Por Guadalupe Villalobos Guerrero
En política pública, como en la agricultura, el tiempo lo es todo. Una decisión tomada tarde puede significar una cosecha perdida, un ciclo quebrado o incluso el abandono definitivo de la actividad productiva. Y eso es precisamente lo que muchos productores del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado sienten hoy, al escuchar el reciente anuncio del Gobierno Federal sobre el programa “FNDL Volver a Crecer”, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la cartera vencida de la desaparecida Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
La propuesta federal reconoce algo que los productores del norte del país denunciaron desde hace años: las deudas se volvieron impagables, los mecanismos de cobranza fueron agresivos e injustos, y el modelo de financiamiento terminó destruyendo a quienes supuestamente debía apoyar.
Hoy, desde Palacio Nacional, se habla de detener litigios, cancelar intereses, liberar garantías, terminar con despachos de cobranza abusivos, ofrecer quitas y reestructuras, e incluso rehabilitar financieramente a productores para que puedan volver a acceder al crédito.
La pregunta inevitable es: ¿por qué tuvieron que pasar cuatro años para aceptar lo que desde Baja California ya se había planteado como solución viable y necesaria?
Porque vale la pena recordar que el 21 de julio de 2022, en una reunión convocada por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, presidida entonces por la senadora Nancy G. Sánchez Arredondo, se expuso exactamente la ruta que hoy el Gobierno Federal presenta como novedad.
Aquella mesa de trabajo reunió a legisladores federales y estatales, autoridades de Financiera Nacional de Desarrollo y representantes agrícolas del Valle de Mexicali. Ahí no se improvisó; se construyó una propuesta seria, técnicamente viable y financieramente sustentada.
Los acuerdos alcanzados en aquel momento hoy resultan sorprendentemente coincidentes con el nuevo programa federal:
* Suspender cobros y ejecuciones legales mediante despachos externos.
* Condicionar intereses y cargos financieros excesivos.
* Refinanciar el capital adeudado mediante esquemas compartidos.
* Evitar intermediarios financieros que encarecían y distorsionaban el crédito.
* Fortalecer la operación regional de la Financiera.
* Diseñar mecanismos que evitaran nuevas crisis de cartera vencida.
* Reactivar la producción, no solamente cobrar adeudos.
Incluso el 2 de agosto de 2022, en una segunda reunión, la propia Financiera Nacional aceptó varios de esos puntos, incluyendo la condonación de alrededor de 187 millones de pesos en intereses y accesorios, dejando un capital cercano a 215 millones de pesos para ser refinanciado mediante un esquema tripartita entre productores, Gobierno del Estado y Federación.
Era, en esencia, un rescate ordenado y negociado
Sin embargo, aquel esfuerzo político y técnico encabezado por la senadora Nancy Sánchez y respaldado por productores, legisladores y autoridades locales, nunca encontró eco suficiente en el Gobierno Federal de aquel momento. La propuesta quedó atrapada entre la burocracia, la falta de voluntad política y una visión centralista que pocas veces entendió la gravedad de lo que ocurría en el campo del noroeste mexicano.
Y mientras las soluciones dormían en escritorios, el problema creció.
Muchos productores perdieron capacidad financiera, otros abandonaron cultivos, algunos quedaron fuera del sistema crediticio formal y varios más tuvieron que sobrevivir bajo esquemas informales mucho más caros y riesgosos. El deterioro no fue únicamente económico; también fue social y productivo.
Hoy, el nuevo programa “FNDL Volver a Crecer” reconoce oficialmente abusos que durante años fueron denunciados por agricultores:
llamadas intimidatorias, amenazas, extorsiones, cobros indebidos y procesos jurídicos excesivos.
El propio Gobierno Federal admite ahora que había créditos prácticamente impagables.
Lo paradójico es que las soluciones anunciadas hoy son muy similares a las propuestas hechas desde Baja California hace cuatro años.
Por eso queda inevitablemente en el aire una reflexión dolorosa para el sector agrícola:
“Si se nos hubiera hecho caso en 2022, hoy tendríamos cuatro años de avance en la solución del problema de cartera vencida en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.”
Y esa no es una frase política; es una realidad financiera, productiva y humana.
Porque el tiempo perdido en el campo no se recupera fácilmente.
Ahora bien, sería irresponsable descalificar el nuevo programa simplemente porque llega tarde. Al contrario: debe reconocerse que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente está tomando una ruta más sensible y realista frente al problema financiero rural.
La cancelación de juicios, las quitas, las reestructuras y la eliminación de intermediarios representan un cambio importante respecto a la visión rígida que prevaleció durante años.
Pero también debe decirse con claridad: esto no resolverá por sí solo la crisis estructural del financiamiento agropecuario en México.
El verdadero desafío apenas comienza
Porque de nada servirá limpiar la cartera vencida si después no existe una nueva institución financiera sólida, accesible, regionalizada y adaptada a la realidad productiva del país. El campo mexicano no puede depender eternamente de programas emergentes cada vez que colapsa el crédito rural.
México necesita volver a construir una política financiera agropecuaria de largo plazo, con visión productiva y no solamente recaudatoria.
Y particularmente el noroeste del país necesita urgentemente modelos de financiamiento compatibles con cultivos de alta inversión como trigo, algodón y hortalizas, sectores estratégicos para la seguridad alimentaria y para la economía regional.
Ojalá este nuevo programa no llegue demasiado tarde para miles de productores que durante años enfrentaron solos una deuda que terminó convirtiéndose en una condena financiera.
Porque cuando el crédito desaparece del campo, lo que realmente entra en cartera vencida es el futuro agrícola de México.
Más historias
Alcaldesa de Mexicali “quiere su mochada” por instalar clínica Jiren
En BC, el identificador Siniiga más caro de México
Denuncia periodista acoso y violencia por parte de autoridades