Algo Cada Día…

La caja de Pedro Ariel

Por Fernando Ruiz del Castillo

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, llegó en uno de los momentos políticos más delicados para el gobierno de Baja California. En cualquier otra circunstancia habría sido presentada como un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Hoy, en cambio, despierta más preguntas que aplausos.

Porque cuando una administración atraviesa una tormenta de credibilidad, cada movimiento deja de leerse por lo que es y comienza a interpretarse por lo que parece.

Y lo que parecía una operación destinada a cambiar la conversación pública podría terminar convirtiéndose en exactamente lo contrario: una auténtica caja de Pandora.

No la que anunció con entusiasmo la fiscal María Elena Andrade, sino una mucho más incómoda para el propio gobierno.

Porque un hombre como Pedro Ariel Mendívil no es un improvisado. Es un policía formado, conocedor de las leyes, de los procedimientos, de las cadenas de mando y, sobre todo, de los secretos que rara vez quedan asentados en un expediente. Sabe quién ordenó, quién autorizó, quién calló y quién prefirió no preguntar.

Si decide hablar, difícilmente lo hará únicamente ante la Fiscalía estatal.

Tendrá mucho de qué conversar con Omar García Harfuch. Con Ernestina Godoy. Y, si las circunstancias lo empujan, también con las agencias estadounidenses que desde hace tiempo mantienen la lupa sobre Baja California.

Ahí es donde la historia deja de ser una nota policiaca para convertirse en un problema político de enormes dimensiones.

Porque la verdadera interrogante no es por qué detuvieron a Mendívil.

La pregunta es por qué tardaron tanto.

La propia fiscal aseguró que la investigación comenzó en enero de 2023. Si eso es cierto, entonces el dato resulta devastador.

Significa que durante veinte meses un funcionario bajo sospecha e investigación de una autoridad judicial estatal, continuó dirigiendo la Policía Municipal de Mexicali.

Veinte meses. Veinte meses asistiendo a las mesas de seguridad. Veinte meses compartiendo información sensible. Veinte meses coordinándose con corporaciones estatales, federales e incluso con autoridades internacionales. Veinte meses representando institucionalmente a la capital del estado. Veinte meses “protegiendo y sirviendo”.

Y nadie consideró prudente separarlo del cargo.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica. Si las pruebas eran insuficientes para removerlo, entonces ¿por qué detenerlo ahora?

Pero si desde entonces existían elementos sólidos para investigarlo, la pregunta es todavía más incómoda. ¿Quién autorizó que permaneciera al frente de la corporación?

Porque las investigaciones penales podrán ser muy complejas, pero las responsabilidades administrativas no necesitan esperar veinte meses.

Más aún cuando, desde su paso por la Fiscalía Especializada en Mexicali, circulaban versiones persistentes sobre su presunta cercanía con un grupo criminal que opera en la región. Eran rumores, sí. Pero justamente por eso una investigación debía extremar las precauciones, no relajarlas.

Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno parece celebrar hoy una captura que, en realidad, exhibe una omisión monumental.

Es como si el capitán de un barco presumiera haber encontrado una vía de agua… después de navegar casi dos años con ella abierta.

La Fiscalía pretende vender la imagen de una institución que actúa.

Lo que termina proyectando es la de una institución que observó, documentó… y esperó. Esperó mientras un jefe policiaco seguía tomando decisiones. Esperó mientras seguía administrando información estratégica. Esperó mientras seguía teniendo acceso a todo aquello que hoy, supuestamente, constituye parte del problema. Esperó mientras seguían desapareciendo jóvenes y apareciendo fosas.

Y en un estado golpeado por desapariciones, homicidios y una creciente desconfianza ciudadana, ese detalle no es menor.

Porque los bajacalifornianos ya no exigen únicamente detenciones espectaculares.

Exigen respuestas.

Exigen saber quién permitió que un funcionario investigado permaneciera casi dos años al frente de la corporación policial más importante del municipio.

Exigen conocer si hubo negligencia, protección o simple incompetencia.

Y exigen que las responsabilidades no terminen, como tantas veces ocurre, únicamente en el último eslabón de la cadena.

Capturar “charalitos” difícilmente impresionará a Washington que exige tiburones.

Mucho menos devolverá la confianza de los mexicalenses, que siguen buscando a sus desaparecidos y siguen esperando una explicación convincente sobre el deterioro de la seguridad.

Porque la verdadera caja de Pandora no se abrió con la orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil.

Se abrió en el instante mismo en que la Fiscalía reconoció que llevaba veinte meses investigándolo… y, aun así, decidió dejarlo al mando de la policía.

Y esa, por mucho que intenten cerrarla, será una explicación mucho más difícil de contener que cualquier conferencia de prensa.