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Por Christian Valdez
La reciente inauguración de la clínica Jireh de la Patrulla Espiritual, ubicada en la colonia San Gabriel, al poniente de Mexicali, ha encendido cuestionamientos sobre la actuación del gobierno municipal encabezado por Norma Bustamante. A tan solo días de su apertura, la propia presidenta municipal reconoció que el centro identificado también como un espacio de rehabilitación no cuenta con los permisos necesarios para operar.
El hecho resulta aún más llamativo considerando que al evento acudieron diversas figuras públicas, entre ellas Ismael Burgueño, así como representantes de medios de comunicación y actores políticos locales. La presencia de estos personajes contrasta con la omisión administrativa, lo que deja en entredicho la supervisión y el cumplimiento de la normatividad en el municipio.
Durante un encuentro con medios, la alcaldesa respondió de manera evasiva y en tono molesto al ser cuestionada sobre la falta de permisos, limitándose a señalar que “luego lo platicábamos” y que posteriormente revisaría la situación. La reacción no solo evidenció incomodidad, sino también una preocupante falta de claridad en torno a un tema que involucra la operación de un centro donde podrían estar siendo internadas personas.
El caso abre una interrogante de fondo: ¿cómo es posible que un establecimiento de esta naturaleza inicie operaciones sin autorización municipal? Más aún, ¿quién asumirá la responsabilidad si se detectan irregularidades en su funcionamiento? La permisividad mostrada genera dudas sobre si se trató de una omisión, un favor político o incluso la posible existencia de intereses ajenos al marco legal.
Si bien la clínica en Tijuana ha sido señalada por obtener resultados positivos en el combate a las adicciones, en Mexicali el problema no radica en su instalación, sino en las condiciones bajo las cuales se permitió su apertura. La falta de regulación en espacios donde se restringe la libertad de personas no es un asunto menor y exige una respuesta inmediata de las autoridades.
La situación deja una pregunta sin resolver que hoy resuena entre la ciudadanía: ¿quién le pidió permiso a quién? Y más aún, ¿está el gobierno municipal cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el orden y la legalidad, o simplemente actuando con negligencia ante hechos que podrían derivar en actos de corrupción?
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