Álvaro Ochoa Orduño, titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Baja California.
Por Dianeth Pérez Arreola
El titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, Álvaro Ochoa Orduño, opinó que la solicitud enviada a la Asamblea General de la ONU sobre desaparición forzada de personas en México es una oportunidad para obtener ayuda internacional para atender ese tema en el país.
En una decisión publicada el 2 de abril pasado, el Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, cuestión que fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ochoa Orduño reconoció que esta solicitud realizada por parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas es una oportunidad para reforzar las estrategias y acciones que realizan las autoridades públicas en México para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas.
Dijo que la respuesta del Estado mexicano al tema de las desapariciones fue distinta a lo que se venía manifestando anteriormente, pero sigue habiendo grandes retos en el tema de las desapariciones.
“Lamentablemente, en algunos casos participan algunas autoridades municipales, estatales o federales, y eso ha venido acreditándose también en las distintas recomendaciones que han emitido los organismos públicos de derechos humanos en el país”, opinó el comisionado.
El haber puesto a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de que el Estado mexicano adopte acciones urgentes es para brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada para que lo que requiera México para para realizar las búsquedas, para el análisis forense, para el tema de investigación exhaustiva y evidenciar los vínculos que existen entre algunas personas servidoras públicas y el crimen organizado.
El comisionado agregó que el documento trata de establecer un mecanismo eficaz para encontrar la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos y así como a las distintas organizaciones y defensores que las apoyan.
“Lamentablemente hemos visto que los colectivos de búsqueda, los familiares, están constantemente trabajando en campo, haciendo las búsquedas y saliendo de sus propios estados a realizar búsquedas”, precisó.
Se ve que hay un tema pendiente en la identificación de los cuerpos, por eso la Comisión reconoce la importancia de que participen todos los entes públicos y privados, nacionales e internacionales en estas acciones en conjunto para visibilizar, atender y proponer soluciones con un enfoque de derechos humanos ante este flagelo de las desapariciones, declaró.
Ochoa Orduño cotó que realizan mesas de trabajo con autoridades, como Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, así como con colectivos, llevando a cabo trabajos en conjunto enfocados en acciones urgentes.
“Desde la Comisión hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades federales, estatales y municipales para continuar con la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de las víctimas y de las víctimas indirectas, familiares y demás. En este organismo hemos y seguiremos teniendo un compromiso de trabajar en conjunto y seguir manteniendo un diálogo constante con las víctimas, autoridades y sociedad civil y seguir cooperando con todas las partes, atendiendo nuestra obligación, nuestro mandato de promover, proteger y defender los derechos humanos”, concluyó.
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