porque democracia no significa que quien tiene más dinero pueda comprar más bardas, más espectaculares y más visibilidad.

Significa, precisamente, establecer reglas para que quien tiene más dinero no pueda comprar la elección.

Por eso la pregunta incómoda es inevitable: ¿La iniciativa de Molina busca corregir una ley que no funciona o simplemente quitarle obstáculos a quienes tienen más dinero para hacer campaña?

Porque cuando el legislador descubre que el infractor no respeta la ley y su solución consiste en quitarle la prohibición al infractor, ya no estamos hablando de una reforma.

Estamos hablando de otra cosa. Y en política, a esa cosa se le conoce de dos maneras: rajones y gandallas.